Dice que «el final de la instrucción no está lejos» y pide «calma» y respeto al «trabajo de unos pocos incansables» La juez de Sevilla instructora del fraude de los ERE, Mercedes Alaya, contestó ayer a la petición de la Audiencia de Sevilla para que motivase la imputación de la ex consejera andaluza y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Y lo hizo en forma de un contundente auto en el que cita de nuevo a declarar a Álvarez el próximo 7 de noviembre y motiva su imputación. Para ello, en un extenso auto, reproduce los argumentos que formuló el pasado 8 de octubre cuando acudió a declarar al Juzgado por primera vez. Alaya recuerda que la responsabilidad de introducir las transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en el presupuesto de la Consejería de Empleo, para después ser dedicado a dar subvenciones, fue de esa mismo departamento y de la Consejería de Hacienda. La magistrada insiste en que año tras año la Consejería de Hacienda presuntamente tuvo que conocer cuál era el objeto del programa 31L de la Consejería de Empleo. Es decir, primero la concesión de subvenciones; segundo, que estas ayudas eran otorgadas por la Consejería titular del programa y no por el IFA/IDEA; y tercero, que las subvenciones se concedían a través del uso inadecuado de las llamadas transferencias de financiación. Pero la juez también contesta a la Audiencia –que había expresado reservas sobre los motivos jurídicos de la imputación de Álvarez– asegurando que está convencida de que la mayor parte de la causa «es inescindible». Además, Alaya anuncia que « el final de la instrucción no está lejos, más bien lo contrario», aunque advierte de que este período de tiempo será «corto pero intenso». De hecho, Alaya avisa de que queda «un trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse, sino por los contenidos que han de incorporarse para completar la investigación, a fin de determinar el grado de participación delictiva que pudieran haber tenido algunos aforados». Por ello asegura que debe continuar con el calendario de declaraciones y estudiar los informes que vayan llegando, entre los que cita atestados como el de la Sierra Norte, tras lo cual habrá « una diligencia de informe final». «Este equipo, ellos y yo, necesitamos calma para afrontar esta última etapa, para encajar los cambios que puedan producirse en la instrucción y poder culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años unos pocos incansables». En cuanto a la responsabilidad del Parlamento apuntada como tesis por la Junta andaluza –todos los parlamentarios serían igual de responsables que Magdalena Álvarez al haber votado los presupuestos–, la juez la da por descartada totalmente. Para ello, argumenta Alaya, habría que presuponer a los parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más propio de un experto. Por ello centra la responsabilidad en Álvarez.
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 23:56:32 +0000