“No obedecer” al Ejecutivo y no tocar la Ley 701 de derechos indígenas, pide Morena a los diputados locales Posted on sep 10, 2013 “No obedecer” al Ejecutivo y no tocar la Ley 701, pide Morena a diputados El presidente del Comité Ejecuti-vo Estatal (CEE) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), César Núñez Ramos, expresó su rechazo a que en Guerrero se modifique la Ley 701, y dijo que no debe ser el gobierno sino las autoridades indígenas quienes deben proponer cambios en esa ley. En un comunicado de prensa, Morena señaló que el gobierno del estado pretende “menoscabar y aun desconocer muchos de los derechos conquistados por los pueblos originarios en esa ley”. “Lo solicitado por el gobierno estatal es algo que ya se veía venir desde que el secretario General de Gobierno (Jesús Martínez Garnelo), con una arrogancia autoritaria reconoció el estorbo que le causa dicha ley”, en referencia a lo dicho por el funcionario el miércoles pasado, durante su comparecencia ante los diputados del Congreso local, cuando dijo que la Ley 701 se ha convertido en un “caballo de Troya para Guerrero”. El CEE de Morena sustenta que es “improcedente” la pretensión del gobierno del estado de modificar la Ley 701, que es regulatoria del artículo 10 de la Constitución, que habla sobre el derecho de los ciudadanos de tener armas en sus casas y por eso manifiestan su inconformidad”. Agrega que “el propio gobierno reconoce que la ley entró en vigor durante el inicio del actual gobierno, consecuentemente no existió ninguna inconformidad (controversia constitucional) que de manera legal o legítima pudiera interponerse de parte de éste, en contra de dicha ley, es decir que su vigencia es obligatoria y se encuentra libre de cualesquier alegato de inconstitucionalidad como pretende hacerlo ver el gobierno al decir que debe adecuarse al artículo segundo de la Constitución federal, es por eso que es claro lo que se pretende hacer: arrojar al Congreso local la ‘revisión’ de una norma reglamentaria del artículo 10 constitucional; un proceder que constituye una aberración jurídica, pues no son los cauces legales para ‘revisar’ una ley”. “Hacemos un llamado al Congreso de Guerrero, que se abstenga de ‘obedecer’ la petición que le hacen y a no ser un simple amanuense del gobierno. Le decimos al Congreso que el comedido siempre queda mal. El Congreso ya legisló la Ley 701 y no puede revocar o modificar una norma expedida que cumplió el proceso legislativo, sólo por quedar bien con el secretario General de Gobierno, que tiene su muy particular punto de vista respecto a la impartición de justicia, pero que cuando le tocó encabezar la impartición de Justicia no supo hacerlo”, sostiene. Y?termina recordando que la Ley 701 “es resultado de una histórica lucha de los pueblos indígenas, a quienes en todo caso se les debe tomar en cuenta para que deliberen abiertamente sobre la intención de modificar su texto legal, lo que en el caso concreto no ocurre”. (Daniel Velázquez). Atentado contra los derechos indígenas, el intento de reformar la Ley 701, advierte Tlachinollan *Sería “regresiva, autoritaria e intolerante”, afirma Abel Barrera Hernández, director del organismo independiente de derechos humanos. Denuncia el “racismo jurídico” del gobierno del estado y denuncia que son “fascistoides” las posturas que ha asumido contra la CRAC Zacarías Cervantes Chilpancingo El director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Her-nández, opinó ayer que la petición del gobierno estatal al Congreso local para que revise la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, forma parte de un plan “deliberado” urdido desde las altas esferas del poder para acotar los derechos que tienen los pueblos originarios. En un comunicado emitido el domingo pasado, el gobierno del estado llamó a los diputados locales a ser “valientes y sensibles” para modificar esa ley, pues dijo que “debe estar sujeta a los principios y lineamientos” de la Cons-titución federal, los protocolos de Estambul, los tratados internacionales y los reglamentos de la Organización Internacional del Trabajo. Y también se pretende normar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pues de acuerdo con el comunicado el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, precisó que el reglamento de ésta “no pasó a análisis del Poder Legislativo”. Al respecto, el director de Tlachinollan, organismo que ha venido acompañando en la asesoría legal a la institución comunitaria desde su formación, dijo que esta reforma sería para acotar los derechos de los pueblos indígenas y sería un atentado más a sus derechos por parte de las elites del poder, que no han entendido el espíritu que tienen los derechos y la cultura indígena en los que sustentan su forma de organización. Entrevistado vía telefónica, Barrera