El caso kafkiano de Fernando Carrera: Una caída en el agujero negro de la justicia Su temporada en el infierno se extendió por 89 meses y 23 días. Una pesadilla kafkiana que, ahora, la Sala III pretende prolongar. Por: el gran Patán Ricardo Ragendorfer El 9 de agosto, la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Carlos Rívolo, asumió la acción penal contra los integrantes del Tribunal Oral Nº 13 –Rosa del Socorro Lescano, Hugo Cataldi y Beatriz Bistué de Soler– por los presuntos delitos de "prevaricato y encubrimiento agravado". El motivo: la escandalosa condena a 30 años de cárcel dictada por ellos en junio de 2007 para Fernando Carrera, considerado –en base a pruebas manipuladas y testimonios dudosos– como autor de un robo seguido por una accidentada persecución policial que derivó en la llamada Masacre de Pompeya; allí murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas al ser embestidas por su vehículo, ya sin control tras recibir ocho balazos. La denuncia contra los magistrados fue realizada por el Enrique Piñeyro –director de la película El Rati Horror Show, que desnuda las graves irregularidades del expediente–, después de que semejante fallo fuera dejado sin efecto por la Corte Suprema en junio de 2012, cuando ordenó a la Sala III de la Cámara de Casación que revisara sus fundamentos. El 12 de agosto, la Sala III –integrada por Mariano Borinski, Liliana Catucci y Ana María Figueroa– sacudió a la opinión pública al ratificar la culpabilidad de Carrera, esta vez con una condena a 15 años de prisión. Su pesadilla empezó el 25 de enero de 2005. Todo indica que en el mediodía de ese martes el pobre Carrera había incurrido en el grave pecado de conducir un Peugeot 205 idéntico al de un pistolero que escapaba de la policía, luego de una salidera en Villa Lugano. ¿Sólo a tal malentendido es atribuible que, en un país moderno y democrático, un vendedor de 27 años, padre de familia y sin antecedentes penales, caiga de pronto en el agujero negro del sistema judicial? Lo cierto es que su temporada en el infierno se extendió por 89 meses y 23 días. Una pesadilla kafkiana que, ahora, la Sala III pretende prolongar. De hecho, hay una notable similitud entre Carrera y Josef K, el protagonista de El Proceso (Der Prozess), la novela de Franz Kafka publicada de manera póstuma por Max Brod en 1925. "Alguien tenía que haber calumniado a Josef K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo", es la frase que desata su trama. La de Carrera se precipitó ya atravesado por los tiros, entre el zamarreo de los uniformados y los insultos del público presente; al recobrar la conciencia, el tipo no tenía idea de qué se lo acusaba. Esa ignorancia –también padecida por Josef K– es una clave del asunto. Con ella, ambos atravesarían su aventura terrorífica en los laberintos de la burocracia penal. Al igual que en el texto de Kafka, Carrera aún hoy debe pelear un combate desigual contra una denuncia sorda, absurda e invisible. Tan invisible como a veces lo suele ser la administración de la justicia misma. De eso –entre otras cuestiones– trata El Proceso y también el caso Carrera: nada menos que de la condición humana ante la ley. Un tenso vínculo con desbarajustes memorables. Al respecto, tal vez el affaire Dreyfus haya sido el infortunio judicial más emblemático de la historia contemporánea. Su víctima: el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus, un oficial judío condenado injustamente por espionaje para la Alemania imperial en 1894, antes de su envío a la Isla del Diablo, en la Guyana, pese a que en París era un secreto a voces la identidad del verdadero filtrador de documentos. El caso agitó los cimientos de la Tercera República, además de dividir a la opinión pública al compás del incipiente nacionalismo antisemita, entre otras disfunciones políticas difundidas por la prensa amarilla de la época. En defensa del desafortunado militar se alinearon intelectuales como Bernard Lazare, Georges Clemenceau y Émile Zola, quien el 13 de enero de 1898 publicó en el diario L’Aurore su artículo "Yo acuso" (J’Acusse), el cual contribuyó a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente Émile Loubet. Sin embargo, recién en 1906 fue rehabilitado por la justicia. Zola, por cierto, tendría un arduo trabajo en la Argentina actual, en vista de una pujante industria autóctona: el armado de causas. Ya a fines de 2007, el entonces ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco presentó una estadística inquietante: de los 29 mil presos en los penales de la provincia, se estimaba que el 28% sería absuelto. La profecía se cumplió al pie de la letra. A más de un lustro de ello, se mantiene esa proporción de inminentes excarcelaciones. Según una fuente de la Procuración, tal capacidad anticipatoria es fruto de un simple razonamiento: se trata de causas basadas en pruebas dubitables o inexistentes. Dicho de otro modo, en el ámbito provincial hay unos 5000 inocentes privados de su libertad debido a que les armaron una falsa acusación. Algunos fiscales y jueces son cómplices de tal operatoria; otros, a sabiendas de que tienen ante sí a alguien injustamente procesado, no les tiembla el pulso a la hora de dictarles la prisión preventiva con una lógica perversa: "Si el acusado es inocente, lo va a demostrar en el juicio oral". Ya se sabe que el acto de encarcelar personas por delitos no cometidos constituye una práctica sistemática que reconoce entre sus causas errores genuinos de la pesquisa, extorsiones policiales, necesidades estadísticas o, simplemente, la pulsión por resolver rápidamente algún caso que excita a la agenda mediática. Sin embargo, la "parte sana" de la población no percibe como una amenaza las imputaciones penales aplicadas con arbitrariedad sobre ciudadanos libres de culpa; como si terminar preso por efecto de un malentendido intencional no fuese una manifestación de la inseguridad. Así funciona la ley del garrón. Eso Carrera bien lo sabe. Y Franz Kafka, también .
Posted on: Sat, 17 Aug 2013 11:16:36 +0000
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