Como decía Jesús Gil, en España se sale antes de la cárcel que de pobre SI Jesús Gil y Gil hubiese vivido para conocer el desenlace del caso Malaya, la formidable trama de corrupción urbanística que él mismo puso en marcha en la Costa del Sol, habría ratificado la convicción que formulaba sin complejos, en términos tan crudos como inequívocos: «Se sale antes de la cárcel que de pobre». No cabe la menor duda. Como decía el que fuera alcalde de Marbella, en España se tarda mucho menos en cumplir condena por robar al contribuyente que en amasar una fortuna equivalente empleando medios lícitos y honestos, como por ejemplo trabajar. Lo que significa que robar desde el poder es y siempre ha sido muy rentable. Malaya es sólo la punta del iceberg, la llaga purulenta de una peste que en los años del boom inmobiliario corrompió hasta los cimientos de la Administración local y autonómica, extendiéndose por toda la geografía española: «Tú me pagas, yo te recalifico y miro hacia otro lado si te saltas la normativa». Es un nombre entre cientos; probablemente el paradigma de una práctica que hizo ricos a incontables cargos electos carentes de más méritos que el de haber sabido arrimarse a la política en el momento y lugar oportunos, a la vez que destruía para siempre la mayor parte del litoral mediterráneo, entre otros enclaves irrecuperables de nuestro territorio. Un ínfimo porcentaje de esos turbios tejemanejes ha salido a la luz y llegado a los tribunales. La mayoría duermen el sueño de los prevaricadores impunes. Pero incluso cuando, por un feliz azar, se ha podido tirar del hilo hasta desenredar la madeja, como en el asunto que nos ocupa, las penas impuestas han resultado ser tan bajas que incentivan la comisión del delito en lugar de disuadir. Entre la mitad y un tercio de lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción, empeñada en vano en conseguir una sentencia ejemplar. Un fracaso en toda regla para la causa de la Justicia, violentada de nuevo por la constatación de que en un país de pícaros, como el nuestro, cumplir las normas equivale a ser idiota. Malaya se ha saldado con cuarenta y tres absoluciones de las noventa y cinco personas imputadas, ninguna repercusión en la Junta de Andalucía, donde el PSOE gobernante no se enteraba al parecer ni de los ERE fraudulentos, ni de las barbaridades urbanísticas, ni de nada, y unas multas multimillonarias que nadie pagará jamás. Porque nada hay más libre que el dinero en este mundo globalizado, donde una buena cantidad de billetes encuentra siempre una puerta abierta y alguien dispuesto a recibirlo sin preguntar por su procedencia. De ahí que el fiscal pidiera prisión, como único castigo eficaz ante la magnitud del latrocinio perpetrado. Pues no. Sus señorías han considerado oportuno trocar severidad por benevolencia, con la correspondiente frustración para quienes pagamos la factura, que somos los mismos de siempre; los «leales paganos de impuestos», abrumados por una carga fiscal cada día más insoportable. No pongo en duda la probidad de los jueces que han pronunciado este fallo. No soy jurista ni lo pretendo. Sí subrayo que, una vez más, la Ley se muestra más laxa con quienes delinquen desde la política que con el resto de los mortales. Lo vimos con el caso Pepe Blanco, diluido hasta la nada al llegar al Supremo. Lo vimos en la misma instancia con Jaume Matas. Es como si la prevaricación, el tráfico de influencias, el cohecho o la malversación a gran escala fuesen más aceptables que el atraco o el hurto, cuando debería ser todo lo contrario si es que pretendemos salvar lo poco que queda de confianza ciudadana en el sistema democrático por el que nos regimos.
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 05:45:40 +0000
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