Chile: ”La Justicia chilena no cambió con la transición ni pidió perdón” A 40 años del Golpe Militar de Augusto Pinochet, el politólogo Manuel Antonio Garretón, entrevistado por Infojus Noticias, da un pantallazo sobre el pinochetismo y sus crímenes, la transición y los juicios de derechos humanos. Manuel Antonio Garretón es politólogo y sociólogo. Se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, y en 1983 obtuvo la beca Guggenheim. Desde 1994 es profesor titular del departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Después de la dictadura de Pinochet, coordinó los “grupos de emergencia de las Ciencias Sociales”. En esta entrevista con Infojus Noticias, da un pantallazo sobre la dictadura y sus crímenes, la transición y los juicios de derechos humanos, para entender cómo un país tan cercano a la Argentina tiene una sociedad aún tan dividida por la dictadura. -¿Cómo se gestó el golpe en Chile, en 1973? -La sociedad chilena en ese momento vivía un proceso de alta movilización y polarización. Los sectores que apoyaban a Allende se expresaban en la izquierda: hay que recordar que ya antes de esa época en Chile había una imbricación entre movimientos sociales y partidos políticos. Por un lado, la izquierda de la Unidad Popular y la de los sectores de fuera, que apoyaban al gobierno pero no eran parte de él. Por otro lado, la derecha estaba liderada por sectores más duros del Partido Nacional, pero también con grupos parapolíticos de terrorismo armado como Patria y Libertad, grupos claramente golpistas. El golpe militar expresó lo que se llamó “consenso de término” entre los militares: no estaba claro qué proyecto querían, sólo estaba claro que querían terminar con la Unidad Popular de Allende. Y a diferencia de países como Brasil o Perú, el proyecto político no surgía de ellos mismos: eran militares bastante primitivos e ignorantes. La incapacidad de la Democracia Cristiana para expresarse democráticamente hizo que la tarea de los militares fuera la eliminación de la Unidad Popular: eso quedó simbolizado en el bombardeo de la Moneda y en el suicidio -homicidio frustrado- de Allende. Hubo una especie de euforia de triunfalismo de sectores civiles que apoyaron el golpe que se expresó en el Champañazo de la noche del 11 de septiembre. Esto genera un clima de legitimación interna de la represión. Los militares, sin proyecto, tomaron el discurso más duro de Seguridad Nacional que hasta entonces no existía y se hizo hegemónico. -¿Cómo fue la transición democrática? -Hay que evitar el maniqueísmo de decir que, como el capitalismo mundial o la derecha chilena ya no necesitaban la dictadura, entonces se llegó a la democracia. La democratización como una estrategia de la dictadura. Aquí hubo un proceso de institucionalización de la dictadura. Con la constitución del ’80, que consideraba dos momentos: una primera constitución del ’80 al ’88 que institucionalizaba al régimen militar tal cual había sido instaurado, sólo que convertido en constitucional, con Pinochet como jefe de Estado y la Junta de Gobierno como Poder Legislativo. Un régimen militar puro. A partir del ’88, producto de la presión internacional, se establece en la Constitución que se pasa a un régimen de democracia que en términos técnicos es un régimen “autoritario no militar” con apoyo civil y poder de veto militar, en que el jefe de Estado seguía siendo Pinochet. Para pasar de una cosa a otra establecía un mecanismo con connotación democrática como un plebiscito, sólo que a partir de un solo nombre propuesto por la junta de gobierno. Si votaban que sí, se mantenía a Pinochet por 8 años más, y si no, se procedería a elecciones presidenciales al año siguiente. -¿Qué pasó después? -Después de mucho debate interno en la oposición, se llegó a la visión de que la única posibilidad de salir de la dictadura era ganar una elección. Así es como la institucionalización de la dictadura facilitó la salida de la oposición: en el momento en el que se ganaba el plebiscito, quedaba claro que la oposición sería gobierno. Por eso se produjo lo que no había habido en otro país del mundo: toda la oposición, salvo un sector pequeño pero importante del PC, entró al gobierno. Eso no pasó en España, Brasil ni Argentina. Pero para eso hubo negociaciones, entre el plebiscito y las elecciones, que significaron un cambio moderado de la Constitución y la irrupción de sectores de oposición que asumieron el gobierno. La conclusión es que era posible realizar transformaciones más profundas ganando elecciones. - ¿Cuál es la