EDITORIALviernes 2 de agosto de 2013 Diputados manipula una ley para favorecer a las municipalidades En teoría, la elaboración de toda ley parte del principio de establecer reglas de juego claras en beneficio de todos. Por lo tanto, cuanto implique favorecer intereses mezquinos que crean malestar y, en vez de resolver los problemas atinentes a la materia sobre la cual se legisla, los aumentan, está fuera de lugar en un Parlamento que debe manejarse con base en criterios que eviten suspicacias. Imprimir Email Agrandar Achicar La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial es un instrumento legal que los legisladores le debían hace rato al país, para unificar normas dispersas, tanto de carácter nacional como relacionadas a los municipios. Lo que se esperaba es que pusiera fin a los conflictos de intereses, que marcara límites precisos y, sobre todo, que fuera un instrumento eficaz para que los ciudadanos circulen con mayor tranquilidad por rutas nacionales y caminos vecinales. Una de las situaciones que debían haber tenido carácter legal inequívoco es la dualidad de criterios existente con respecto a la autoridad legalmente habilitada para intervenir cuando se trata de vías nacionales que pasan por pueblos y ciudades. Hasta ahora, la Policía Caminera y algunos municipios están en disputa, porque la primera alega que pertenecen íntegramente a su jurisdicción y los segundos, que, a nivel local y puntual, ellos son los que establecen el control y las sanciones. La ley, sin posibilidad de discusión alguna, debió poner punto final al conflicto y establecer claramente si la Caminera es la que interviene en la extensión total de las rutas o si esa potestad queda anulada en territorios municipales urbanos. Una desprolijidad de Diputados es la que evita resolver con claridad y sin cuestionamientos ese punto trascendente. Cuando la Cámara Baja trató el artículo 7 de la Ley, que del Senado llegó redactada así: “La competencia en las rutas nacionales y departamentales, así como en los ramales y caminos vecinales que atraviesen los municipios, corresponderá a la Patrulla Caminera”. Los diputados modificaron este párrafo del siguiente modo: “... que no atraviesen las áreas urbanas de los municipios”. Cambiaron radicalmente el sentido del principio. Por negligencia imperdonable o con intención aviesa, los diputados reenviaron a la Cámara Alta la ley, sin el “no” que habían introducido. El Senado volvió a aprobar lo que le fue reenviado y lo devolvió a Diputados, donde ayer la despacharon favorablemente, con el agregado de la prohibición de que la Patrulla Caminera —nombre que ahora tiene la Policía Caminera— tenga jurisdicción en las áreas urbanas, argumentando que las actas confirman esta redacción. Aquí se creó una situación que no fue salvada: los senadores no se expidieron en relación a su contenido. Así, la mayoría de los diputados consagraron su intención de cercenar atribuciones a la Caminera y favorecer a los municipios. Y desnudaron, en el mejor de los casos, un error del que, al percatarse ayer, tuvieron que haber buscado la forma de subsanarlo. Esto que parece anecdótico refleja, una vez más, la irresponsabilidad de los parlamentarios, que con tal de favorecer los intereses que defienden, pisotean las normas. Amparan la ambición recaudatoria de los intendentes, sin establecer siquiera que parte de los ingresos obtenidos sirva para cooperar con la Patrulla Caminera para ofrecer mayor seguridad vial. Con este antecedente, al Ejecutivo solo le queda la opción de rechazar la ley.
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 12:10:05 +0000
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