A partir de mañana, un amplio sector de negocios tendrá que presentar reportes sobre sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, en cumplimiento a la ley antilavado. Abarca a notarios públicos, empresas de bienes raíces, emisores de tarjetas de crédito, corredores de obras artísticas. Si ustedes observan la gráfica que aparece en esta página, advertirán que un numeroso sector –alrededor de un cuarto de millón de personas– no está incluido. Se trata de los funcionarios públicos. Tienen un estatus privilegiado. Por un lado, no están obligados a hacer pública su fortuna, es decir, su declaración patrimonial. La ley no los obliga y, además, la Suprema Corte decidió proteger el secreto. Y por el otro, tampoco están sujetos al deber de informar cómo invierten o gastan su dinero: ¿obras de arte, casas, terrenos, edificios? Así es como funciona la ley en nuestro país. Los funcionarios asumen las facultades de vigilar nuestro patrimonio, pero no nos permiten que veamos el suyo. Enrique Galvan Galvan
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 17:04:10 +0000
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