"Comisión para la Verdad y la Regeneración ¿Qué significan los partidos y los sindicatos en la vida pública? Todo. ¿Qué podemos esperar ahora de ellos los españoles? Nada. Es preciso remedar la célebre contraposición del abate Sieyes sobre el Tercer Estado para describir el clima de desmoralización y fatalismo con que los ciudadanos afrontan el que será el séptimo curso desde el inicio de la crisis económica. Mientras la mejora de indicadores como la prima de riesgo o la balanza exterior continúa sin traducirse en financiación para las pymes, creación de empleo y renta disponible para las familias, la vida pública aparece más contaminada que nunca por el agente tóxico de la corrupción. Los dos grandes partidos que desde el inicio de la Transición vienen alternándose en el poder político y las dos centrales que, para evitar sobresaltos, han mutualizado el ejercicio del poder sindical están merecidamente bajo sospecha. Es cierto que en este momento el PP aparece más alto en la picota que el PSOE por causa de su probable contabilidad B y que el escándalo de las facturas amañadas, destapado por la redacción andaluza de EL MUNDO, señala de momento a UGT más que a Comisiones Obreras. ¿Pero alguien duda de que la financiación ilegal, la entrega de dinero en metálico en las sedes o los pagos injustificados a dirigentes, familiares y amigos, desde Filesa a Amy Martin y Cornide, desde el caso Casinos al caso Palau, ha sido una lacra común a todos los partidos gobernantes? ¿Y alguien duda de que los fondos para impartir cursos de formación, financiados por la Unión Europea y gestionados por las autonomías, han sido saqueados sistemáticamente por los sindicatos –y a veces también por la patronal– para sufragar tanto su actividad propagandística como el modus vivendi de los abnegados apóstoles de la clase obrera? No podemos olvidar además que el caso de los ERE en Andalucía, también desvelado en su día por este periódico como derivada del caso Mercasevilla, sigue siendo la madre de todos los escándalos, tanto por la cuantía del dinero público defraudado como porque engloba la corrupción política y la sindical. Sin negarle –por infrecuente– su valor, la dimisión de Griñán no deja de ser un cierre en falso del frente de las responsabilidades políticas; pues no ha venido acompañada ni del esclarecimiento de los hechos ni del menor atisbo de contrición. Éste es el telón de fondo sobre el que está desarrollándose el drama del llamado caso Bárcenas que lastra, condiciona y amenaza con bloquear la capacidad política del presidente del Gobierno en un momento crítico para España. A la propia gravedad de las denuncias, expresadas por el ex tesorero en nuestras cuatro horas de conversación, ratificadas punto por punto ante el juez Ruz, se unen ya los garrafales errores cometidos por el PP a la hora de afrontarlas. Hasta el extremo de que si el mes de agosto comenzó con un problema, ha concluido con dos, al añadirse a lo que dice Bárcenas, lo que han dicho Rajoy ante el Parlamento y Arenas y Cospedal ante el juez. Como ocurriera en el caso Watergate, al final puede resultar peor el remedio que la enfermedad, más dañinos y políticamente incriminatorios los manejos para tapar lo sucedido que el propio pecado original de la financiación ilícita y los sobresueldos. Sobre todo porque la invención de un relato alternativo –«cuando yo llegué a la Presidencia del Gobierno, el señor Bárcenas no estaba en el partido»– está generando ya sus propias complicaciones, pegajosas como ese chicle que no hay manera de dejar subrepticiamente depositado en ningún sitio. Todos los españoles tienen ahora muy claro que el señor Rajoy es capaz de «manipular y tergiversar» los hechos en su propio beneficio. A eso la oposición le llama mentir. Y hay serios indicios de que ni la actual secretaria general ni su antecesor dijeron tampoco la verdad al juez en relación al desenganche entre el PP y su ex tesorero. No es una cuestión baladí pues atañe a si es cierto o no que desde 2010 la nómina de Bárcenas compraba su silencio, a si es cierto o no que Rajoy pretendió prolongar esa situación tras la aparición de su fortuna en Suiza y a si es cierto o no que Cospedal sabía que la «indemnización en diferido» no era una indemnización en diferido. O sea, a si la actual cúpula del PP tenía motivos para temer las revelaciones y documentos de Bárcenas. A nadie se le escapa que el recorrido judicial del caso es limitado pues, por inaudito que parezca, la financiación ilegal de un partido no es delito en España y la prescripción siempre auxilia al delincuente discreto. Pero las últimas diligencias acordadas por el juez –volcado del ordenador de Bárcenas, pericia sobre los visé de Lapuerta, citación a las secretarias de ambos– pueden servir para corroborar en sede judicial la veracidad de los apuntes que presentan a Rajoy vulnerando la ley de incompatibilidades al cobrar sobresueldos en negro o para enfatizar la paradoja de que el ex tesorero sufra prisión preventiva a fin de que no pueda destruir pruebas mientras en Génova se rayan y trituran discos duros. ¿Cómo afrontar políticamente este escenario? El PP sigue haciéndolo de la peor manera, despojando a Bárcenas de su presunción de inocencia y presentando a todo el que le dé algún crédito como «cómplice» y «colaborador necesario» de su estrategia destinada a desviar la atención del dinero amasado en Suiza. El diputado Martínez Pujalte declaró el otro día que hay que «obligar» al ex tesorero a decir la verdad sobre el origen de su fortuna. No sé si es que lo de Soto del Real le parece insuficiente y está abogando por los apremios y el potro de tortura, pero de lo que no se da