Familiares y activistas de MAPDER piden justicia para Noé Vázquez, se presentaron frente a la sala de Juicios Orales en el penal de La Toma, donde se inició el proceso para los sospechosos de su homicidio. Señalaron inconsistencias de la Fiscalía de Distrito, al haber presionado a un testigo menor de 12 años para declarar el viernes pasado por aproximadamente 16 horas; así también, acusaron a la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) de no acatar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De los mayores pesares de los manifestantes, es que los familiares no hayan recibido notificación del inicio del juicio con la primera audiencia de detención. “No le notificaron a la parte ofendida, ni a la mamá, ni a la esposa de Noé; nosotros les tuvimos que avisar porque nos enteramos por terceros. Tras la presión realizada lograron que ingresara la esposa y una abogada”, informó Rosalinda Hidalgo, integrante de MAPDER Veracruz, quien dijo que exigirán se investigue a los autores materiales, pero también a “los autores intelectuales”, pues señaló que el asesinato de Noé fue un acto premeditado, pues dijeron saber que los involucrados estuvieron vigilando el domicilio del hoy occiso. Los manifestantes señalaron que legalmente el proceso está lleno de inconsistencias, "las cosas se han estado haciendo muy mal, el mismo viernes nosotros quisimos levantar un acta de hechos sin señalar a nadie ante el Ministerio Público de Amatlán, pero éste no la quiso recibir; su obligación era aceptarla, no tenía que negarse". Una de las principales preocupaciones es que hay un niño de 12 años y fue llamado a declarar como testigo, a quien le fue tomada la declaración sin el consentimiento de sus padres, "llegó la Policía y lo obligaron a declarar y se están violando los acuerdos de la Convención Internacional para la protección de los niños". Entre las irregularidades en la Fiscalía es el condicionamiento que pusieron las autoridades ministeriales a la familia del finado para entregarles el cuerpo de Noé, pues les exigieron que tenía que declarar el niño "eso estuvo muy mal porque son dos cosas independientes, no tenía que ver en nada la entrega del cuerpo con la declaración del niño", aseveró Rosalinda Hidalgo. Ante la situación, informó que los activistas pidieron medidas a la Secretaría de Gobernación, en la instancia de Derechos Humanos, sobre cómo se estaban dando las cosas y de ello tuvieron una respuesta rápida, e incluso mandaron recomendaciones a la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), mismas que señalaron que la dependencia no acató, por lo que dijeron que en este caso se develan deficiencias en el plano legal. “El niño se encuentra muy mal, está en una presión psicológica increíble, que triste que tampoco el Estado le pueda garantizar las medidas de seguridad para cuidar a un niño”, expresó la entrevistada, quien prosiguió: “si el infante quería declarar debió hacerse en presencia de los padres, se podía reservar su derecho para no declarar”, pero esto dijo que interfería a que los presuntos asesinos salieran libres”. Señaló que “el Estado no le proporcionó ayuda psicológica al infante durante la declaración”, asimismo aseguró que lo tuvieron declarando en la Fiscalía de Distrito en Córdoba desde las 12:00 del día del viernes hasta las 4:00 de la mañana del sábado; “el niño necesita de protección, así como toda la familia, pues al ser la última persona que vio con vida a Noé, lo pone en un estado bastante vulnerable y lo están utilizando”, precisó la manifestante. Piden castigo para autores materiales y los intelectuales Los manifestantes exigen se castigue a los autores materiales y a los intelectuales y cuestionan que, aunque estén sujetos los presuntos autores materiales del delito, “¿quiénes son los autores intelectuales del delito?, no creemos que hayan sido estos jóvenes que estén detenidos, uno de ellos declaró que era un acto que desde hace tiempo estuvieron vigilando, fue premeditado, entonces preguntamos ¿quién los manda?, y ¿por qué están utilizando a los niños de la población?”. En ese sentido, aseguró que Amatlán está en alerta máxima, de la situación ya están enterados organismos internacionales, se pretende llevar el caso a una Comisión Internacional para que vigile el proceso judicial, “porque no hay quién obedezca”. Acusaron que el Gobierno del Estado no está actuando para proteger a la población, sino que con operativos con policías en los que la misma población teme, pues señalan que el despliegue de la fuerza pública de la semana pasada fue “increíble, ostentoso, aparatoso e intimidatorio, lo único que hicieron fue un operativo para intimidar a la población y a la gente que acudió al evento nacional de MAPDER”. Reiteraron que piden justicia para Noé, que se deje el hostigamiento a los pobladores, a los defensores de la naturaleza y señaló la entrevistada que “la familia no está sola, nosotros tampoco estamos solos, tenemos a un cuerpo de ambientalistas detrás, lo sabe el Gobernador, la Secretaría de Gobierno, la población, no estamos solos”. Y concluyó: “este caso devela todo el cochinero que se vive a nivel local y estatal, eso es lo que nos están demostrando”.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 22:48:41 +0000