El Gobierno reducirá a cinco los más de cuarenta modelos de contratos de trabajo 30 de agosto de 2013 Báñez anuncia una simplificación burocrática que la CEOE celebra y que los sindicatos consideran «una burla» El Gobierno prepara nuevos cambios en la normativa laboral que afectarán a los aspectos burocráticos de la contratación, con la simplificación de la maraña de formularios que ha ido acumulando durante décadas la Administración. Los más de cuarenta impresos para contratos que existen ahora quedarán reducidos a cinco: indefinido, temporal, de relevo, de prácticas y de formación-aprendizaje. El anuncio lo hizo ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al presentar en el Congreso un informe sobre los resultados de la reforma laboral. Báñez defendió que los cambios aprobados a mediados de 2012 han permitido moderar la destrucción de empleo durante la recesión. La oposición remarcó que en el último año el país ha perdido 800.000 puestos de trabajo. Las medidas para hacer más sencilla la tramitación de los contratos alcanzarán a las modalidades de formularios y al complejo menú de bonificaciones (rebajas de cuotas de la Seguridad Social, incentivos al empleo de ciertos colectivos...) que existe en España. De las manifestaciones de la ministra se infiere que la «simplificación» se limitará a los impresos y trámites, no a las condiciones laborales de cada contrato. Esto es, la reducción a cinco tipos no es un avance hacia el mercado laboral de «contrato único» (sin distinción entre fijos y temporales y con indemnizaciones por despido según la antigüedad) que defiende un sector de expertos y avalan la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Fátima Báñez utilizó en el Congreso los mismos datos que recientemente aireó la patronal nacional CEOE: en España, afirmó, existen 41 modalidades de contratos, aunque según algunas guías oficiales del Ministerio la cantidad puede ser incluso superior. Tal proliferación se ha producido a golpe de creación de bonificaciones o de fórmulas específicas para atender a situaciones muy concretas. Un ejemplo: existe un contrato especial llamado de «interinidad para sustituir a los trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad». Un dato: hay hasta diez variedades distintas de contratos temporales a jornada completa. Las singularidades de todos esos contratos se van a mantener. Lo que se reducirá a cinco son los impresos para la tramitación administrativa. También se mantendrán los distintos incentivos, aunque se presentarán de una forma más clara en un modelo único. Báñez considera que así se ganará en eficiencia y se facilitará la contratación. La existencia de un elevado número de formularios y de un «sistema complejo» de incentivos supone, según la ministra, una «barrera» para el pequeño empresario a la hora de contratar. El anuncio del Gobierno fue acogido con «entusiasmo» por la CEOE. Un portavoz remarcó que en realidad «los empresarios no utilizan más que cinco o seis tipos de contratos». Los sindicatos expresaron sus recelos. Toni Ferrer, de UGT, señaló: «La contratación en nuestro país está correctamente regulada, lo que ocurre es que hay una utilización indebida, fraudulenta y con abusos». Ramón Gorriz, de CC OO, calificó la medida como una «burla» que «no sirve para crear empleo». Ambos sindicatos acusaron al Gobierno de haber «empobrecido» a los españoles con la reforma laboral. Fátima Báñez defendió en el Congreso un informe sobre esa reforma. Según sus cálculos, los cambios en la regulación del mercado de trabajo evitaron la destrucción de 225.800 empleos, gracias a las medidas para «flexibilizar» las condiciones de trabajo, y propiciaron que bajara el ritmo de crecimiento del paro. La ministra apuntó como otro logro de la reforma que la tasa de temporalidad (proporción de contratos eventuales) bajara del 25% al 23,1%. Bañez añadió que los acuerdos de moderación salarial pactados por los agentes sociales «han permitido recuperar toda la competitividad perdida desde 2005», como prueba, argumentó, el crecimiento de las exportaciones. «La reforma ha impulsado una nueva cultura del empleo», concluyó. La mayoría de los partidos de la oposición censuraron ese diagnóstico. Concepción Gutiérrez, del grupo parlamentario socialista, afirmó que el informe de Báñez «está alejado de la realidad». El parlamentario de IU Joan Coscubiela echó mano de un dato que la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejó el pasado julio: en el último año, con la reforma laboral en vigor, España perdió 800.000 puestos de trabajo, el segundo peor resultado desde que en 2008 comenzó la destrucción de empleo. Los nacionalistas catalanes de CiU reaccionaron con un tono cercano a la exposición de Báñez. El diputado Carles Campuzano afirmó que la reforma ha contribuido a atenuar la el paro.
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 07:04:51 +0000
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