En la decisión, el alto tribunal se determinó que la Ley 769 de 2002, en sus artículos 2 y 53, que fijaron las funciones y requisitos de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) no establecieron los límites con respecto a quiénes podían constituirse para la prestación de este servicio. En este sentido se indica que “es necesario que todo tipo de limitación al desempeño de este tipo de actividad sea producto del trámite legislativo”, pues solo el Congreso puede intervenir en actividades económicas y señalar cómo las autoridades pueden regularlas, decisiones que no podían tomar los ministerios de Transporte y Vivienda.
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 17:11:28 +0000
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