En defensa del fiscal Zubía ANTONIO MERCADER Mirando los noticieros de TV parecía que el procesado era el fiscal Gustavo Zubía en vez de Irma Leites, Jorge Zabalza y otros que atentaron meses atrás contra la Suprema Corte de Justicia. Zubía es un fiscal con buena reputación, un magistrado serio que ganó notoriedad por sus propuestas en materia de menores infractores. Sin embargo, tanto los iracundos manifestantes anti –Corte como sus abogados le pintaron la cara por atreverse a pedir el procesamiento de un grupo notorio por su vocación por el desorden callejero. Los manifestantes no se guardaron nada sobre Zubía. Que si era hijo de un general de la dictadura (esto de castigar al “hijo” nada más que por serlo lo puso de moda Juan Castillo); que si actuaba siguiendo las órdenes del Poder Ejecutivo (Zabalza culpó al ministro Ricardo Ehrlich entre otros); que si su pedido de procesamiento fue inspirado por los que quieren ocultar la verdad sobre los desaparecidos (Irma Leites denunció el caso como represión contra “luchadores sociales” que combaten “la impunidad”); que si Zubía era “cómplice del terrorismo de Estado”, etcétera. No se oyó una voz que se alzara en defensa del fiscal. Ni siquiera al ministro Ehrlich, de Educación y Cultura, en cuya secretaría de Estado trabajan los fiscales, se le ocurrió recordar que son funcionarios con absoluta independencia técnica y que Zubía trabajó este asunto de manera profesional antes de definirse. Tampoco lo hizo ningún otro integrante del Poder Ejecutivo acusado por Zabalza públicamente y al barrer, de haber azuzado al fiscal. En suma, Zubía quedó solo bajo una andanada de críticas e insultos. Los abogados de los encausados también hicieron lo suyo. Según ellos, lo de Zubía era “disparatado”, “con intención política” y “carente de fundamento”. Empero, su decisión no luce tan carente ni disparatada si se revisa el Código Penal. Según el artículo 171 se comete atentado al usar “violencia o amenaza contra un funcionario público” para “estorbarle” en el “libre ejercicio” de su función o expresándole “la prepotencia, el odio o el menosprecio”. El artículo 172 señala entre otras agravantes la jerarquía del “funcionario ofendido”. Sobre esa base los ministros de la Suprema Corte de Justicia hicieron la denuncia. Los hechos son conocidos, todos los vimos por televisión. Cuando la Corte, en legítimo ejercicio de sus facultades, resolvió trasladar a una juez, un grupo de personas fue hasta su sede, el palacio Piria, en actitud muy poco pacífica. Por eso, el acto se postergó tres horas y los ministros buscaron refugio en una sala contigua mientras los manifestantes invadían la Corte, cubrían de insultos a los magistrados y forcejeaban con la policía que intentaba mantenerlos bajo control. Si eso no es atentado... En tanto la configuración del delito parece evidente, lo que podrán discutir los abogados es por qué se pidió el procesamiento de estos siete y no de otros. Por los trascendidos se sabe que el fiscal los consideró instigadores del malón y que los identificó tras tomar decenas de testimonios, observar videos y repasar los informes policiales, una tarea que le demandó varios meses. La Suprema Corte es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, tan cabeza como el presidente de la República o la Asamblea General. Proteger a la Corte es proteger el sistema democrático que eso, y no otra cosa, es lo que aquí está en juego.
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 14:14:29 +0000