Estado de derecho Ramón Parellada Cuando me preguntan mis amigos extranjeros qué le pasa a Guatemala que no logra desarrollarse más rápidamente, les respondo que no tenemos un verdadero Estado de derecho. Por más que se trata de construir uno, los políticos y los grupos de presión se encargan de mantener el statu quo impidiendo que alcancemos un sistema de verdadera igualdad ante la ley, donde exista certeza jurídica y se respeten los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad, sin excepción, garantizados en la Constitución, y que exista una verdadera división de poderes para no concentrarlo en una sola persona o institución. Entre los grupos de presión que lucran de un sistema corrupto y complicado como el actual están los políticos que viven de legislaciones que favorecen sus empresas; los socialistas que continuamente están pidiendo legislación casuística favoreciendo a pequeños grupos a costa de que el resto de la población pague la cuenta; los ambientalistas radicales que se oponen a cualquier proyecto minero, petrolero o hidroeléctrico porque consideran que el desarrollo es enemigo del ser humano; los mercantilistas que tienen alguna protección arancelaria o no arancelaria que beneficia a sus negocios al reducir la competencia del exterior; los sindicatos que buscan privilegios para sus agrupaciones a costa de encarecer el costo de producción de las empresas incrementando la rigidez laboral y el establecimiento de salarios mínimos por encima de lo que el mercado determinaría, provocando así desempleo para las personas más jóvenes y los de mayor edad. Es cierto que con el tiempo se han ido reduciendo las barreras arancelarias que defendían los mercantilistas hace algún tiempo. El comercio internacional con la mayoría de países del mundo se ha incrementado, favoreciendo así una competencia global que ha reducido los precios finales de los productos para todos los guatemaltecos. Sin embargo, la clase política ha encontrado un modo de vida muy lucrativo a base de obtener rentas del Gobierno. Este es uno de los impedimentos mayores para el establecimiento de un verdadero Estado de derecho. La falta de transparencia en el gobierno, un sistema de justicia lento e ineficiente que se adapta fácilmente a las arbitrariedades de quienes la han ocupado; la aprobación de presupuestos inflados, los déficits recurrentes, el incremento indiscriminado de impuestos, la inflación de legislación y regulación casuística, los programas sociales como instrumentos de proselitismo de los políticos de turno, el incremento de un Estado Benefactor invasor de la vida privada de los ciudadanos, la burocratización, la creciente deuda pública, la ilegal deuda flotante, los proyectos que nada tienen que ver con la función verdadera del Gobierno, y muchas otras cosas más son ejemplo de nuestro decadente sistema de gobierno. El ambientalista radical, basado en mentiras, o tal vez algunas verdades a medias, ha logrado penetrar en esta estructura política a través de violaciones a los derechos de los guatemaltecos provocando presiones para llevar agua a su molino, como lo es la reciente presión para lograr que el Ejecutivo mandara una iniciativa de ley a modo de lograr una moratoria por dos años a la actividad minera en el país. Así, estos grupos cantarán victoria pero a costa de frenar las oportunidades de desarrollo real en los lugares más pobres del país. Solo este anuncio ha provocado que muchas personas que hubieran querido venir a invertir en el sector minero e incluso en otros, descarten a Guatemala como posible destino de sus proyectos. Hay mucho más. Usted sabrá qué falta para lograr un verdadero Estado de derecho. Artículo publicad en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 18 de julio 2013.
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 19:20:35 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015