EL ACUERDO YPF-CHEVRON: algunos apuntes para el debate entre las fuerzas populares. El pasado 16 de julio se dio a conocer públicamente el contrato entre YPF y la petrolera de origen estadounidense Chevron. Esta última invertirá 1240 millones de dólares para la exploración y explotación de petróleo y gas no convencionales en 395 km2 de los yacimientos de Vaca Muerta (Neuquén). El objetivo de esta inversión es alcanzar una producción de 50 000 barriles de crudo y 3 millones de m3 de gas por día. Mucho se ha hablado estos días acerca de que la Argentina no resigna soberanía ante este contrato, ya que el fin es abastecer el mercado interno para fortalecer el desarrollo productivo nacional, y la “renta” quedaría dentro del país…… Pero….. ¿quién impuso las condiciones en la negociación del contrato? ¿Existe algún prurito que explique por qué no se ha dado a conocer públicamente el contrato? ¿La propia YPF tuvo que aceptar inexorablemente las pautas del acuerdo o podría haber recorrido otro camino? El 15 de julio, tan sólo un día antes de la firma del acuerdo y sin mucho disimulo, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 929/2013, el cual estableció el Régimen de promoción de inversiones para la explotación de hidrocarburos. Allí se determinó que cualquier empresa que realice una inversión de al menos mil millones de dólares en un proyecto hidrocarburífero podrá comercializar en el mercado internacional sin retenciones el 20% de lo producido a partir del quinto año. Por otro lado, tendrán la capacidad de disponer libremente del 100% de las divisas generadas por la producción exportada, sin obligación de liquidarlas en el país (cuando bajo la legislación anterior solo podían disponer del 30% de dichas divisas). Asimismo, la nueva reglamentación impuso modificaciones al tiempo de concesión de los yacimientos. Anteriormente, los 25 años que se establecía como período en que se concesionaba las áreas de explotación, podían renovarse por 10 años más mediante un pedido realizado 6 meses antes del vencimiento contractual y luego de una evaluación que permitiese comprobar si existían elementos que fundamentaran la prolongación del contrato. Ahora, a partir del decreto la concesión será por el período de “25 años al que se podrá adicionar en forma anticipada y simultánea con la nueva concesión la extensión del plazo de 10 años”. Esto significa que por decreto se extiende el plazo para la explotación del yacimiento por una década más sin saber si la actividad de Chevron cumplirá con los requisitos necesarios, fortaleciendo los “derechos adquiridos” por dicha transnacional. Según los términos del contrato entre YPF y Chevron que se han dado a conocer, ajustados a las normas establecidas por el decreto 929, Chevron podrá exportar ese 20% de la producción siempre y cuando exista el autoabastecimiento en territorio nacional. Sin embargo, si esto no sucediera, deberá compensarse a la petrolera estadounidense con la diferencia entre el precio con que vende sus hidrocarburos en el mercado nacional y el precio internacional, el cual nadie cree que pueda ir hacia la baja y se supone que será mayor a lo que se pague en el mercado argentino. Esto implica la garantización de la apropiación de la renta extraordinaria por parte de Chevron que se realizaría con el 20% exportable. Otro punto relevante en el que se puede observar una cesión de soberanía es el referido a la forma de resolución de controversias entre las partes, ya que se reitera el sometimiento a los tribunales extranjeros, dándole continuidad a la institucionalidad establecida por el neoliberalismo a través de los Tratados Bilaterales de defensa de las Inversiones externas (TBI). En este sentido, tenemos muy cercanos los acontecimientos en relación al pedido de los fondos buitres para el pago de la deuda por parte del estado nacional, a partir de la cual la Argentina depende de la decisión que se tome en los tribunales de los Estados Unidos respecto del pago de una cuantiosa suma de dinero. Por su parte, se ha señalado a la cuestión de la tecnología como un aspecto justificatorio del acuerdo, esgrimiendo que el país no posee el know-how necesario para poder desarrollar la explotación de los yacimientos no convencionales. Siguiendo esta linea de pensamiento, este hecho obligaría a YPF a asociarse con una empresa transnacional como Chevron, que posee el monopolio de las técnicas de extracción de hidrocarburos no convencionales, el ya conocido fracking. Sin embargo, y tal como señaló Enrique Mario Martínez (ex director del INTI y militante del Movimiento Evita) esta situación no obliga a que se tenga que hacer una asociación con el capital petrolero transnacional en el que se repartan el 50% de las ganancias, ya que YPF simplemente podría haber contratado los servicios de Chevron para la explotación de dichos yacimientos y a partir de allí adquirir el acceso a dicha tecnología. A esto se suma que ya hoy en día en Argentina se están produciendo 10 000 barriles diarios de petroleo no convencional, lo cual sirve como muestra de que no se depende de un acuerdo de estas magnitudes con Chevron para conseguir esta tecnología. Visto desde este lugar resulta una ganancia excesiva para la petrolera yanqui además de un acondicionamiento de los términos del acuerdo a sus requerimientos. Asimismo, la imposición de la técnica del fracking es otra muestra del imperio de la lógica del capital transnacional y concentrado. Se sabe, aun cuando se suele confundir desde visiones economicistas y productivistas, que la técnica no es neutral, sino que responde a ciertas necesidades, las cuales en este caso son las del capital petrolero encarnado en Chevron. Esto significa la mayor ganancia, en el menor tiempo posible y sin considerar como una cuestión de primer orden el impacto ambiental que la utilización de esa técnica provoque. Recordemos que el fracking o fractura hidráulica, implica la perforación, tanto vertical como horizontal, a grandes profundidades y la explosión de roca madre mediante la utilización de grandes