ANÁLISIS CELSO MEDINA. DIARIO CIUDAD CARACAS, 02 DE JULIO DE 2013. Las Normas de Homologación de los Profesores Universitarios (NH), que equiparaban los sueldos de los profesores de acuerdo con sus escalafones, calculando sus incrementos cada dos años de acuerdo con la inflación, nunca han sido acatadas, ni durante los diecisiete años de la Cuarta República, ni en los años que hemos vivido en la Revolución chavista. Su incumplimiento no tardó mucho: un profesor titular, por ejemplo, ganó 14.861 bolívares mensuales los años 1982 (el año en el que fueron impuestas por el gobierno de Luis Herrera Campins), 1983 y 1984; en 1985, su sueldo ascendería a 17.239, experimentando un aumento de 14%, a pesar de que la suma de la inflación 82-85 fue de 39,74%. Ese mismo sueldo se mantendrá hasta 1987, cuando el Ejecutivo Nacional decide pagar un bono en “compensación” a los rezagos salariales de los universitarios, que no llegó sino a 50% de la deuda total. El Ministerio de Educación en 1988 vuelve camaleónica dichas normas: sin esperar los datos del BCV, fija de antemano los aumentos salariales que van de 1990 a 1996. De nada valió que el mismo año de esa resolución, Fapuv comandara un paro que duró cuatro meses. La inflación acumulada fue de 376% y los aumentos sumaron 291%, con un saldo a favor de la inflación de 85%. El clímax de ese descaro gubernamental fue en 1996, cuando la inflación se elevó a 103, 24% y el aumento fue de 50%. El 97 el aumento fue de 60%, pese a la inflación bianual precedente que fue de 159,86; en 1998, el aumento fue de 20%, y la inflación bianual, de 140,85%. Las NH parecían apuntar a resguardar el salario del profesor universitario. Pero este análisis retrospectivo arroja un saldo trágico: de 1982 (año en que emitieron las NH) a 1998 (el último año de la Cuarta República) la inflación sumó 653%, en tanto que los salarios universitarios no llegaron a sumar sino 472% de aumento; es decir, 181% de diferencia, a favor de la inflación. Entonces, el salario de un profesor titular (para seguir ilustrando con él) era de 751.720 y no de 1.343.061, como debió ser, si hubiese sido exitosa la aplicación de las NH. El Gobierno de la Revolución Bolivariana no ha tenido una política del todo adecuada con los profesores universitarios. Pero contrastándola con los gobiernos anteriores, su evaluación resulta superior. El mismo año en que el presidente Chávez asumió su primer período, aumentó en 28% (superior a la inflación de ese año que fue de 20%), y el 2000 aprobó 121% (el primero en toda la historia; el segundo, es este que se acaba de lograr con la Contratación Colectiva de los trabajadores Universitarios con el Mppeu). Además, se pagó una deuda que el presidente Caldera y su ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, se negaban a cancelar. La política salarial del Gobierno Revolucionario, pese a que no cumplió cabalmente tampoco con las NH, logró reducir esa diferencia con la inflación sustancialmente el año 2005. Pero se rezagó los años posteriores, hasta elevarse a los niveles críticos de 2013. No obstante, podemos aplicarle el mismo análisis retrospectivo a los 14 años de la Revolución Bolivariana, y el saldo sigue siendo positivo. De 1999 hasta mayo de 2013, la inflación ha sumado 320,68% y los aumentos, 391%; es decir, 70, 32% a favor de los aumentos. Por supuesto, visto así, tan simplemente, podrían derivarse argumentos de alta sofística. El no atender a tiempo la exigencia salarial generó la depauperación de los sueldos universitarios. Por ello le doy toda la razón al profesor Lílido Ramírez (ULA- Trujillo), cuando afirma que dicho dispositivo ha servido “para homologar, mas no para conservar el poder adquisitivo del profesor universitario de Venezuela”. 2013 era el año de un reto sin parangón en la historia de las reivindicaciones del sector laboral universitario. Desde el 2011 y 2012 se había acumulado una inflación que sumaba 47,70%; la especulación, la escasez, la partidización de la economía, etc. golpearon en 2013 con saña los bolsillos de los venezolanos. Los trabajadores de las universidades tenían el mismo salario de 2011. Pero esta vez la rutina de los años anteriores no se repitió. Profesores, empleados y obreros decidieron acogerse a los dispositivos legales de la nueva Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) y desde sus sindicatos y federaciones introdujeron ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo una Acta Convenio, acogiéndose al artículo 6 de dicha ley. Desde su prurito clasista, Fapuv se ha venido negando a la a sindicalización. Algunas de sus