El cuánto y el cómo de la fuga de capitales en Argentina Por: Alejandro Rebossio Así como el ingeniero en sistemas francés Hervé Falciani, exempleado del banco británico HSBC, reveló a los tribunales de España y Francia la lista de 130.000 presuntos defraudadores impositivos con fondos en Suiza, un exejecutivo del norteamericano JP Morgan, Hernán Arbizu, declaró este jueves ante un juez de Argentina sobre un listado de más de 400 empresas e individuos que retiraron de ese país millones de dólares por vías ilegales y con su propia ayuda. La declaración indagatoria de Arbizu, que ha evitado una extradición a EE UU tras declararse culpable en Argentina en 2008, se conoce una semana después de que tres economistas de este país sudamericano, Jorge y Alejandro Gaggero y Magdalena Rúa, expusieran en la Universidad City, de Londres, que su país, Venezuela y Kuwait son los tres emergentes con más ahorro fuera de su territorio en relación al tamaño de sus economías. “Las autoridades económicas de Argentina se atienen a la estimación oficial de alrededor de 200.000 millones de dólares para valorar el total de los stocks (existencias) de riqueza offshore (en el extranjero) pero, a la vez, dejan abierta la posibilidad de que el valor total de la misma sea mucho mayor e incluso han deslizado la cifra alternativa de 400.000 millones (el doble de la oficial) coincidente con las estimaciones de James Henry”, se refieren los Gaggero y Rúa al investigador de la ONG Tax Justice Network y su informe sobre dinero fugado de países emergentes a paraísos fiscales. El funcionario argentino que admitió la posibilidad de que esa cifra fuese verídica fue el viceministro de Economía, el influyente Axel Kicillof, cuando este año argumentó en el Congreso a favor de una amnistía fiscal vigente. “El trabajo de Henry ubica a Argentina en el cuarto lugar de América Latina y en el octavo entre el total de países del sur del mundo (considerado en sentido amplio, vale decir, incluyendo a China y Rusia)”, reseña el documento Argentina. Fuga de Capitales (2002-2012). “Solo China, Rusia, Corea del Sur y Kuwait la superan, en ese orden, fuera de la región y Brasil, México y Venezuela, también en orden de importancia, en América Latina. Ahora bien, si se consideran las relaciones riqueza offshore/PIB, un indicador más indicado para calibrar la gravedad relativa del fenómeno entre diversos países, Argentina ocupa con comodidad, junto con Venezuela, el primer puesto en el ranking de la fuga de capitales desde América Latina y el trío del Sur, junto con Kuwait, que muestra el peor desempeño”, lamenta el documento. Los investigadores cuentan que “sólo se ha podido obtener, hasta el momento, información de una sola fuente alternativa acerca de los stocks de riqueza colocada en el exterior de residentes en Argentina”. Se trata nada más y nada menos que del exbanquero Arbizu. El antiguo ejecutivo de banca privada de JP Morgan calculó la magnitud del total de carteras de clientes argentinos en los principales bancos globales de ese negocio en 2008. A partir de esos datos, los Gaggero y Rúa afirman que los argentinos más afortunados tenían en ese entonces 66.000 millones de dólares colocados en esas entidades, repartidos de la siguiente manera: Citigroup, 20.000 millones; HSBC, 15.000 millones; BBVA, 6.000 millones; Santander, 6.000 millones; Credit Suisse, 5.000 millones; JP Morgan, 5.000 millones; Goldman Sachs, 5.000 millones; el brasileño Itaú, 3.000 millones y Morgan Stanley, 1.000 millones. Arbizu comentó estos datos este jueves cuando declaró ante el juez argentino Sebastián Casanello. Jpmorgan--644x362 Los Gaggero y Rúa señalan que la mayor parte del ahorro argentino colocado en el extranjero no está declarado en Hacienda. Por ejemplo, en 2010, mientras la estadística oficial señalaba que ese dinero sumaba 175.024 millones de dólares, los activos en el exterior registrados por los contribuyentes eran de solo 14.370 millones, es decir, alrededor de una décima parte. Los autores de la investigación presentada en Reino Unido recuerdan que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner impuso restricciones a la compra de divisas en 2011, con lo que la fuga de capitales se redujo de 25.000 millones ese año a 600 millones en 2012. También advierten de que la medida reportó efectos negativos, como la recreación de un mercado cambiario ilegal. Los Gaggero y Rúa señalana que una de las principales vías de fraude de los controles cambiarios y tributarios radican en la falsa declaración de la composición de exportaciones a granel, como las agrícolas y mineras, en un país con fuerte peso de estas materias primas en las ventas externas. También muchas empresas exportadoras subfacturan sus ventas y cobran una parte de ellas en cuentas extranjeras ocultas para los ojos de la Hacienda argentina. Otro recurso consiste en la triangulación de operaciones de comercio exterior, incluida la compraventa de futbolistas, en paraísos fiscales. Los importadores sobrefacturan sus compras y así envían una parte del dinero a cuentas escondidas en el exterior. Las multinacionales adquieren y venden productos y servicios entre, por un ejemplo, una filial argentina y otra de fuera a precios menores o mayores a los reales, según sus conveniencias para abonar menos impuestos o sortear controles de capital. Por el comercio exterior se fugan de Argentina unos 15.000 millones de dólares anuales, según los investigadores citados. “Argentina está