interacción entre la represión y el modelo económico que instauró la dictadura chilena? -La dictadura chilena fue exitosa en imponer un modelo neoliberal y no necesitó un Menem o un Cardoso. Hay que tomar en cuenta que el proceso “revolucionario” chileno era el más avanzado de toda América Latina. Se estaba en presencia de una sociedad movilizada sin mecanismos de resolución de conflicto: el Congreso había declarado ilegítimo al gobierno de Allende, al igual que la justicia. A esa altura, queda deslegitimada y sobrepasada la negociación, que era la forma tradicional de resolver conflictos, ya que Chile no había tenido dictaduras militares. El núcleo del programa socialista era la construcción de un sector estatal en la economía. En ese contexto, el Congreso sancionó una ley que reguló las expropiaciones. Allende la vetó, el Congreso insistió y no había cómo resolverlo, ya que el tribunal constitucional se declaró incompetente. Frente a esa situación, las fuerzas armadas dieron el golpe y el objetivo en un primer momento es estrictamente la estabilidad económica y el orden político. En Chile disminuyó el número de estudiantes universitarios, de empleados públicos, de obreros: un proyecto de largo plazo para disminuir el papel del Estado. Y eso sedujo a los militares. -¿Por qué? -Porque si disminuye el Estado, disminuye el reclamo y la política. Es la idea de la privatización total, de hacer regir toda la economía a partir de principios puros de mercado. Los sectores empresariales estaban tan ideologizados con su lucha contra Allende que no se dieron cuenta de que se trataba de un capitalismo sin capitalistas. Entonces muchas empresas quebraron y hubo un contacto con sector financiero internacional, que contaba con liquidez. Era la única forma de la dictadura de salir al exterior, que estaba deslegitimada en todo el mundo salvo en los sectores financieros. -¿Por qué tantos chilenos reivindican a Pinochet públicamente? -En el sistema político chileno, hasta el golpe se hablaba de tres tercios: el centro, la derecha y la izquierda. Pero no eran exactamente tres tercios. Hubo siempre una derecha que estuvo ligada al sector empresarial y al latifundiario. Que hizo política hasta el ’70 y que desde entonces se dedica a conspirar, pero que tenía el peso que no tenía en Argentina. Y no hay una derrota militar como la de Malvinas que tire abajo el gobierno: hay un plebiscito. Es un tiempo largo de 17 años que produce una institucionalización. Y hay una derecha construida para apoyar la dictadura, que es la Unión Democrática Independiente (UDI), el principal partido de derecha que en estos días acaba de elegir un candidato de las juventudes pinochetistas, Pablo Longueira. Pinochet obtuvo en el plebiscito el 44%. Es decir que llevó el voto de la derecha de un tercio al 44%. Y logró imponer una Constitución. No la reformó: sacó una nueva. Esa Constitución contó con el apoyo de los militares, de la derecha y es el marco que obligó a los partidos de la oposición, si querían llegar al gobierno y derrotar a Pinochet, a seguir con esa Constitución. Lo que consiguió hacer la oposición en el gobierno fue corregir el modelo económico, hacer reformas institucionales, pero todo eso no superó el modelo neoliberal ni el modelo institucional hecho para mantener el sistema. Ése es el gran tema de hoy. La sociedad chilena, por su sistema político, quedó dividida entre quedarse o superar el movimiento político. La sociedad argentina no es la sociedad de la dictadura, la brasileña tampoco. La chilena sí, y lo es en democracia. -¿Se intentaron juzgar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? -Ha habido juicios, sí, y están presos los altos jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la policía secreta de la dictadura. Y se intentó juzgar a Pinochet: se lo había desaforado y en eso estaban cuando se murió. La primera comisión, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a imagen de la CONADEP argentina, se hizo en 1990. Pero no tenía jurisdicción y no pasaron los casos al Poder Judicial, que no cambió con la transición. Hay militares condenados en cárceles demasiado privilegiadas, porque las Fuerzas Armadas mantuvieron al dictador como comandante en jefe durante 8 años más, hasta 1998. No son el Ejército derrotado de Argentina. Hasta 1997 se hicieron esfuerzos por juzgar, en un clima de impunidad que se empieza a romper con la detención en Londres de Pinochet. -¿Qué rol cumplió el Poder Judicial chileno? -Nunca pidió perdón, aun cuando ha mejorado mucho respecto