ABUSOS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN DESALOJOS MÁS DEMASIADAS DUDAS DEL ORIGEN SON MOTIVO DE INCONFORMIDAD CRECIENTE. Ayer Diario Respuesta dio a conocer puntualmente que casi un centenar de policías estatales y judiciales llevaron a cabo un desalojo mediante el uso de la fuerza pública y con armas de grueso calibre a 14 predios costeros (que no siete como inicialmente se publicó) que abarcan kilómetro y medio de playas a la altura del arco de entrada a la reserva de la biosfera de Sian Kaan, la mayor parte de los predios justamente se encuentran dentro de esa reserva. Los predios desalojados eran posesión hasta el viernes de varios empresarios nacionales o extranjeros que los adquirieron como terrenos del ejido José María Pino Suárez; algunos hasta 15 años atrás y los más recientes cuatro. La mayor parte de esos predios operaban como pequeños hoteles y por su figura jurídica al provenir de un ejido la tenencia de la tierra de todos era el usufructo y no la propiedad privada. Aparentemente el desalojo obedeció a una acción judicial de rescatar esa propiedad por parte de personas no identificadas oficialmente, pero que sin embargo trascendió fue promovida por el abogado mexicano Carlos Amador Treviño Lozano en representación del fallecido norteamericano Karl Erik Noren Erikson que fue dueño de un muy amplio sector de playas junto al también extinto Capo Colombiano Pablo Escobar Gaviria. Curiosamente ambos, Erik Noren y Pablo Escobar, se ostentaron como dueños con títulos de propiedad en un tiempo en que la propiedad para extranjeros estaba vedada en costas y fronteras. Mas curiosamente aún; se sabe que Erik Noren falleció intestado y sin hijos que pudieran hacer el reclamo de herencia, que sin embargo prosigue el que fue su apoderado legal con el apoyo evidente del aparato de justicia federal y quizá estatal. Precisamente las abundantes dudas de cómo existieron esos títulos de propiedad y la forma en que se adquirieron las vastas extensiones de playas, más la ocupación pacifica en alguno casos hasta por 30 años provenientes de una adquisición ejidal no impugnada en su momento, son factores que les hacen pensar a los desalojados y a la mayor parte de los posesionarlos de la llamada zona de punta piedra (mas de diez kilómetros de las más valiosas costas en el mundo) que les asiste razón y derecho en su ocupación. Abona para ese pensamiento que los empresarios que adquirieron títulos ejidales avalados por la Reforma Agraria para sus predios, que luego hicieron hoteles o casas de playa, han permanecido por todos los años de su ocupación al corriente de las contribuciones impositivas de cualquier tipo, lo mismo municipales que estatales o federales. Con su empeño además, en sus empresas turísticas, otorgan trabajo a cerca de dos mil familias de Tulum. Las dudas del verdadero trasfondo del problema crecen cuando en las ahora varias acciones a lo largo de cuatro años la autoridad se ha negado -como lo hizo el viernes- a mostrar ordenes de un juez para proceder al desalojo, lo que pone en la ilegalidad a las policías que llevan a cabo las acciones, que para los desalojados en realidad se constituye en un despojo. No es el único factor: la evidente ausencia de actuarios y agentes del ministerio público, e incluso omitir la presencia de la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos, son elementos que les transmiten a los desalojados una sensación de indefensión de sus derechos. Todo lo anterior hace que la manifestación de medio centenar de posesionarlos y sus trabajadores, que además bloquearon la carretera costera, pueda ser solo el principio de otras acciones y la difusión en el extranjero y a nivel nacional de una falla en el sistema de justicia que dañe la buena imagen del destino turístico que es Tulum.
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 19:07:32 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015