Arrestan a empleados penales por introducir drogas en cárceles - TopicsExpress



          

Arrestan a empleados penales por introducir drogas en cárceles Por: Mariana Cobián Doce empleados del Departamento de Corrección, así como personas vinculadas con presidiarios y oficiales correccionales, fueron acusados este miércoles por un gran jurado federal por introducir sustancias controladas a varias instituciones penales. Esta mañana, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) diligenciaron 11 órdenes de arresto -tres de ellas en la Cárcel Regional de Bayamón- en los pueblos de Cataño, Bayamón, Guayama, Santa Isabel y Hatillo, y una en el estado de Connecticut. Las acusaciones alegan que los acusados introdujeron droga, mayormente heroína, a las cárceles de Ponce, Guayama, Bayamón y la Cárcel de Mujeres de Vega Alta, así como al Centro Médico de Río Piedras. Los acusados con relación familiar o de amistad con los presos o guardias penales son: Lina Michelle Narváez Arroyo, quien es familiar de un preso; Yolanda Santiago Orta, amiga de Narváez Arroyo; y Antonio Román Medina, amigo de uno de los acusados que es oficial correccional, William Joel Medina. Los guardias de Corrección acusados son Medina, Ángel López Reverón, Alberto Martínez Moreno, Edwin Sánchez Velázquez, Luis Lebrón Lebrón y Jessica Moreno. También fue acusada la enfermera Victoria Rivera, quien trabajaba en la Cárcel Regional de Bayamón. Héctor Ruiz Torres también fue arrestado y trabajaba en cafeterías del sistema correccional. Otro de los acusados fue el alguacil estatal del Tribunal de Ponce, Joel Torres Velázquez. De hecho, tras conocerse el arresto de Torres Velázquez, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) anunció su suspensión inmediata como alguacil. Los arrestados comparecieron este miércoles ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll, quien les informó que enfrentan cargos por poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, específicamente heroína, en cárceles en 2009. Les advirtió que de ser encontrados culpables, se enfrentan a hasta 20 años de cárcel y tres años de libertad supervisada. Los acusados estarán detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo hasta la vista de fianza y lectura de acusación pautada para el 16 de septiembre. En el caso de Santiago Orta, se verificará si continuará libre bajo fianza o no, dado a que fue acusada en julio dentro del operativo "Narco-fragancia" por conspirar con familiares para poseer con intención de distribuir cocaína y pastillas Percocet en la perfumería Chris de Levittown, en Toa Baja, propiedad de su padre Ramón "Pucho" Santiago Ortega. "Empleados públicos corruptos minan la seguridad de nuestra nación, nuestra seguridad en general, la confianza del público y la confianza de aquellos que fueron escogidos para proteger y servir. La corrupción y negligencia ejemplifica en este caso que no se puede y no se va a tolerar. Continuaremos la investigación para procesar este tipo de esquemas", manifestó la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, en un comunicado de prensa. "Oficiales públicos corruptos socavan nuestra seguridad, la confianza pública y la confianza en el sistema de gobierno de Puerto Rico. El FBI continuará luchando contra la corrupción en Puerto Rico", dijo, por su parte, el director del FBI, Carlos Cases, quien aclaró que no eran una organización, sino que cometieron los actos individualmente. El secretario de Corrección y Rehabilitación, José R. Negrón Fernández, aclaró que con la determinación del gran jurado, los empleados serán suspendidos sumariamente de empleo y sueldo. "Durante el día de hoy, les haremos llegar a los acusados una carta que les informa de la suspensión de empleo y sueldo. Tienen 15 días para solicitar una vista que, usualmente en este tipo de situación, no se solicita y se confirma la separación sumaria que se convierte en despido", dijo Negrón Fernández en los predios del Tribunal Federal, quien agregó que trabajan con el FBI para poder "limpiar las cárceles". El fiscal del caso es Héctor Ramírez Carbó. Fue investigado por el FBI, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 01:37:02 +0000

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