Hernández agregó que por eso sería una reforma “regresiva, autoritaria e intolerante”. Y es que explicó que los derechos que tienen los pueblos indígenas persisten desde antes que llegaran los conquistadores españoles, y que, por tanto, la reforma que se pretende a la CRAC tiene visos de “racismo jurídico” por parte de las políticas públicas del gobierno. Y en ese sentido calificó de “visión etnocéntrica” la de la clase política, al no permitir que los indígenas sean gobierno y jueces, “a pesar de que son personas que tienen derechos y que cualquier cambio en sus formas de auto gobernarse se les tiene que consultar”. Pero dijo que hoy existe una clase política “miope” y que por un acuerdo político han puesto en marcha todo un plan perverso para conculcar los derechos que se han ganado a pulso los pueblos y las comunidades indígenas. Barrera Hernández añadió que las posturas que han asumido las autoridades en cuanto a la CRAC son “fascistoides” y que no toleran el avance y la organización de los pueblos y comunidades originarias. Explicó que hay ejemplos en donde los pueblos originarios han avanzado mediante su propia organización, y citó los casos de Bolivia y Ecuador, “en cambio, aquí, vamos para atrás y en detrimento de los pueblos indígenas”. Barrera Hernández agregó que el gobierno nunca les ha dado nada a los pueblos originarios y que todo se lo han ganado a pulso, “y hoy que tienen sus derechos se los quitan para colocarlos fuera de la legalidad”. El director de Tlachinollan agregó que hoy quienes se empeñan en que los pueblos y comunidades originarias no tengan justicia, “es un gobierno corrupto y coludido con la delincuencia”. Advirtió que los pueblos tienen sus propios mecanismos de resistencia y su forma de organización y que si finalmente se da el “zarpazo” va a tener un costo político muy grande. Con el Ejército regresó el crimen organizado a los pueblos, relata la autodefensa a diputado *Ayer hubo un secuestro en Tecoanapa, un muerto en San Marcos, robo de vehículos en Copala y gente de El Ocotito va al territorio de la UPOEG a vigilar cómo opera, dicen a Valentín Rafaela en el Congreso. “No queremos que aprueben una ley en contra del movimiento”, expresan autoridades comunitarias Lourdes Chávez Chilpancingo Comisarios, promotores y coordinadores del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) denunciaron que con el Ejército en su territorio volvió el crimen organizado a atacar a los pueblos. El dirigente de esa organización, Bruno Plácido Valerio advirtió que en la asamblea del sábado los integrantes del sistema de seguridad y justicia acordaron, a pesar del hostigamiento de los militares, reanudar la vigilancia en sus zonas de influencia, porque las autoridades no pudieron “poner orden”. En una reunión entre 69 comisarios municipales y 39 promotores y coordinadores de la UPOEG y el diputado local perredista Valentín Rafaela Solís, las autoridades comunitarias demandaron una amplia consulta sobre la iniciativa de la Policía Rural que envió el Ejecutivo al Congreso. Ahí denunciaron que con la llegada del Ejército y la Policía Federal se reanudó el robo de automóviles, secuestros, amenazas y cobro de cuota en las regiones. Plácido Valerio explicó que después de los bloqueos en El Pericón, el 5 de agosto, los grupos de seguridad ciudadana se replegaron para analizar lo que había pasado y desde entonces por acuerdos con el gobierno ya no salen armados de sus localidades, pero volvió la delincuencia. Afirmó que ayer hubo un secuestro en Tecoanapa, un muerto en san Marcos, robo de vehículos en Copala y gente de El Ocotito, Chilpancingo, va al territorio de la UPOEG a vigilar cómo operan. Adelantó que en la reunión de hoy con diputados, que se acordó ayer con Rafaela Solís, van a discutir la medida que aprobaron en su asamblea del sábado las autoridades comunitarias de volver a las acciones de vigilancia y protección de su zona de influencia. Ayer a las 11 de la mañana, unos cien integrantes del Sistema de Seguridad encabezados por Plácido Valerio solicitaron una audiencia con los diputados de la comisión de Seguridad y Justicia. Luego de un rato les informaron que serían recibidos a las tres de la tarde por algunos diputados en el Congreso local, aunque minutos antes de la cita personal de seguridad cerró los accesos al inmueble. Tras una hora de espera, la reunión que acercamiento se realizó en la biblioteca del Congreso y Rafaela Solís justificó la ausencia de los demás diputados, porque salen a sus distritos el fin de semana y regresan el martes. En la reunión, los comisarios de Cotzalzin, Cipriano Morales y de El Pericón, Salomón García presentaron sus demandas: acordar un método de consulta a los pueblos sobre la iniciativa de la Policía Rural que temen sea aprobada en los próximos días, la constitución