Atentar a lo que dice el compañero. === Bolivia: del Estado aparente al Estado integral… Álvaro García Linera* Bolivia_encrucijada Uno no puede dejar de destacar la lucidez histórica de los movimientos sociales de inicios del siglo XXI que, a tiempo de resistir las estructuras de dominación, se plantearon la revolución del Estado, esto es, la abolición del Estado Aparente, la superación del desencuentro catastrófico entre formación social y formación estatal. Ese programa de refundación estatal es lo que se llamó Asamblea Constituyente. La solidez de los Estados modernos radica en el acuerdo y aceptación activa que la sociedad brinda a la existencia de la institucionalidad política y a los monopolios (de la coerción, de la administración de una parte de las riquezas públicas y de la legitimidad) que caracterizan a la organización estatal. Eso significa que el Estado es una síntesis connotada y aceptada de las fuerzas, los pactos, las jerarquías y los horizontes compartidos, en torno a una hegemonía social, al interior de una comunidad política territorializada llamada nación o país. Esta solidez estatal no es un tema de acatamiento de la norma (ilusión juridicista) ni tampoco de hábito cultural (ilusión pedagogista), sino de consistencia estatal, esto es, del modo en que la sociedad construye su pertenencia o externalidad al Estado y del modo en que se produce la adhesión social a las acciones del Estado. Si la sociedad civil-extensa produce su condensación política en el Estado, estamos ante una relación orgánica óptima entre Estado y sociedad. Y si a ello sumamos un bloque de clases que ha logrado exitosamente constituirse como poder estatal, con la capacidad de promover su liderazgo político-cultural, el consenso y los compromisos prácticos del resto de las clases sociales, en torno a sus acciones, estamos ante un Estado fundado en el principio de hegemonía histórica. La suma de ambos componentes de estatalidad, la relación orgánica óptima y la hegemonía histórica son lo que, siguiendo a Gramsci, podemos denominar como Estado integral, que no sólo habilita la solidez de los estados democráticos sino el mejor escenario para que las clases sociales laboriosas puedan impulsar una expansiva socialización de la democratización de los bienes públicos (materiales e inmateriales). La ausencia de una relación orgánica óptima entre sociedad civil y Estado, es decir, cuando el Estado es y se presenta abiertamente como organización política exclusiva de una parte de la sociedad en apronte, contención y exclusión de otras partes mayoritarias de la sociedad civil, da lugar a lo que, siguiendo a Zavaleta, se puede denominar un Estado aparente. En Bolivia, hasta hace cuatro años, el Estado nunca se había constituido como condensación jerarquizada de las fuerzas sociales ni fue asumido como “comunidad política”, sino siempre se presentó como “parte”, como pedazo político externo al resto de la sociedad y, por ello, como impostura de comunidad política, como apariencia, esto es, como patrimonio de abolengo o “billetera” de una parte reducida de la sociedad enfrentada a la inmensa mayoría de la sociedad civil. Independientemente de cual haya sido el régimen político prevaleciente, democrático o dictatorial, desde su fundación, la estructura estatal boliviana se caracterizó por la parcialidad, su patrimonialización e incompletitud hegemónica. El Estado siempre fue visto y utilizado como mecanismo de un bloque social minoritario para imponer, dominar, excluir y contener a la mayoría social. De ahí que se puede hablar que las clases dominantes tuvieron una visión “instrumental” del Estado y nunca pudieron construir hegemonía histórica. Esto ha llevado a que, desde la fundación de la República, una porción mayoritaria del país –los indígenas y las clases laboriosas– se haya sentido excluida y haya vivido gran parte de su actividad política al margen de la institucionalidad seudo-modernizante con la que las élites adornaban al Estado. Paradójicamente, mientras las clases dominantes recubrían el Estado aparente con una retórica seudo-modernista que encubría un Estado patrimonial y encapsulado en la coerción, como modo regular de lograr el acatamiento a las normas, las clases sociales subalternas eran las que reivindicaban una modernidad de la participación y la adhesión voluntaria de la sociedad a instituciones compartidas. De ahí que haya una característica histórica del país: no sólo el recurrente desborde y bloqueo de la sociedad sobre el Estado, sino también la