de los juicios. Al día de hoy, por ejemplo, comenzaban los interrogatorios al general Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que habría sido el jefe de la Academia de Guerra Aérea cuando torturaron y asesinaron al padre de Michelle Bachelet, Alberto. Juicios ha habido. Por ejemplo al general Manuel Contreras, aunque la cantidad de presos es baja. Respecto del movimiento social, hay que decir en que toda la dictadura militar estuvo la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Hubo un movimiento de la comisión de derechos humanos y de la Iglesia Católica, ya que fue en ella donde convergieron los movimientos de derechos humanos. La diferencia con las Madres de Plaza de Mayo es que ellas se constituyen como símbolo porque no hay otra cosa. En Chile ese movimiento existió, lo que pasa es que además hubo un movimiento político y eclesiástico que lo canalizó, y a su vez jugó un papel importante la institucionalización de la dictadura para frenar esos juicios. argenpress.info Cuba: Marchan en La Habana hasta la Sección de EE.UU. en una jornada de "cintas amarillas" Cientos de personas marcharon hoy hasta la Sección estadounidense de Intereses en La Habana como parte de una jornada de "cintas amarillas" convocada para pedir la libertad de cuatro agentes cubanos presos por espionaje en Estados Unidos. René González, uno de los cinco agentes condenados por espionaje en 2001 y el único que ya está en libertad en Cuba, encabezó la manifestación que partió de la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y finalizó frente al edificio de la Sección de Intereses de Washington en Cuba (SINA). EFE Argentina: ONG argentina advierte que los efectos negativos de la megaminería empiezan ya desde el inicio de la explotación La representante de la Organización No Gubernamental (ONG) argentina Conciencia Solidaria, Mariela Silvestein, expresó a UNoticias los perjuicios que entienden que genera la actividad minera de gran porte como la que se piensa implementar en Uruguay. A la hora de enumerar los daños de esta actividad, Silvestein señaló aspectos relacionados con “salud, social, ecológicos y económicos” al tiempo que afirmó en relación a estos emprendimientos que “mucho daño se ha realizado al planeta y a las personas” además de “los animales “. Con respecto al trabajo que realiza esta organización argentina, su integrante respondió que “nuestra ONG trabaja para que se prohíba todo la megaminería a cielo abierto, a gran escala con uso de tóxicos y también la minería radioactiva”. Sobre la realidad de estas explotaciones de recursos en el vecino país, la activista remarcó que “hay muchísima tarea de los ciudadanos para que se frene la megaminería y la minería radioactiva, pero también por otro lado hay corporaciones voraces que están en complicidad con nuestros gobiernos nacionales, muchas veces también los provinciales y los municipales, que están ejerciendo sobre la ciudadanía una violación de derechos humanos altísima por que están reprimiendo a aquellos que nos oponemos”. Sobre las características de la ONG, Silvestein expresó que la misma tiene “representaciones en varias provincias argentinas” y unos 50 “voluntarios fijos”, aunque hay “muchísimos adherentes”. Por último, dijo que actualmente en Argentina hay unos 12 emprendimientos mineros de gran porte que comenzaron en la década de los noventa. Montevideo, Uruguay UNoticias LP México ignora a la ONU en derechos humanos El Gobierno Mexicano ha presentado un informe para el Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos, que ni es real, ni refleja que ha puesto en marcha las recomendaciones de Naciones Unidas que aceptó hace cuatro años. Durante el foro “México ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos” que tuvo lugar en el Senado de la República hace unos días, distintas organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional, realizaron una valoración sobre el informe que el gobierno mexicano presentó para el Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila regularmente el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU. En febrero de 2099, el Estado Mexicano aceptó 83 recomendaciones que servirían para mejorar el respeto a los derechos humanos y dejó ocho en espera. Dentro de un mes, México será evaluado nuevamente. Para ello ha elaborado un informe que, según Amnistía Internacional (AI), se caracteriza “por una grave ausencia de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos contra los derechos humanos en el país”. La mayoría de acciones