del nuevo municipio de San Nicolás con pueblos afrodescendientes y de Santa Cruz del Rincón, así como información del presupuesto para Seguridad Pública de éste y el siguiente año en los pueblos donde tiene presencia la UPOEG. En otras intervenciones de autoridades comunitarias pugnaron por la reanudación del Sistema de Seguridad comunitario que se suspendió luego de la toma de carreteras por el desarme de sus integrantes en El Pericón. Un representante de Ayutla dijo que han confiado en los diputados para que aprueben las leyes, pero hoy exigen que tomen en cuenta a la ciudadanía, que se discuta la iniciativa con los pueblos “que no aprueben sólo por aprobar, porque hay muchas inconformidades en torno a eso”. Destacó que con la organización de los pueblos lograron desterrar al crimen organizado, pero la iniciativa de Policía Rural, donde pretenden enmarcarlos, es una imposición del gobernador Ángel Aguirre Rivero, “no queremos que aprueben una ley en contra del movimiento”. Otro más destacó que no quieren caer en provocaciones del Ejército y del gobierno federal que está en sus pueblos, “queremos diálogo y jalar parejo para llegar a un acuerdo”. Otro reclamó la falta de interés de los diputados y los urgió a que escuchen la voz del pueblo, “tenemos dificultades para desplazarnos, necesitamos una comisión fuerte de diputados que nos eche la mano, no queremos más hostigamiento del Ejército y la Policía Federal en el territorio”. Dijo que en la iniciativa del gobernador se pretende el control de los pueblos organizados, por lo que demandaron un sistema diferente, no de sumisión, porque implicaría “volver a la esclavitud”. Recordaron que las autoridades, tras la detención de militares en el bloqueo en El Pericón, “nos limitaron a (recorrer) la comunidad ¿y la carretera? bien gracias, porque es federal”. Después de escuchar las intervenciones, Rafaela Solís dijo que apoyaría la consulta, y aunque representa un voto de 46 diputados, buscaría convencer a los demás. Aseguró que habló con varios diputados que aceptaron recibirlos hoy, pero no especificó la hora del encuentro. Pide Bruno reeducar a autoridades Plácido Valerio advirtió que a la reunión de hoy con los diputados vendrá una representación más amplia de autoridades para comenzar un movimiento “más importante sobre seguridad y justicia”. Aclaró que no le preocupa el hostigamiento de las fuerzas del Estado, “si es por la justicia, bienvenido sea pero no vamos a permitir sometimiento, eso sería regresar al siglo 15”, en alusión a la comparación que hizo el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo con el sistema de justicia comunitario. El líder opinó que los gobernantes y representantes populares tienen que “reeducarse” porque ya no pueden tener a los ciudadanos controlados, deben dejar de verlos como objetos y ser facilitadores de los pueblos. Por ejemplo señaló que la creación de la Policía Rural tiene que escuchar la voz de los ciudadanos para que la nueva ley no se convierta en letra muerta. “Hay que formatear su mente en el sentido de que ellos no son el poder, el poder está en los ciudadanos y se han confundido, creen que el poder debe convertir en víctima a los pueblos, hay que revertir esa opinión”, expresó. Insistió en que como UPOEG van a insistir en un proyecto integral de combate a la pobreza porque es una de las principales causas de la delincuencia, “primero tenemos que abatir la pobreza para acabar con la delincuencia”, insistió. Entrega el esposo de Nestora al Departamento de Estado la Ley 701 en su décimo tercer día de ayuno *Sufre de mareos y de dolor de cabeza pero seguirá con su movimiento, informa Zacarías Cervantes Chilpancingo Al cumplir ayer 13 días en huelga de hambre, José Luis Ávila Báez, esposo de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García, comenzó a sentir los estragos del ayuno. Vía telefónica informó que padeció de dolor de cabeza y sufrió mareos. Sin embargo, advirtió que continuará con su lucha hasta lograr la libertad de su esposa, quien se encuentra presa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit, acusada por el gobierno de Guerrero de secuestro agravado. Ávila Báez informó que la tarde de ayer se disponía a entregar uno de cuatro paquetes de documentos al Departamento de Estado de Estados Unidos, que contienen la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero traducida al inglés. También entregaría una carta de petición para que las autoridades estadunidenses intervengan en el caso, documentos en los que el gobernador Ángel Aguirre avala a la CRAC de Olinalá encabezada por su esposa, así como notas periodísticas y fotografías que sobre el caso se han publicado en diferentes medios de comunicación. Informó que otros dos paquetes serán entregados a las senadoras Patty Murray y Mary Cantwell y uno