A COADYUVAR SE DIJO Una demanda contra la Ley 1653 del 2013, que reguló el nuevo arancel judicial, fue radicada en la Secretaría de la Corte Constitucional. La acción pide la inexequibilidad del artículo 6º, parcial, que señala los sujetos pasivos del arancel, la forma de pago y la actuación del juez en el cobro. Según el demandante, la disposición vulnera los artículos 1º, 2º, 228 y 229 de la Constitución, pues el arancel releva al Estado de la obligación de administrar y garantizar el acceso a la justicia, al condicionarlo al pago de un emolumento. La demanda afirma que, según la Sentencia C-713 del 2008, la configuración del arancel judicial no puede conllevar la imposición de barreras de acceso a la justicia, ni permitir que los ciudadanos se vean obligados a acudir ante los particulares para hacer uso de los mecanismos alternativos. “El primer cargo tiene que ver con lo que aludimos al modo de hacerse efectivo el pago del arancel judicial. Y dicho modo desde luego que puede devenir en barrera bien sea por el monto del pago o por el tiempo en el que hay que hacer el pago”, señala la demanda. En opinión del demandante, cualquier sistema judicial que le traslada a la víctima el costo de transacción inherente a reclamar por el vejamen del que ha sido objeto, como condición para acceder a un recurso judicial efectivo, materializa la inequidad y desdibuja el orden jurídico justo. Además, señala que el legislador estableció el 1,5 % de arancel judicial sobre el valor de las pretensiones de modo arbitrario, sin ningún estudio que permita suponer que se trata de una medida razonable y técnica y sin tener en cuenta la capacidad de pago de las personas, ni las necesidades de la Rama Judicial. Finalmente, la acción pide que el arancel sea pagado por los interesados, cuando haya finalizado el proceso judicial respectivo en todas sus instancias. (Corte Constitucional, Demanda D-9806, 7/24/2013. Demandante: Fernando Alberto García Forero)
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 19:35:51 +0000