EN UNIAMAZONIA URGE DEBATE ACLARATORIO Por MELISSA AVENDAÑO T. Página Internet Caquetá Con la difusión del articulo titulado ´La ley de la jungla´, publicado en una revista de circulación nacional, donde se ponen de manifiesto una serie de irregularidades al interior del plantel administrativo de la Universidad de la Amazonia, que vinculan a ciertos directivos con sectores de la mafia y el paramilitarismo, en 17 procesos presentados y cursados ante la Procuraduría y la Fiscalía, la comunidad en general pide que se aclare el asunto. Pese a que las denuncias no son nuevas, el hecho de que el equipo periodístico de un prestigioso medio de comunicación escrito, haya viajado a Florencia y recopilado la información necesaria para poner en la picota pública la integridad moral y ética de quienes comandan la institución educativa con mayor proyección del sur del país, la misma que maneja 19 mil millones de pesos al año y atiende cerca de seis mil 500 estudiantes, ha preocupado a la sociedad caqueteña, que tristemente se ve expuesta y comparada con otras zonas del país donde los dineros ilícitos y poder armado, han permeado todas las esferas. De acuerdo con la investigación de la publicación, la hija de Luis Eduardo Torres, rector del ente educativo, Nancy Liliana Torres Motta y su esposo Robinson López, estuvieron implicados en la compra de embriones efectuada en Uruguay, que permitió el lavado de 1,3 millones de dólares de la organización del narcotraficante Luis Enrique Micky Ramírez. A su vez, el escrito afirma que la elección del catedrático como máximo directivo del plantel fue fraudulenta, puesto que Torres acreditó una experiencia que no tiene, además de que hay jefes de programa que tienen lazos en primer y segundo grado de consanguinidad con miembros del Consejo Superior del alma mater. Entre otras tantas acusaciones se mencionan, la utilización indebida de predios cedidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Universidad para fortalecer sus programas agropecuarios. Implicaciones que Torres califica como desafortunadas, que carecen de fundamento, fomentadas por personas que discrepan de su administración y desconfían de su idoneidad para ejercer el control del plantel. Según el docente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de Bogotá, falló a su favor en lo correspondiente a su elección como rector. Referente a las sindicaciones en contra de su hija y yerno, así como a las que vinculan su administración con recursos provenientes del narcotráfico, el directivo indicó que se abstiene de refutarlas y las deja en manos de las autoridades competentes, que son quienes tienen que comprobar si ellos han salido del país, a dónde lo han hecho y por qué motivo. Ante la negativa de Torres a rebatir los señalamientos con argumentos de peso, para contrarrestar los efectos que sobre la imagen del departamento y la Universidad han ocasionado las revelaciones, los estudiantes, el profesorado y la ciudadanía en general reclaman en las calles conocer la verdad. Estamos dispuestos a convocar a la comunidad que ha visto la gestión que desde la dirección de la Institución hemos venido gestando y los logros que hemos alcanzado, en infraestructura, en el desarrollo de los programas académicos y en la acreditación de los mismos, para aclararle cualquier duda que tenga al respecto declaró Torres. Hasta antes de conocerse la publicación, la aspiración de Luis Eduardo Torres de continuar en el cargo en el próximo periodo, sonaba fuertemente en los pasillos del alma mater. Por su parte, Luis Jaime Barco García, gerente del Banco Popular en Florencia, a quien Torres señala como coautor del escrito, que a su parecer, tiene el fin de socializar sus diferencias personales, dijo que en ningún momento fue contactado por el equipo periodístico del medio que realizó la investigación. De igual forma, Barco reconoció que el 31 de enero de 2004, durante un consejo comunitario en Florencia, informó al presidente Álvaro Uribe sobre lo que estaba sucediendo en la universidad, ante lo cual el mandatario de inmediato pidió una investigación, que a la fecha no ha arrojado resultados. El gerente de la entidad bancaria, que hasta hace un par de años era docente de Uniamazonia y pertenecía al Consejo Directivo de la misma, manifestó su preocupación por las indicaciones que le hace el rector y que lo pueden convertir en blanco de atentados, por la gravedad de los temas tratados. Barco explica que su interés en que los caqueteños conozcan a ciencia cierta el manejo que se le ha dado en los últimos años al plantel y que tienen a Alberto de Jesús Valencia Granada, ex directivo prófugo de la justicia y al ex rector Óscar Villanueva Rojas, quien aún no ha definido su situación ante las autoridades por los delitos de falsedad en documento y peculado, va más allá de lo personal y abarca el sentido de pertenencia por las instituciones que son insignia de la región. Tanto, el representante del Banco Popular, como la sociedad caqueteña, quedan a la espera de conocer los fallos y el desarrollo de los 17 procesos que dice la publicación que hay presentados y cursados ante la Procuraduría y la Fiscalía, que vinculan a parte de los directivos de la Universidad, del mismo modo en que aguardan que se facilite el espacio apto para debatir y comprobar las denuncias.
Posted on: Fri, 22 Nov 2013 01:41:19 +0000
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