Editorial Crímenes ambientales La Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, impuso la semana pasada una multa de un millón de dólares a la constructora P&H Ingenieros por talar ilegalmente un centenar de árboles en un proyecto urbanístico en esa zona. La empresa en cuestión también ha amenazado con desalojar a familias humildes que han habitado esas tierras de la Cordillera El Bálsamo durante décadas. La actuación de P&H Ingenieros confirma la flagrante impunidad con que se cometen los crímenes ambientales en el país y la negligencia cómplice de las autoridades correspondientes: Ministerio de Medioambiente que lo permite, Fiscalía que no investiga y Corte Suprema de Justicia que no instala los tribunales ambientales establecidos por la Ley de Medioambiente en 1998. Por esa permisividad estatal se cometieron y quedaron impunes graves crímenes ambientales como la depredación de la Finca El Espino, zona de recarga acuífera considerada el “último pulmón de San Salvador” que sucumbió ante la ambición económica de las oligárquicas familias Dueñas y Poma. Según publicaciones periodísticas, un prominente miembro de estas familias, el mega empresario Ricardo Poma, es el principal financista de la campaña del candidato presidencial arenero Norman Quijano. Esa inacción de las instancias públicas deja que muchas industrias derramen sus desechos en ríos y quebradas, contribuyendo así a la contaminación del 90% de los afluentes del país. Y, como denuncia el Foro Nacional del Agua, algunas de esas industrias son las que entorpecen –a través de la ANEP– la aprobación de la Ley General de Agua. Por esa irresponsabilidad del Estado están impunes crímenes ambientales de transnacionales mineras: la estadounidense Commerce Group que contaminó el Río San Sebastián en los años ochentas y la canadiense Pacific Rim que hace pocos años secó vertientes con sus actividades de exploración en Cabañas. Ambas empresas hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Y, en el caso de la tala indiscriminada de árboles en Nuevo Cuscatlán, ésta quedaría totalmente impune si no fuera porque la autoridad municipal, con sentido de responsabilidad y sensibilidad ante los crímenes ambientales, sanciona a P&H Ingenieros y suspende temporalmente la construcción. Ojalá que la población, así como se indigna por los crímenes de las pandillas o la corrupción de algunos políticos, se indigne también por los crímenes ambientales que impunemente cometen empresas constructoras, industriales, mineras y familias pudientes que anteponen sus intereses económicos a la protección del medioambiente y la vida del país.
Posted on: Mon, 29 Jul 2013 06:10:46 +0000
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