28 OFICIALES A LA ESPERA DE JUICIO POR INJURIAS Y DIFAMACIÓN En octubre de 2012, 28 oficiales de la Policía Municipal de Escazú interpusieron una denuncia contra una funcionaria de apellidos Alfaro Vega, designada en aquel entonces como asesora legal de la Policía Municipal de Escazú. Por esta razón, los integrantes del cuerpo policial fueron acusados por supuestos delitos contra el honor y en la acción civil resarcitoria les piden 56 millones de colones. En el escrito, los oficiales denunciaron ante distintas autoridades del municipio una serie de inconformidades y preocupaciones con el fin de que fueran investigadas. Estas se encuentran relacionadas con una aparente carencia o irregularidad en cuanto a su actuar como asesora legal y funcionaria pública. Solicitaban se buscase una solución a las mismas. En el documento dirigido al Concejo Municipal, Auditoría Interna y Asuntos Jurídicos, los oficiales denunciaron que se habían perdido o extendido casos de colisiones de tránsito debido a la no comparecencia por parte de esta abogada en los respectivos juicios, afectando los intereses del ayuntamiento y de los oficiales, ya que, según manifiestan, han tenido que buscar asesorías fuera de la institución para defenderse en juicios originados en sus funciones policiales. Entre otros temas, denunciaron que Alfaro Vega tiene adjudicada la concesión de un taxi, el cual mantenía explotando en el cantón de Escazú y de la misma manera, aparentemente atendía en horas laborales asuntos relacionados con su administración. Los oficiales expusieron un aparente conflicto de intereses al exigirle Alfaro a uno de ellos un informe sobre una intervención a varios taxistas en un operativo coordinado y realizado por la Policía de Tránsito, cuerpo policial que hasta la fecha y por el mismo estatuto del Departamento de Seguridad Ciudadana, labora de manera conjunta con la Policía Municipal. “A mí me parece irregular que una funcionaria pública sea la dueña de un taxi por varias razones. Primero, la Ley de Taxis exige que el concesionario maneje mínimo 8 horas diarias el vehículo, situación que es respaldada incluso por la Sala Primera. Segundo, pienso que es casi imposible, e incluso inhumano, que una persona con un horario ordinario en una institución pública, después de horas laborales se dedique a manejar un taxi. El mismo reglamento municipal prohíbe tener compromisos laborales con otras instituciones en superposición horaria. Por otro lado, hay cientos de familias que realmente necesitan una concesión de un taxi para poder llevar el pan a su familia, situación que no sucede con un funcionario que además es profesional”, dijo un oficial cuya identidad prefirió omitir. Otro oficial habló sobre un criterio legal emitido por Asuntos Jurídicos en el cual queda expuesto que los abogados de la municipalidad de Escazú no pueden llevar causas penales de carácter personal. “Es extraño que ella (Alfaro) argumente en la querella que interpone en nuestra contra que, por reglamento y por pagársele el rubro de dedicación exclusiva, se encuentra imposibilitada para llevar causas penales de carácter personal, cuando tenemos conocimiento que ella ha llevado por lo menos 3 causas penales de ese tipo, cuyos números de expediente tenemos a mano. Estaríamos hablando entonces de una aparente malversación de fondos públicos, situación que la Municipalidad debe investigar”, explicó el oficial. EL PROCESO PENAL Poco tiempo después que los oficiales denunciaran estos hechos, fueron demandados ante un Tribunal Penal. Como indemnización pecuniaria, Alfaro solicita ¢56 millones y el pago de las costas procesales por el daño moral que en su opinión ha recibido. Además, la funcionaria solicitó medidas cautelares para que dejaran de denunciarla y en la cita de conciliación, un millón de colones a cada uno. Ambas peticiones le fueron rechazadas por la jueza que lleva el caso. Ante la negativa de su millonaria petitoria en esta etapa procesal, Alfaro Vega indicó que para llegar a un buen término conciliatorio, deseaba que todos los querellados firmaran un documento donde se comprometieran a no volverla a denunciar y solicitaran fueran archivadas todas las causas administrativas que en este momento la Municipalidad y otras instituciones como el Concejo de Transporte Público le están siguiendo. Los oficiales tenían que firmar un documento en el cual debían expresar que todo se trataba de un error de su parte. Esta petición fue rechazada de manera unánime por la Defensa Pública, en base a que los funcionarios públicos están sometidos a un procedimiento de rendición de cuentas y no pueden arrogarse facultades no concedidas en la ley. LA VÍA ADMINISTRATIVA En el 2010 ya se había interpuesto ante la Municipalidad una denuncia similar por aparentes irregularidades con respecto al actuar de esta funcionaria. Entre varios tópicos, la denuncia mencionada se enfocaba en una aparente representación penal irregular donde se encontraban implicados fondos públicos, como lo es el pago del rubro de dedicación exclusiva, el cual consiste en un plus salarial para no ejercer la profesión de manera privada. En una serie de documentos, de los cuales este medio tiene copia, se evidencia que Maritza Rojas Poveda, encargada directa del Macroproceso de Desarrollo Humano, no le dio seguimiento a esta denuncia. El documento llegó a su despacho por medio de la Auditoría Interna, quienes la trasladaron a esa instancia con el fin de que los hechos fueran investigados y aclarados. “Lo preocupante del caso, es que sin existir una investigación o respuesta por parte de Rojas Poveda al oficial denunciante, enviaron un comunicado oficial aprobado por el alcalde, donde argumentaban que la asesoría legal de la Policía Municipal de Escazú no podía llevar ningún caso penal de carácter “personalísimo”. "Recientemente, cuando las autoridades municipales le preguntaron a Rojas si tenía conocimiento de estos hechos, simplemente adujo desconocer cualquier denuncia anterior a la de 2012. Es decir, no hubo ninguna investigación o respuesta sino hasta tres años después”, resaltó el oficial. Los municipales también se mostraron preocupados por el hecho de que han presentado una serie de pruebas documentales que respaldan su actuar desde el 2012 y casi un año después la Administración les ha comunicado que todavía se encuentran realizando una investigación preliminar, la cual se supone debe realizarse en un tiempo razonablemente corto. Por ahora, los oficiales continúan a la espera de una fecha para el juicio.
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 23:41:38 +0000
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