más lo entregará en la Casa Blanca dirigido al presidente Barack Obama. La tarde de ayer entregaría el primer paquete al Departamento de Estado, mientras que este martes serán entregados a las representantes del Senado y a la Casa Blanca. Aseguró que las senadoras Mary Cantwell y Patty Murray ya le enviaron una carta en la que se comprometen a plantear el caso en tribuna. Informó que a las dos representantes les harían llegar los paquetes de documentos la tarde de ayer, sólo que “hubo un error en la fecha y fue aplazada la entrega para éste martes”. Mientras tanto, dijo que hasta ayer no había obtenido ninguna respuesta concreta tras 13 días de ayuno, que mantendría su movimiento hasta lograr una respuesta de las autoridades norteamericanas, “pues de las mexicanas no espero nada, porque son ellas las que están empeñadas en mantener detenida a Nestora, a pesar de que no cuentan con argumentos jurídicos”. Ávila Báez agregó “aquí no vamos a desfallecer, seguiremos tocando puertas hasta encontrar una respuesta, también estamos haciendo todo para demostrar que Nestora no es una delincuente como la acusan las autoridades mexicanas, sino que por el contrario, está presa por acusaciones de carácter político y por su trabajo a favor de la organización del pueblo en contra de la delincuencia”. Por otra parte, informó que a 13 días de su huelga de hambre, ayer comenzó a sufrir los estragos de su ayuno, pues comenzó a sentir dolores de cabeza y mareos, sin embargo declaró que va a mantener su movimiento hasta que obtenga resultados. Sí “es necesaria una revisión” de la Ley 701, afirma Carlos Reyes *En la CRAC se cubren con esa norma y “hacen y deshacen”, dice la diputada del PAN Delfina Oliva Hernández Fernando Hernández Chilpancingo El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, coincidió en que “es necesaria una revisión” de la Ley 701, como planteó el domingo pasado el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Entrevistado ayer afuera de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno Reyes Torres indicó a pregunta expresa que en la reunión con su titular Jesús Martínez Garnelo no se abordó lo relativo a las modificaciones a la Ley 701. Pero consideró que es “necesaria una revisión” de ésta para que “los grupos de las policías comunitarias puedan trabajar y participar dentro de lo que establece la ley y que haya plena colaboración” con las otras instituciones responsables de la seguridad pública de Guerrero. El dirigente partidista puntualizó que “sería un error enviar a ciudadanos de las comunidades al combate del crimen organizado”. Precisó que incluir a las policías comunitarias de la CRAC y a las policías ciudadanas de la Unión de Pueblos y Organizacio-nes del Estado de Guerrero (UPOEG) en el combate al crimen organizado, “sería un riesgo muy? alto porque está el Ejército ahí y la Armada y los recursos necesarios. Más bien sería la exigencia de la ciudadanía para que cumplan con sus funciones”. Se le preguntó si sus comentarios iban en el mismo tenor que los que hizo el gobernador el 5 de septiembre, cuando dijo que el ámbito de competencia de la Policía Comunitaria debería restringirse a actuar “cuando alguien comete un escándalo o cuando alguien le falta a su mamá al respeto”, porque en delitos mayores tienen que entregar a las instituciones policiacas y ministeriales a los que detengan. Pero sobre lo dicho por el gobernador no hizo señalamientos concretos y evadió al señalar que “se tiene que hacer una revisión minuciosa y también escuchando a la CRAC y a todos los ciudadanos de las partes indígenas que tiene ya esta policía en estas regiones. Lo que es importante es que sea viable y que ayude a la tranquilidad en sus pueblos”. La coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso del estado, Delfina Oliva Hernández, afirmó que sí es necesario revisar y en su caso reformar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos originarios como planteó el gobierno del estado, “porque los indígenas se sienten muy respaldados y cometen abusos”. Afirmó también que deben desaparecer los tribunales ciudadanos, quitando a los pueblos originarios el derecho a tener su sistema de justicia, que en el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) lleva casi 18 años funcionando. La panista consideró que se debe reformar la ley porque “se sienten cobijados y no quieren que nadie más intervenga”, por lo que dijo que es necesario reglamentarla. La diputada se refirió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y al Sistema de Seguridad Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) como grupos armados que “se cubren con esta ley y se defienden que están bajo derecho y hacen y deshacen”. ENLACE: suracapulco.mx/archivos/106896
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 18:03:14 +0000