reportadas se refieren a iniciativas de ley o proyectos que no han comenzado a operar, o que no han resultado eficaces para corregir la situación de graves violaciones de derechos humanos que se dan en el país. Aunque se han redactado algunas leyes, para Amnistía, esas iniciativas y proyectos son un paso importante, pero “si no se traducen en leyes y éstas a su vez en acciones efectivas por parte de las autoridades, difícilmente podrán poner fin a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México”, asegura Daniel Zapico, representante de Amnistía en México. La organización mostró especial preocupación sobre cómo presenta el Gobierno la reforma del fuero militar, porque lo muestra como un avance, aunque en la realidad las diferentes iniciativas que han tratado de realizar esta reforma han permanecido detenidas en el legislativo durante años. Esta reforma buscaría cumplir varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que obligan al Estado a mexicano a asegurar que sean procesados los integrantes de las fuerzas armadas que acusados de cometer abusos contra civiles. Serían la única forma de terminar con la impunidad que ha caracterizado a este tipo de agresiones. La verdad es que urge, y mucho, reformar el fuero, para acabar con las desapariciones de personas, principalmente. Hace escasamente un mes se supo que la Marina había detenido a cuatro jóvenes en el Estado de Tamaulipas… y hasta ahora. Dos de ellas eran menores de edad. La práctica habitual es detener, llevar a la gente a no se sabe dónde… y hasta nunca! Manifestantes piden la liberación de Alberto Patishtán. El caso Pathistán Lo comento, una vez más, como un ejemplo de la forma en que se pisotean los derechos de los ciudadanos mexicanos y de cómo no se imparte justicia en absoluto. Desde el año 2000, Alberto Patishtán, un profesor originario del municipio de El Bosque, en el Estado de Chiapas (es decir, indígena, y en México ellos se llevan la peor parte en cuanto a agresiones y violaciones a los derechos de las personas), se encuentra cumpliendo lo que Amnistía considera una sentencia injusta, resultado de un proceso judicial irregular en el que no tuvo la oportunidad de acceder a una defensa eficaz. Patishtán fue detenido y sentenciado a 60 años de prisión tras haber sido acusado de participar en una emboscada en la que fueron asesinados siete policías. Amnistía estudió el caso en su momento y observó serías fallas en el proceso, pues se ignoró la evidencia que indicaba que Patishtán se encontraría en otro lugar al momento de la emboscada, al tiempo que se tomaron en cuenta testimonios contradictorios con los que se le acusaba. A pesar de las múltiples reclamaciones de Amnistía y de otras organizaciones de derechos humanos, así como de numerosos grupos de personas que solicitan su libertad, incluso con marchas de protesta, este hombre sigue en la cárcel. En un nuevo intento de obtener su libertad, el pasado día 10 de este mes, Amnistía entregó más de 16.000 firmas al Consejo de la Judicatura Federal para que se resuelva el asunto. Mediante esta petición también hizo un llamamiento a que se tomen las medidas necesarias para reformar el sistema de justicia, de tal forma que casos como el de Alberto Patishtán no vuelvan a ocurrir. Hoy, día 12, se está a la espera de que tribunal de Tuxtla (Chiapas) y de los tres magisterios se pronuncien y concedan la libertad a Patishtán. Fallos y más fallos Pero, desgraciadamente, volverá a ocurrir. Que los estamentos mexicanos no protegen a nadie, está más que comprobado. El año pasado se aprobó el Mecanismo Nacional para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Da igual. Hace unos días por poco matan a Vicente Moreno Domínguez, de Coyotepec, Estado de México, a pesar de que este hombre cuenta con una orden de protección desde el pasado mes de julio. Tres personas se presentaron en su casa, llamaron a la puerta, dijeron ir de parte del alcalde del pueblo… y cuanto abrió la puerta le asestaron varias puñaladas. ¿Dónde estaba el “mecanismo de protección”? Es puro papel, sin más. El caso lo ha denunciado el director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara. Que no protegen y que, incluso, abusan de su autoridad, lo saben muy bien defensores y periodistas, quienes intentan hacer su trabajo y se ven coaccionados, agredidos y acusados injustamente. La lista de nombre sería interminable. Día sí y día también nos enteramos de casos que suceden por todo el país. Ya no se puede hablar de Estados concretos. Es general. Oaxaca es