asociaciones afiliadas se plantearon la necesidad de acompañar la discusión de la referida Acta Convenio. Apudons, de la UDO Sucre, decide que era “una gran oportunidad para tender puentes con el Gobierno Nacional ante las precarias condiciones socioeconómicas que atraviesan nuestros(as) compañeros(as) docentes, el asistir a la discusión de la Convención Colectiva Única descrita en el Marco de una Reunión de Normativa Laboral” (Web de Apudons). A ella se unieron las Asociaciones de la Universidad del Zulia y Universidad del Sur. La Convención Laboral Universitaria está definitivamente aprobada por las partes (gremios sindicalizados (como lo establece la Lottt) y Mppeu). Originalmente la propuesta era de 69%, pero terminó en porcentajes más altos. Los sueldos de los obreros, de empleados y de algunos docentes superan con creces el porcentaje otorgado por el gobierno del Presidente Chávez en el año 2000, incrementándose en más de 120%. Siguiendo con el ejemplo del sueldo de un profesor titular a dedicación exclusiva, tenemos que este pasa de ganar 7.232 en el 2012, a ganar 9.790, a partir de enero, 12.238, en septiembre y 15.297, a partir de enero de 2014. Si comparamos los sueldos de enero a enero, el aumento será de 111 %. Se me dirá: “Bueno, pero la inflación de este año habría que contarla”. Claro, siendo muy pesimistas, calculémosla en 38% (suponiendo que se va a repetir 19% de lo que va hasta ahora), apliquemos las NH y sumemos la inflaciones de 2011, 2012 y 2013: sería 85,70% contra 111% de aumento. A eso habría que incorporar otros beneficios que consisten en aumentos de primas por hogar, hijos, de titularidad, etc. y otras erogaciones nuevas, que no estuvieron nunca contempladas en los beneficios otorgados a los docentes de las universidades. Estos resultados demuestran lo inútil de las Normas de Homologación. Estas jamás adquirieron rango de obligatoriedad para el Estado, ni para el Estado Revolucionario, ni para el Estado Cuartorrepublicano. Nunca fueron “normas consensuadas”, ni en el momento de su aprobación ni cuando se intentó aplicarlas. Primero las negaban los gremios, luego los mismos gobiernos que las impusieron. Ante una solicitud de Fapuv, la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo dice: “La consulta a la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (Fapuv) no es obligatoria, sino potestativa de la Administración”. He aquí la corroboración de la inutilidad de estas Normas. ¿Por qué, entonces, los gremios que suscriben la Convención de los Trabajadores Universitarios tenían que aferrarse a ese ya superprobado inútil instrumento para reclamar sus reivindicaciones? ¿Por qué no recurrir a la novísima Lottt, sindicalizarse, introducir un acta convenio que se convierta en ley obligatoria para el patrón-Estado? Las NH son apenas una resolución, no puede estar jamás por encima de una Ley. Ahora sí hay base legal firme para reclamar al Estado que se siente a negociar con los gremios, puesto que el Contrato Colectivo Conjunto que se firma tiene una duración de dos años, al término del cual se debe discutir uno nuevo y los agremiados deberán recibir una compensación por los retrasos en esa discusión. Y eso no es “potestad de la Administración”, sino ley que hay que cumplir. Por ello tiene más potencia la Contratación Colectiva. Es así, porque en el país se vive una plena libertad del ejercicio de la sindicalización. Hay libertad para crear sindicatos, los espacios más idóneos para defender los derechos de los trabajadores. “Ya no se trata de salarios”, dice ahora la dirigencia de Fapuv en coro con los rectores agrupados en Averu, cuya presidenta actual, la doctora Cecilia García Arocha, se ofreció el año pasado como virtual ministra de Educación, cuando la rectora deliraba con el triunfo de Henrique Capriles. Como el aumento salarial acordado para los universitarios es inobjetable, ahora se cambian las razones y se vira el barco de la argumentación hacia una supuesta defensa de la autonomía universitaria. Y se reclama el patronazgo de los rectores en la discusión salarial, pretendiendo que el Estado retire su protagonismo y deje en manos de las autoridades universitarias la discusión salarial. Este no es sino otro capítulo de la larga historia de los sofismas que suelen esgrimir quienes se encubren tras la majestad de los rectorados y de la dirección gremial, para utilizar a la Universidad en sus planes partidistas. *POETA, ENSAYISTA Y PROFESOR UNIVERSITARIO [email protected] ILUSTRACIÓN ETTEN CARVALLO 02/07/13.-
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 02:41:24 +0000