cuenta el veterano peón de brega del PP –noble y taciturno como los banderilleros de Solana– es de que, el día que eso suceda, comenzarán de verdad los problemas para su partido. O la procedencia del dinero de Bárcenas es lícita o no lo es. En el primer supuesto, difícil de creer por la cuantía y la limitada actividad financiera del titular, estaríamos sólo ante un delito fiscal y se desvanecería la coartada de que trata de tapar sus vergüenzas con la hoja de parra de los papeles. En el segundo supuesto todas las variantes conducirían de nuevo al PP: o estaríamos ante el trust de los tesoreros –Naseiro, Sanchis, Bárcenas, Lapuerta…– o ante el desvío de parte de la caja B o ante una trama de cobro de comisiones que necesariamente implicaría a personas con mando en plaza. Si a alguien –incluido el señor Floriano– se le ocurre otra alternativa, aquí tiene una página de periódico para desarrollarla. En todo caso, si yo estuve cuatro horas con Bárcenas y la oposición le ha dedicado ya cuatro sesiones parlamentarias tormentosas, Rajoy ha pasado toda su vida política a su lado y nunca podría salir incólume de una sentencia que acreditara sus hipotéticos desmanes. No en vano alguien, con la autoridad suficiente para hacerlo, le miró un día a los ojos y le dijo: «Pero si el partido eres tú, Luis…». De todos es sabido que mi propuesta de que el 4 de agosto fuera, también en España, 4 de agosto, tal y como ocurrió hace 224 años en Francia, cayó en saco roto. Rajoy descartó de plano el camino de la catarsis a partir del reconocimiento de los hechos y nos mantiene encerrados en la ratonera de un relato que implica que Bárcenas –con la anuencia de Lapuerta– estuvo durante 20 años preconstituyendo una prueba falsa, a base de trufar apuntes reales, que afectaban a personajes secundarios, con otros inventados para putear a Rajoy, Arenas o Cospedal. Quienes no se traguen ese trozo de queso dejarán de ser buenos ratones españoles y quedarán estigmatizados como malditos roedores que obstaculizan la recuperación económica. Es verdad que si sumamos el desafío independentista catalán a la urgencia de estimular la salida de la crisis, necesitamos como nunca un presidente en condiciones de poner al Gobierno en perfecto orden de combate. Y es verdad que no existe medio legal alguno para forzar la renuncia de Rajoy mientras él siga dispuesto a mantenerse. Convertir por lo tanto cada sesión parlamentaria de lo que queda de legislatura en una estéril fotocopia de lo vivido el martes en la Diputación Permanente, sólo serviría para acentuar nuestras frustraciones. Así las cosas, la mejor solución sería abrir un espacio institucional específico para abordar los problemas de la corrupción con visión de conjunto, desgajándolos de la gestión del día a día y del propio control parlamentario al Gobierno por los demás asuntos. Sería como un teatro con dos salas de representación o como una discoteca con dos pistas de baile. En una aplaudiríamos a Rajoy el día que bajara los impuestos o plantara cara a Mas, y en la otra le abuchearíamos según lo que fuera apareciendo. Me estoy refiriendo a la creación de una Comisión para la Verdad y la Regeneración Democrática con base parlamentaria y un complemento externo destinado a reforzar su prestigio y credibilidad. Las ha habido en otros países en relación a la violación de derechos humanos por regímenes dictatoriales y debería haberla en una democracia en la que la prosperidad y la dignidad de los ciudadanos están seriamente restringidas por los abusos de los políticos. ¿Cabe mayor factor de competitividad que la regeneración? Para impulsarla sería condición sine qua non un acuerdo PP-PSOE que permitiera diseccionar sus vísceras, como si de una lección de anatomía se tratase, y convertir en iniciativas legales las recomendaciones de ese órgano de auditoría democrática. La arquitectura institucional de este proyecto admite múltiples variantes y cualquiera que explique la suya será convenientemente apedreado. Como eso va en mi sueldo, he aquí lo que propongo: 1) El Congreso constituiría una comisión de investigación encargada de establecer responsabilidades políticas en aquellos casos de corrupción que o bien la mayoría de la cámara o bien la mayoría de los grupos considere pertinente. Al menos el caso Bárcenas, el escándalo de los ERE en Andalucía, el saqueo de los fondos de formación por UGT y el enriquecimiento desaforado de la familia Pujol deberían ser incluidos. 2) Al mismo tiempo se crearía, al modo de una royal comission británica, una mesa integrada por ex dirigentes políticos, magistrados jubilados, representantes de las academias y personalidades independientes –próceres que nada tengan que perder– con la tarea de examinar los hallazgos y conclusiones de la comisión parlamentaria y hacer propuestas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. 3) Esas propuestas se sumarían a las de la propia comisión parlamentaria y serían debatidas y convertidas en leyes por el pleno del Congreso antes de que concluya la actual legislatura. Naturalmente esto nada tiene que ver ni con el desarrollo de los procesos judiciales ni con la dinámica que pueda producirse en el seno de cada partido de cara al ciclo electoral que se avecina. Se trata de una propuesta constructiva, y creo que razonable, para que la democracia afronte su enfermedad más grave sin dañar las perspectivas de recuperación económica ni tener que esperar dos años al todo o nada de las urnas. ¿Sería abusar de nuestros millones de lectores que promuevan esta iniciativa en favor de la #VerdadyRegeneración?" Pedro J. Ramírez
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 02:16:32 +0000