A través de un comunicado en su sitio web -y que CIPER reproduce íntegramente-, el Poder Judicial liberó este viernes 12 de julio varios de los documentos relativos al trabajo que realizó la Comisión Jeldres. Entre los documentos que ahora están disponibles al público, se encuentran los distintos convenios que el Poder Judicial firmó con Unicef para llevar a cabo un estudio sobre las condiciones de vida de los 14.000 niños que viven en hogares y residencias bajo la protección del Estado. También están los oficios que el SENAME y Unicef le enviaron al presidente de la Corte Suprema, el boletín con el análisis a las visitas realizadas a las residencias de Aldeas Infantiles SOS, las instrucciones que el máximo tribunal entregó a los jueces de familia en julio de 2011 y el informe de las consejeras técnicas, Marcela Glaves y Patricia Fernández, sobre la metodología empleada en las encuestas. Todos esos antecedentes estaban desde el miércoles 10 de julio en poder del Ministerio Público. DECLARACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Teniendo presente la competencia que el legislador ha entregado a los Tribunales de Familia, los Jueces de Familia de la Región Metropolitana en coordinación con magistrados del Centro de Medidas Cautelares de Santiago se abocaron a la tarea de hacer un catastro actualizado de los menores respecto de los cuales se habían dispuesto medidas de protección que importaran su internación en hogares de acogida u otros recintos visitados por los magistrados y que prestan colaboración al SENAME en esta labor. Estas tareas se iniciaron el año 2009 y conoció de las ellas la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través de su Departamento de Desarrollo Institucional, la cual decidió apoyar con recursos tecnológicos y financieros necesarios para que se continuara con este proyecto, el que concluyó con éxito en la Región Metropolitana. Advirtiendo la importancia de lo anterior la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en coordinación con la Unidad de Apoyo a los Tribunales de Familia y los Jueces de Familia de Santiago, decidió extender esta labor a todo el país. El proyecto en su primera parte tenía por objeto instalar la metodología utilizada en Santiago en las localidades de Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Se otorgó comisión de servicios a magistrados para trasladarse a Valparaíso en el año 2010, actividad que se mantuvo hasta el año 2012. En forma paralela, con la coordinación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Unidad de Apoyo a los Tribunales de Familia y los Jueces de Familia, se diseñó una plantilla que diera cuenta de la situación en que se encontraba cada menor respecto del cual se disponía una medida de protección para hacerle el seguimiento correspondiente por los Tribunales de Familia, tanto en el marco de los procedimientos que deben adoptarse como de las visitas dispuestas por el artículo 78 de la ley que crea los Tribunales de Familia. Esta plantilla se cargó como una aplicación en el sistema de tramitación de los Tribunales de Familia SITFA y se comenzó a utilizar a partir de 14 de diciembre de 2011. Atendido el interés e importancia de esta materia la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por medio de su Departamento de Desarrollo Institucional y su Consejo Superior, otorgó los recursos tecnológicos y económicos necesarios. La Corte Suprema tomó conocimiento de la labor realizada y adoptó el acuerdo de instruir expresamente a los tribunales en el sentido de dar atención preferente a esta materia y remitió a cada Corte de Apelaciones una nómina actualizada del catastro levantado. La Unidad de Apoyo a los Tribunales de Familia de la Corte Suprema instaló una mesa de trabajo permanente para evaluar la información levantada para definir los cursos de acción a seguir, marco en el cual se adoptaron tales acciones. Coincidiendo con la relevancia del tema, la UNICEF invitó a la Corte Suprema a participar en seminarios relativos al tema y propuso la firma de un convenio para formalizar los mutuos esfuerzos que se estaban desarrollando en esta materia. Producto de lo anterior se suscriben acuerdos con UNICEF los años 2008, 2010 y 2012, los que tenían por objeto mantener una relación permanente de cooperación e información para perfeccionar el respeto, la protección y promoción de los derechos de los niños, en virtud del cual la Corte Suprema facilitará acceso a la base de datos de los Tribunales de Familia. Siempre por la importancia y atención preferente que debe otorgarse a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos, el Poder Judicial invitó al SENAME a suscribir un convenio para acceder a la información que mutuamente pudiera ser relevante en el cumplimiento de sus tareas específicas. Es así como con fecha 11 de diciembre de 2007 se suscribió un convenio con el SENAME, con el objetivo de intercambiar y compartir información relevante atingente a las funciones específicas de cada una de las Instituciones. En este marco global se recibió el Boletín N° 1 de UNICEF, ya publicado, que en síntesis atiende a la situación de los menores en ese momento. Como continuación de todas estas labores se recibió un proyecto de Boletín N° 2 elaborado por UNICEF y por una jueza que ya había renunciado al encargo con anterioridad. En atención a los términos del artículo 2 letra f) de dicho Convenio, el Poder Judicial, para dar cuenta de tal documento de trabajo y estimando necesario averiguar la metodología y procedimientos utilizados para sustentar las afirmaciones efectuadas, realizó una actividad con los Tribunales de Familia. Fue así como se recibieron diversas apreciaciones vertidas verbalmente por Jueces de Familia de Santiago y un antecedente emitido por Consejeros Técnicos. Entendiendo que la situación ameritaba efectuar un informe integrado que diera cuenta de todas estas acciones, se puso en conocimiento de la situación al señor Presidente de la Corte Suprema, de lo que ahora se ha dado cuenta al Tribunal Pleno. El informe integrado se encuentra en elaboración y se dará a conocer en fecha próxima. Sin perjuicio de lo anterior se ha creído conveniente aclarar lo ocurrido y poner a disposición de la opinión pública todos y cada uno de los antecedentes a que se ha hecho referencia y que a continuación se enumeran: - Boletín N° 2 El sistema residencial en Chile. Análisis de casos: Aldeas Infantil SOS - Informe Consejeras Técnicas señoras Marcela Glaves Bustos y Patricia Fernández González - Oficio del SENAME 01/07/2013 - Oficio de UNICEF 18/06/2013 - Convenio Poder Judicial-UNICEF 2008 - Convenio Poder Judicial-UNICEF 2010 - Convenio Poder Judicial-UNICEF 2012 - Convenio Poder Judicial-SENAME - Instrucciones entregadas a los jueces - Punto III Acta del N° 396 del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial - Carta renuncia magistrada señora Mónica Jeldres Salazar. Se previene que los Ministros señores Segura y Dolmestch fueron de opinión de no dar publicidad, por ahora, al “Boletín N° 2. El sistema residencial en Chile Análisis de casos: Aldeas Infantil SOS” y el Informe Consejeras Técnicas señoras Marcela Glaves Bustos y Patricia Fernández González, en tanto no se concluya el informe integrado a que se refiere el presente comunicado. Se previene, asimismo, que los Ministros señores Juica y Blanco y suplente señor Escobar estuvieron por hacer pública de inmediato toda la información relacionada con el Boletín N° 2 que ha dado lugar a la controversia que se ha suscitado con motivo de dicho documento, por lo que hacer comunicado sobre la cuestión resulta en este momento extemporáneo e inconducente, en atención a que el asunto ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público y es probable que sea judicializado penalmente
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 17:28:53 +0000
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