continua producción de comportamientos y demandas políticas al margen de la institucionalidad oficial, por vía de los sindicatos, comunidades agrarias, juntas vecinales y comités cívicos, en los que la sociedad civil construyó sus prácticas políticas. Es como si institucionalidad estatal y sociedad civil hubieran vivido en mutuo acecho y hostilidad permanente, rotas de vez en cuando por pequeños periodos de estabilidad política que, más que resultar de una conciliación de intereses, surgieron del autoritarismo (1971-1977) o del adormecimiento social (1987-2000). Acá, la excepción no fue crisis política-estatal, sino la estabilidad, pues el Estado presentó, desde sus raíces formativas, una falla de incompletitud social, de inorganicidad óptima, irresuelta desde el nacimiento de la República hasta principios del siglo xx. De ahí que a lo largo de la historia, cada vez que la sociedad civil se revitalizaba, como en los últimos años, se abalanzaba inmediatamente por múltiples lados y con diversas demandas estructurales irresueltas, sobre un Estado que estaba incapacitado de articular, canalizar y resolver estas deudas históricas. Así, la insurgencia democrática de inicios de esta década, desde la “guerra del agua”, la “guerra del gas” y las marchas y bloqueos de caminos que reivindicaron el reconocimiento de los derechos indígenas, la soberanía sobre los recursos naturales, las autonomías departamentales o la ciudadanía social con bienestar material, va más allá de las críticas al “neoliberalismo” o al “centralismo”; éstas fueron querellas hacia la propia estructura patrimonial-colonial del Estado aparente (centralista, mono-cultural y excluyente) que nunca incorporó a la sociedad civil-plena y a las regiones, como fuerza constitutiva de su existencia. Por eso, uno no puede dejar de destacar la lucidez histórica de los movimientos sociales de inicios del siglo xxi que, a tiempo de resistir las estructuras de dominación, se plantearon la revolución del Estado, esto es, la abolición del Estado aparente, la superación del desencuentro catastrófico entre formación social y formación estatal. Ese programa de refundación estatal es lo que se llamó Asamblea Constituyente. La propuesta de Asamblea Constituyente surgió en este inicio de siglo como una exigencia de incorporación de la inmensa mayoría de la sociedad civil laboriosa, anteriormente excluida del Estado, en el ejercicio de derechos, de reconocimientos y usufructo de los bienes públicos; ello se canalizó como irrupción en la composición real del Estado. Pero la sociedad plebeya, obrera e indígena, barrial y estudiosa se planteó simultáneamente la presencia de su ser colectivo, clasista y nacional, como fuerza directriz y dirigente de la sociedad civil en el Estado. De esa manera, óptimo orgánico entre Estado y sociedad y hegemonía histórica de un nuevo bloque social de Estado emergieron como agenda de las grandes sublevaciones entre 2000 y 2005. Voluntad de poder y voluntad de conducción nacional-popular bajo la forma de un nuevo Estado fueron las fuerzas estructurantes del proceso estatal constituyente y de la Asamblea Constituyente de 2006. Y es la articulación virtuosa de estos dos componentes en la acción movilizada de la sociedad, la que diferencia este momento revolucionario de todos los otros momentos revolucionarios precedentes de la historia de Bolivia. La fundación de la República la condujeron los realistas reciclados como independentistas, tras el debilitamiento y dispersión de la verdadera sociedad civil luego de quince años de extenuante lucha armada (los guerrilleros de la independencia y las milicias indígenas sublevadas). Por ello fue que e1 Estado republicano nació como mutación simbólica, pero no material, del Estado colonial. Un segundo momento de redefinición de la ecuación Estado/sociedad fue la Revolución de 1952, que llevó a una redistribución de algunos bienes materiales públicos (la tierra en el occidente y el excedente minero), pero reforzó la exclusión de los derechos colectivos de las mayorías indígenas y preservó el uso patrimonial del Estado, con lo que la base material del Estado colonial se reforzó. Acá hubo ímpetu social de incursionar en el Estado (óptimo orgánico), pero no hubo estrategia de hegemonía histórica de los insurrectos que delegaron la conducción de su proyecto a una clase social diferente y heredera de la vieja dominación señorial. Con el tiempo, la abdicación del mando sobre el Estado (1952-1957) llevó a la gradual expulsión del Estado y, a la larga, a