cantidades de agua y arena junto a un cóctel de entre 200 y 400 químicos. No sólo contamina el agua utilizada y las napas, sino que destruye ecosistemas y se ha demostrado que puede provocar sismos. La continuación de la matriz energética en base a residuos fósiles, característica de esta etapa del capitalismo global bajo dominio del imperialismo norteamericano y la cual se ve profundizada con estos acuerdos, no encuentra contrapartida en el desarrollo de tecnologías y fuentes de energía alternativas. En este sentido, resulta preocupante que en el plan de desarrollo prospectivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, no se encuentre ninguna mención a la investigación para el desarrollo energético que nos permita encontrar alternativas al modelo de los hidrocarburos. Se puede entender que la urgencia exija medidas de corto plazo, necio sería negarlo, pero resulta difícil comprender que no se avance en el desarrollo científico-técnico de largo plazo para salirse de la matriz hidrocarburifera, así como que no se comience a establecer un cambio cultural que deje de lado la lógica del consumo irresponsable y de derroche de energía. Otro argumento sostenido fue el hecho de que no se poseía el capital suficiente para avanzar con las inversiones requeridas para la concreción del proyecto. Sin embargo, YPF luego de su nacionalización parcial propuso un plan de inversiones de 37500 millones de dólares, dividido en tres grandes itéms: por un lado, la reinversión de utilidades obtenidas durante la gestión de negocios, por otro, la venta de bonos en el mercado nacional y, por último, el arribo de inversiones extranjeras. Este último punto equivalía solamente al 12% de la inversión total, es decir alrededor de 4500 millones de dólares. Ahora bien, no era posible conseguir esos fondos de otra manera que no fuese mediante la asociación con transnacionales extranjeras. Acaso la posibilidad de vender acciones sin derecho a voto con una tasa de retorno mínima garantizada con relación al valor de la acción original, actualizada por la paridad cambiaria, ¿no tendría una importante recepción?. Por otro lado, señalemos algunos datos que quizás sirvan para dimensionar. El estado argentino en 2006 le pagó al FMI casi 10 000 millones de dólares y, por su parte, el Fondo de desendeudamiento del 2010 era de más de 6500 millones de dólares, ambas cantidades provenientes de las reservas y dedicadas al pago de una deuda viciada de irregularidades que exigen se revea su legitimidad1. Para pagar la deuda la plata está, pero para fortalecer el desarrollo energético nacional no. Eso no es pragmatismo sino una definición política estratégica. ¡Ojo! nadie dice que no se pague la parte de la deuda que se encuentre dentro de los marcos legales, sino que si se hubiese hecho una auditoria que pusiese blanco sobre negro respecto de lo que verdaderamente se debe, seguramente se hubieran tenido los fondos suficientes no solo para invertir en YPF sino también en otra gran cantidad de necesidades de la patria. También es necesario recordar que Chevron sufría desde el año pasado un embargo sobre los activos que tiene en el país, por algo más de 19 000 millones de dólares, a raíz de un pedido de un magistrado ecuatoriano, en el marco de una demanda realizada por comunidades indígenas de Amazonia contra la petrolera estadounidense por daños medioambientales, en el período 1964-1990 (Página 12, 8/11/2012). A fines de mayo, y en medio de las negociaciones del acuerdo entre YPF y Chevron, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció por el levantamiento del embargo, llevando la causa a la última instancia decisoria, la Corte Suprema de Justicia. Fue así que el 4 de junio, la “corporativa” Corte decidió por unanimidad revocar el fallo que establecía el embargo, dejando liberada a Chevron y sin resarcimiento a las comunidades ecuatorianas que sufrieron un terrible desastre ambiental en sus territorios. Es innegable que el Estado posee mayores grados de intervención en el mercado petrolero a partir de la nacionalización parcial de YPF y que esto no es ni de cerca la misma posición que se tenía con el dominio de Repsol. Sin embargo, este acuerdo, y muy posiblemente los que lo continúen, no deja de ser subsidiario de un modelo productivo y de desarrollo del capitalismo en este momento histórico, sin que se busque generar una modificación de la matriz productiva que nos permita alcanzar la tan mentada segunda y definitiva independencia. Porque por más estado fuerte que se construya, si la dirección de ese estado no busca modificar la matriz productiva del país, la dependencia del capital transnacional seguirá dominando. Hoy por hoy, se nos impone una concepción productivista y extractivista que no rompe con las lógicas e imposiciones del capital transnacionalizado y concentrado, dejando en un segundo lugar las necesidades de las enormes mayorías populares y del mismísimo planeta tierra que, parafraseando a un reconocido periodista de Telesur, es la única nave que posee la humanidad para navegar por el universo. A fin de cuentas en estas lineas quisimos demostrar que el camino de la asociación con Chevron no era inexorable y que aún cuando las diferencias respecto a la gestion de Repsol son notorias y progresivas, es ingenuo, como mínimo, presentar el acuerdo con Chevron como un acontecimiento en el que no se esta cediendo soberanía. Los agoreros neoliberales y privatistas que ahora se rasgan su recien comprado ropaje reciclable de defensores de la nacionalidad, merecen nuestro principal rechazo. Sin embargo, lo anteriormente escrito esta orientado para la discusión entre las fuerzas de lo que suele denominarse el campo popular, y sin la mínima intención de “hacerle el juego a la derecha”, sino pensando en la inevitable necesidad de construir el juego propio de las fuerzas populares. SUR GLOBAL Producciones (Gerardo Leclercq, Germán Riesen y Marcelo Righetti)
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 04:31:14 +0000
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