peligroso, como lo es Nuevo león, Tamaulipas, el Estado de México, Chihuahua, Chiapas… Que nombren uno en el que los ciudadanos estén a salvo de la violencia. Me temo que es imposible. Y cada día surgen nuevos grupos de autodefensa, porque los “defensores” del orden, no solo no defienden, sino que colaboran con los grupos criminales. Uruguay: Jueces no pedirán perdón y defienden acción en dictadura A diferencia de lo ocurrido en Chile, la Asociación de Magistrados del Uruguay no prevé realizar un pedido de perdón por la actuación de los jueces durante la pasada dictadura. "Como presidente de la Asociación de Magistrados no me planteo que se tenga necesidad de pedir disculpas por hechos en los que no se tuvo arte ni parte", dijo el ministro de Tribunal de Apelaciones, Rolando Vomero. La pasada semana, una asociación de jueces de Chile emitió una declaración en la que pidió perdón por la actuación de la Justicia chilena en dictadura, pues no protegió "a quienes fueron víctimas del abuso estatal". Días después, la Corte Suprema de Justicia de Chile reconoció omisiones durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando rechazó miles de recursos de amparo a favor de las víctimas, pero se abstuvo de pedir perdón cuando se conmemoran los 40 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende (ver página A2). El ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak, coincidió con Vomero en que "la Justicia militar operó durante todo el período". "Seguramente por desconfianza hacia el Poder Judicial, el poder militar de la época pasó toda la materia que hoy se llamaría de derechos humanos a la órbita en la que confiaba, que era la justicia militar", dijo. El presidente de la gremial de los fiscales, Juan Gómez, dijo que no fue magistrado durante la dictadura "por lo que no podría contestar la pregunta". Agregó que a nivel de la Asociación de Fiscales el tema no está planteado. Vomero afirmó que en Uruguay, el Poder Judicial "no tuvo intervención alguna en los casos de derechos humanos por la sencilla razón de que todo ese tema pasó a la Justicia militar y por algo fue, porque no querían que hubiera protección". El exmagistrado Daniel Echeverría -quien fue juez de instrucción entre 1969 y 1976- dijo que "los jueces de esa época no tenemos que hacer nada semejante a los chilenos. En lo que está en mi conocimiento no supe de flaquezas ni de claudicaciones". Cuando los casos de detenciones y violaciones a los derechos humanos pasaron a la Justicia militar no era posible para los jueces intervenir, relató Echeverría. "Ni siquiera nos daban cuenta", comentó. "Una farsa". Ignacio Errandonea, miembro de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desparecidos, consideró que "sería una farsa" que el Poder Judicial pida perdón "por lo que no hicieron durante la dictadura, cuando siguen sin hacerlo". Por eso consideró que "más que pedir perdón, la Suprema Corte de Justicia tiene que ponerse al día con la legislación internacional, investigar y juzgar a los criminales" de la pasada dictadura. En tanto, Baldemar Taroco, de Crysol (organización que nuclea a expresos políticos durante la dictadura) dijo que "sería muy bueno que (los magistrados) asumieran las actitudes que han tenido, como por ejemplo miembros de la Suprema Corte de Justicia que fueron jueces durante la dictadura, cuando se encontraron con cuerpos y no hicieron nada". Agregó que "está pendiente un pedido de perdón del Estado", ya que solo hubo uno por el caso Gelman" debido a una sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. "El Uruguay no ha pedido disculpas como lo hizo (el general Martín) Balsas en Argentina, (el expresidente) Ricardo Lagos en Chile y (el expresidente, Fernando) Lugo en Paraguay. Acá no ha pasado nada de eso", sostuvo Taroco. Jueces en Berlín. En 1974, ya en dictadura, la Justicia Militar derivó a la Justicia Civil un caso de 23 aduaneros acusados de hurto. Echeverría intervino y tras no encontrar pruebas del delito dispuso la liberación. Un general los mantuvo detenidos en dependencias militares, hasta que otra magistrada ratificó la decisión de Echeverría y los liberó. Un reconocido abogado y exministro de la Suprema Corte encontró a Echeverría días después y tras darle un abrazo le dijo la vieja frase atribuida al rey de Prusia Federico II, el Grande: "Todavía quedan jueces en Berlín". Venezuela abandona Corte derechos humanos La salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se concretó este martes, ha generado posiciones encontradas entre el