la pérdida del usufructo de los bienes del Estado que se consumó durante el régimen neoliberal de privatización de las empresas públicas (1985-2005). El inicio del siglo xxi vino con la irrupción democrática de una sociedad civil laboriosa no sólo apetente de construir Estado, sino de conducirlo, esto es, de ser soberana en el Estado. A esto es lo que se llama un ambio de forma histórica y de contenido material del Estado. El ámbito de escenificación democrática de esa revolución de forma y contenido fue la Asamblea Constituyente. Esto no significa que la Asamblea haya sido el lugar político de esa revolución. No. El campo real y territorial de esta lucha de clases abierta y generalizada de estos años fue el país en su conjunto; en tanto que su momento de condensación territorial fue desplazándose de occidente a oriente. Pero el lugar planteado como el escenario donde transmutar la fuerza social en fuerza electoral y la confrontación social en confrontación política discursiva y argumental, fue la Asamblea Constituyente. Se planteó que la Asamblea sea el lugar donde la correlación de fuerzas políticas culturales de la sociedad civil quede condensada como instituciones y derechos; en tanto que el liderazgo indígena-popular devenga en naturaleza social del Estado, y los consentimientos y compromisos de las clases desplazadas queden como momento de la composición material del Estado. Todo ello, bajo la forma de una nueva Constitución Política del Estado. Bajo esta lectura, se puede decir entonces que los movimientos sociales plantearon a la sociedad civil ampliada, representada en la Asamblea Constituyente, esto que se puede llamar un armisticio histórico (nueva Constitución Política del Estado) como modalidad de la construcción de un Estado integral. Sin embargo, la respuesta de las clases políticas desplazadas del mando estatal fue la conspiración contra el gobierno revolucionario, el sabotaje a la Asamblea Constituyente, la confrontación y el intento de golpe de Estado cívico-prefectural (2007-2008). Buscaron recuperar, por la fuerza, lo que habían perdido por el voto, sin comprender que cuando la voluntad de soberanía estatal se apodera del espíritu colectivo de las clases subalternas, el regreso a la sumisión es una ilusión imposible. En una apuesta que develó la decadencia política de unas clases sociales acostumbradas a gobernar no por la convicción de los gobernados sino por su propia compulsión, abandonaron el escenario de la Asamblea Constituyente, donde podían lograr un mejor reconocimiento dialogado de sus expectativas colectivas, y optaron por el escenario de la confrontación en las calles, allá donde los movimientos sociales son y han sido siempre soberanos territorialmente. De allí vino una seguidilla de batallas y derrotas de las antiguas clases dominantes: derrota electoral en el Referendo Revocatorio (agosto de 2008); derrota militar en el intento de golpe civil prefectural (septiembre de 2008); derrota política en el diálogo gobierno-prefectos y los acuerdos congresales (octubre de 2008); derrota de los preparativos de guerra civil y separatismo (abril de 2009). La suma de ello dio como resultado una derrota histórica-moral y política-cultural de las antiguas clases dominantes, y la consolidación de un nuevo bloque de poder Estatal integral. La posterior aprobación, en referendo, de la nueva Constitución Política del Estado y la reelección con mayoría universal (64 por ciento) del Presidente Evo Morales Ayma, cierran el ciclo de transición estatal y dan inicio a la construcción del nuevo Estado. Lo decisivo de estas victorias del bloque de poder indígena-plebeyo es que no se han traducido en una exclusión material de las antiguas clases dominantes del Estado, de la economía o de la política; esto podía haberse dado, tomando en cuenta el escenario golpista, separatista y de fuerza por el que optó una parte activa de las clases desplazadas del gobierno del Estado. Pero ello hubiera reproducido hacia las minorías, la acción de exclusión y extraestatalidad de la que antiguamente fueron objeto las mayorías, volviendo a imposibilitar la ecuación del óptimo orgánico del Estado y, peor aún, la posibilidad de hegemonía histórica de las clases indígenas-populares. De ahí que la nueva Constitución Política del Estado, al momento de reconocer los derechos y presencia material de las formaciones económicas, sociales y políticas de las clases laboriosas anteriormente excluidas, haya garantizado los derechos y la base material del resto de