crecientemente sometida a un desafío en el campo de las maniobras empresarias con mayor impacto consolidado sobre el nivel de la fuga de capitales (y, concomitantemente, sobre los niveles de incumplimiento tributario a ella asociados), que resultan de características clave de su estructura económica, de su configuración territorial y de su historia e inercia cultural-institucional”, comentan los Gaggero y Rúa. “Las más importantes parecen ser, en principio: el gran peso de sus exportaciones de materias primas (con dominancia en granos y un creciente peso de los minerales); la acentuada transnacionalización y concentración económica, que otorgan cada vez más relevancia a un muy reducido número de corporaciones empresarias de propiedad externa; unas fronteras muy dilatadas que dificultan su control físico; una administración tributaria nacional muy débil, atrasada y (ahora) desconcertada y una administración aduanera ineficaz y profundamente corrupta –puede decirse, sin exageración alguna, que desde los tiempos coloniales-; y el afianzamiento en las empresas y personas de una ‘cultura del incumplimiento’, bajo el estímulo de las rupturas políticas y los errores y fracasos macroeconómicos”, añaden los autores de la investigación. Los Gaggero y Rúa recuerdan que en Argentina “la presión tributaria total alcanzó en 2012 un nivel del orden de 37 puntos del PIB”. Se trata del segundo nivel más alto de Latinoamérica, después de Cuba. “Asumiendo un incumplimiento (tributario) del 30%, su magnitud total equivaldría a unos 16 puntos del PIB (30% de una recaudación potencial de 53 puntos del PIB). Resulta claro que, en las circunstancias argentinas, la recaudación potencial teórica no es realizable, por muchas razones; entre ellas, por los graves problemas e inadecuaciones que arrastra la normativa tributaria (su estructura) desde hace decenios y, por otra parte, debido a que el efectivo cobro de la totalidad de tributos y cargas dejaría fuera del sistema económico a muchos sectores de actividad y segmentos de la pequeña y mediana empresa. Por ello asumimos que sólo la mitad del total del incumplimiento (8 puntos de PIB) podría ser recaudado”, admiten Jorge Gaggero y Rúa, que son investigadores del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina, y Alejandro Gaggero, que se desempeña en el Instituto de Altos Estudios Sociales. Baez Los economistas se refieren implícitamente a las nuevas revelaciones del arrepentido Arbizu, así como las denuncias del periodista Jorge Lanata sobre presunta fuga ilegal de capitales de un empresario amigo del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), Lázaro Báez (foto). “La ciudadanía argentina está siendo crecientemente ‘informada’ en los últimos meses acerca de un gran número de notables operaciones económicas, que involucran de modo relevante el incumplimiento tributario, la comisión de graves delitos, la fuga de capitales y/o el lavado de dinero. Estas operaciones, cada vez más ‘visibles’, involucran a variados sectores de la actividad económico-financiera, a empresas propietarias de grandes medios masivos de comunicación, a grandes empresarios (tanto ‘amigos’ como adversarios del ‘poder de turno’) e incluso, aunque con menos frecuencia, a dirigentes políticos y sindicales de gran notoriedad”, concluyen los Gaggero y Rúa. “Ayudé a los principales grupos económicos a lavar dinero”, dijo Arbizu, el exejecutivo de JP Morgan, a la prensa antes de declarar el jueves. Arbizu está perseguido por la justicia norteamericana por manipular sin permiso el dinero de clientes de JP Morgan y UBS, donde había trabajado con anterioridad. Pero logró evitar la extradición a EE UU cuando en 2008 se confesó en su país culpable de lavar el dinero de 469 compañías y empresarios. Ahora ha ampliado su denuncia y declaró ante el juez Casanello que había ayudado a fugar fondos de filiales de Abertis, ACS y Petrobras, grandes empresas argentinas como la distribuidora eléctrica Edenor, la constructora Sideco (propiedad de Franco Macri, padre del alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri), el complejo urbanístico Nordelta, dos empresarios con fuertes inversiones en Argentina, el uruguayo Juan Navarro –que en su momento armó un poderoso grupo, The Exxel, que acabó en la ruina- y el paraguayo Carlos Ávila –con intereses en la televisión- y un exembajador argentino en la ONU, Emilio Cárdenas. Antes de ingresar a los tribunales, Arbizu recordó a quienes había denunciado hace cinco años: “Es un fraude que perjudica a toda la sociedad argentina. Ayudé a los principales grupos económicos a lavar dinero: Clarín (principal conglomerados de medios de comunicación, enfrentado al Gobierno de Fernández), (Eduardo) Costantini (dueño de Nordelta), (Carlos) Blaquier (propietario de la azucarera Ledesma)”. Clarín fue de los pocos acusados que respondió públicamente a las confesiones de Arbizu: “En todos estos años, la falta de asidero de estas denuncias ha quedado plenamente de manifiesto, tanto en el trámite judicial como ante los organismos de control del Ejecutivo, que pese a ser utilizados como herramienta de persecución y represalia, no pudieron jamás sostener esas temerarias acusaciones. Es curioso que estas difamaciones se refloten cada vez que el Gobierno necesita desviar la atención de los graves problemas y denuncias de corrupción que enfrenta”.
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 10:09:14 +0000
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