El fallo que dictó el juez Daniel Rafecas ordenando el procesamiento con prisión preventiva para el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne, en el marco de una causa por privación de la libertad agravada por violencia y amenazas contra 23 empresarios, abre un capítulo en muchos sentidos inédito sobre la vinculación del poder económico y las elites empresarias con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Los hechos a los que refiere el fallo fueron cometidos en el centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en Campo de Mayo, revelando –en palabras del propio magistrado– que “las medidas represivas de carácter económico” tomaron una dimensión propia, en la que “un segmento del aparato represivo adquirió singularidades propias, dadas por los sujetos pasivos (que resultaban víctimas) y por fines diferenciados”. El fallo del juez Rafecas y las implicancias del caso Etchebarne (en prisión desde el 12 de abril, ex abogado y amigo íntimo de José Alfredo Martínez de Hoz) podrían empezar a echar luz sobre una parte de esta historia macabra que permanecía en la oscuridad, que les otorgó beneficios a grupos económicos que se proyectan sobre la economía actual. Etchebarne fue procesado en la misma causa y en el mismo fallo que alcanzó a tres eslabones de la cadena de mandos y grupos de tareas que operaban en la órbita de Campo de Mayo: el coronel Francisco Obdulio D’Alessandri, jefe del “equipo de trabajo” o grupo de tareas de dicho centro clandestino; el comandante mayor de Gendarmería Víctor Enrique Rei, integrante del mismo “equipo”; y el agente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, integrante del mismo “equipo para las detenciones”. pagina12.ar/diario/economia/2-224961-2013-07-21.html
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 17:18:17 +0000
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