las clases componentes de la sociedad civil-ampliada, todo ello en el marco de la pluralidad de las estructuras económicas, políticas y culturales que caracterizan la sociedad boliviana. Y en una nueva muestra de voluntad de liderazgo político-moral, fue el bloque de poder indígena-plebeyo el que decidió, en ausencia y derrota de las clases anteriormente gobernantes, incorporar un nuevo conjunto de derechos, garantías y posibilidades para la totalidad de la sociedad, incluidas las clases dominantes desplazadas. Al final, la hegemonía, entendida como liderazgo político, consenso cultural y compromisos materiales, se presenta en su doble composición real: como consagración e inversión de un hecho de dominación (momento de fuerza histórica de la voluntad de poder) y como incertidumbre estratégica (momento de indeterminación del devenir histórico), por tanto, fruto de una construcción siempre inacabada e inestable a largo plazo que debe ser producida por la política y con política. Esta posibilidad actual de una ecuación de óptimo orgánico entre Estado y sociedad, más hegemonía histórica, ha sido posible por la emergencia de un nuevo punto de vista de Estado y en el Estado que ha llevado a plantearse, como problema a superar, lo que para el antiguo bloque de poder era un privilegio a preservar: la colonialidad del Estado, la centralización territorial del poder y la patrimonialidad de la riqueza pública. Estos tres componentes estructurales que atraviesan el Estado neoliberal, el Estado nacionalista, el Estado liberal… hasta la fundación de la República, hasta tiempos coloniales, y que formaron el basamento invariable de la estatalidad en Bolivia, de su debilidad, de su pre-modernidad y sus límites, fueron las fuentes de las que se nutrió la clase dominante a cambio de nunca poder constituirse en clase dirigente. Y es que la única manera para que las clases dominantes se hubieran podido constituir como clases dirigentes era si asumían el liderazgo político histórico de todas las clases y naciones-culturales de la sociedad boliviana. Pero ello hubiera supuesto autodestruirse a sí misma en su base material, formada a partir de la patrimonialización de los bienes públicos y la preservación de las discriminaciones y exclusiones de las mayorías indígenas. A las anteriores clases dominantes, durante toda su existencia, se les presentó un dilema: o dominación dura asegurada a corto plazo sobre la colonialidad estatal, o hegemonía a largo plazo, sobre el desmontamiento de la patrimonialidad, colonialidad y centralismo territorial del Estado. Ellas optaron por la primera opción, por la seguridad a corto plazo y la defensa de su origen colonial-patrimonial, y con eso imposibilitaron su conversión en clase moderna y dirigente. Con el tiempo, les tocó a las clases subalternas, en la resistencia a las relaciones de dominación colonial-patrimonial, visibilizar las fallas estructurales y tectónicas del Estado, que eran las que sostenían esa dominación: la exclusión colonial (la colonialidad del Estado); la expropiación privada de los bienes públicos (la patrimonialidad del Estado); la discriminación territorial en el uso de las arcas públicas (la concentración burocrático-territorial del Estado). De esta manera, la resistencia a las estructuras de dominación estatal fue simultáneamente la visibilización de las fallas estructurales de la formación del Estado, de su apariencia, de su divorcio con la sociedad y su debilidad política. Por ello la tarea de la revolución del Estado, de su ampliación social, de su democratización y su fortalecimiento institucional, no podía venir del lado de las clases dominantes. Había una imposibilidad histórica, de conocimiento, pues su comprensión y superación hubieran significado la autodisolución de la base material de las clases dominantes. Sólo unas clases indígenas-populares que no tenían ningún privilegio a preservar en esa formación del Estado patrimonial-colonial podían plantearse el conocimiento de estas fallas tectónicas del Estado. Y sólo unas clases que vivieran esas fallas tectónicas (colonialidad, patrimonialidad y centralismo territorial estatales) como dominación, exclusión, agobio e infortunio, podían plantearse la superación real de esas fallas. Y así fue. La nueva Constitución Política del Estado no sólo es la consagración legal e institucional de una nueva correlación de fuerzas sociales en el Estado y de un nuevo bloque de poder histórico; es, a la vez, por la naturaleza clasista y cultural del bloque de poder