gobierno, organizaciones humanitarias y entes internacionales, mientras activistas advierten que la situación enciende las alarmas sobre este país. Entre preocupación y dudas fue recibida el martes por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y algunas organizaciones humanitarias locales e internacionales, la denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acción que se concretó en esta fecha luego de un año de preaviso. El canciller Elías Jaua desestimó el martes los cuestionamientos a la decisión del gobierno, e instó a la Corte y la Comisión a que rectifiquen y se coloquen "al servicio de los derechos humanos de los más humildes de este continente", y "no de las corporaciones mediáticas, no de los grandes grupos económicos, no de los sectores políticos de la derecha". Jaua dijo en conferencia de prensa difundida por la televisora estatal, que la Corte y la Comisión han tomado en los últimos años decisiones contra el gobierno venezolano, y sostuvo que la mayoría de los casos que conocen esas instancias sobre Venezuela son de "actores políticos", "terroristas" y "corruptos". "La mayor garantía para los derechos humanos del pueblo venezolano es la revolución bolivariana", indicó el canciller al asegurar que las autoridades venezolanas están comprometidas a "redoblar nuestros esfuerzos por fortalecer la protección" en materia de derechos humanos. La decisión del gobierno dejó a Venezuela fuera de la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en San José, Costa Rica, que ya no estará facultada para conocer cualquier caso de violación de derechos humanos que ocurra en el país a partir del 10 de septiembre, pero deja abierta la opción para que cualquier denuncia sea llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basada en Washington, que podrá dictar medidas cautelares de protección. Venezuela y Trinidad y Tobago son los únicos países miembros de la OEA que han denunciado la Convención Americana. Trinidad y Tobago salió de la tutela de la Corte en mayo de 1999 luego de cuestionar algunas sentencias del organismo sobre la aplicación de la pena de muerte en ese país. La Organización de Naciones Unidas se convierte ahora en la principal opción que tendrán las víctimas y sus familiares para llevar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, reconocieron activistas consultados por la AP. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos manifestó el martes su preocupación por la denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos, y exhortó a las autoridades locales y el resto de los países de la región a seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos fundamentales. El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Rupert Colville expresó, en un comunicado que fue emitido desde Ginebra, que la medida adoptada por Venezuela tendrá un impacto "muy negativo" en la situación de los derechos humanos en el país y la región, y urgió al Ejecutivo venezolano a no tomar ninguna medida que debilite la protección de los derechos humanos. La Comisión dijo el martes en un comunicado que "ello va en detrimento de la protección de los derechos humanos de los y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección". La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas manifestó en un comunicado que la decisión de Venezuela representa un "retroceso para la protección de los derechos humanos en la región", y recordó que la denuncia de la Convención Americana está precedida en los últimos años por un "incumplimiento de la mayor parte de las sentencias y medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana". La directora de la ONG local Comité de Familiares y Víctimas del 27 de febrero de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, afirmó que la decisión venezolana "coloca altavoces al tema de derechos humanos sobre Venezuela", y dijo a la AP, en entrevista telefónica, que el cierre de la opción de justicia de la Corte viene a "acrecentar el déficit institucional" en Venezuela. Ortega señaló a partir de ahora la ONU tendrá una "doble responsabilidad sobre Venezuela porque al cerrarse está opción de justicia de la Corte Interamericana creo que Naciones Unidas va a tener que poner mucho mayor atención y las ONG tendremos que acudir más a Naciones Unidas". Los periodistas de Associated Press, Luis Alonso Lugo, en Washington, y Frank Bajak en Lima, contribuyeron para esta nota. AP
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 19:22:45 +0000
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