constituyente nacional-popular, el proyecto político-material de resolución real, de superación de esas fallas tectónicas de larga data que hicieron del Estado boliviano un Estado aparente, sin hegemonía histórica ni óptimo orgánico con la sociedad civil. A su modo, cada uno de los agudos estudios que están presentes en este libro,* ya sea sobre el régimen de garantías, el sistema de derechos y la arquitectura institucional contenidos en la nueva Constitución, permiten entender los distintitos modos de producción de la nueva composición social plena del Estado y de la base material de la hegemonía política en Bolivia. Las antiguas clases dominantes no pudieron ser hegemónicas porque no podían integrar en el Estado ni liderizar a la sociedad civil-extendida. Y no lo pudieron hacer porque ello hubiera supuesto la extinción de su naturaleza de clase dominante (colonial-patrimonial), obligarse a cambiar y a construir una nueva base de su dominación política, económica y cultural, lo que no estaban dispuestas a hacer. Así, si algo ancló a Bolivia en la colonialidad patrimonial del siglo xviii fueron sus clases dominantes, hasta que tuvieron que ser desplazadas del poder en 2005. Y si algo es fuente de renovación y modernización estructural de la formación estatal boliviana son sus clases plebeyas y naciones indígenas. Pero el que sean las clases populares y naciones indígenas las que asuman el reto, por necesidad material, emancipación política y convicción cultural, de la construcción de un óptimo orgánico entre Estado y sociedad (composición social ampliada del Estado) y la construcción de una hegemonía histórica (nuevo núcleo articulador del Estado), tiene su carga y sus efectos prácticos en lo que debemos entender por modernidad estatal y por naturaleza del Estado. Claro, y es que por la naturaleza social de la materialidad actuante y masiva de las clases populares y naciones indígenas, sus acciones en el Estado, su devenir Estado, en tanto se mantenga su movilización política colectiva, sólo puede construir Estado democratizando, socializando y universalizando la decisión y la gestión de lo público, esto es, todo lo contrario de la monopolización de lo público que caracteriza a los estados modernos. Igualmente, las clases plebeyas sólo pueden ampliar derechos en el Estado y ampliar la base material de los bienes públicamente usufructuados, si socializan crecientemente esos bienes públicos en vez de privatizarlos o apropiarlos en pocas manos, como sucede en los estados contemporáneos. La modernización estatal, hecha de la mano de las clases populares y naciones indígenas, es pues otro tipo de modernidad diferente a las hasta ahora conocidas. Si bien buscan construir un óptimo orgánico entre Estado y sociedad, por fuerza de su condición clasista y nacional, lo hacen no como ensamble de dos componentes disociados (Estado y sociedad), sino como disolución creciente de lo político (el Estado-gobierno de Gramsci) en la sociedad civil-ampliada que deviene simultáneamente en sociedad política. Por ello, la “modernización” del Estado a cargo de las clases nacionales-populares, en perspectiva histórica, sólo puede realizarse como creciente disolución del Estado monopolio-coerción (el Estado-gobierno) y una creciente expansión y democratización del Estado-gestión y del Estado-decisión en la sociedad civil y de la sociedad civil en el Estado. ¿Acaso, en el horizonte, eso no es la producción democrática del socialismo, entendido como radicalización y socialización de la democracia en todos los terrenos de la vida, incluido la economía? Vistas así las cosas, el concepto gramsciano de Estado integral, como suma entre una relación óptima entre sociedad civil y Estado político, más la construcción de la hegemonía histórica de las clases conducentes de la sociedad, tiene una variante. Cuando el Estado integral lo realizan las clases sociales laboriosas y autoorganizadas de la sociedad civil es el tránsito largo pero posible a una naturaleza social del Estado al que los clásicos del marxismo le llamaron socialismo. La nueva Constitución Política del Estado es el programa de toda una generación para un Estado integral post neoliberal. Y en el horizonte a largo plazo, determinar si a la vez es el tránsito hacia una sociedad post-capitalista dependerá de la vitalidad, de las luchas y de la cohesión de las clases laboriosas y naciones indígenas. * Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 21:44:27 +0000
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