Fracasó la ofensiva de la derecha empresarial Publicado el 25/8/2013 - Periodista Luis Casal Beck El documento apocalíptico de las cinco cámaras, y la respuesta de Álvaro García, el ex ministro de Economía de Tabaré Vázquez Un documento suscrito por cinco de las principales cámaras empresariales uruguayas desató airadas reacciones oficiales por su contenido apocalíptico y la reivindicación de valores muy caros para la derecha política (como el antiestatismo). Ideario transcribe conceptos de Álvaro García, ministro de Economía de Tabaré Vázquez, formulados en el acto de presentación del documento, y repasa la relación entre las cámaras y el poder político, en nuestro pasado inmediato. El encuentro se desarrolló el jueves 8 de agosto en el Movie del Montevideo Shopping Center. Cinco cámaras empresariales, de las más representativas del país, presentaron un documento (“Aportes para una agenda de mejora: la competitividad y el desarrollo del Uruguay”), y tres ex titulares de la cartera económica de distintos gobiernos, hicieron comentarios sobre su contenido y proyecciones. Unas 300 personas asistieron al evento, que desató una fuerte reacción del elenco de gobierno, y del Frente Amplio (FA), algunos de cuyos legisladores sostuvieron que aquel texto, en su diagnóstico y sus ideas matrices, parecía ser el anticipado programa de gobierno de la derecha neoliberal que en las elecciones de octubre de 2014 aspira a recuperar la conducción del Estado, tras 10 años de administraciones del FA. El documento fue presentado formalmente por la Asociación Rural del Uruguay (1871), la Cámara de Comercio y Servicios, que como Bolsa de Comercio nació en 1867; la Cámara Mercantil de Productos del País (1891), la Cámara de Industrias del Uruguay, CIU (denominada en 1898, Unión Industrial Uruguaya), y la Federación Rural (1915). No está claro, realmente, si el balance con énfasis propositivos de estos grupos de presión empresariales, fue conocido y aprobada previamente por la totalidad las entidades que agrupan (solo la CIU está integrada por 52 cámaras que expresan los intereses de diferentes ramas de actividad; la Cámara de Comercio y Servicios, por 124 gremiales). En concreto el documento puso el acento, entre otros aspectos, en las supuestas “debilidades” el país, la “pérdida de la competitividad”, el deterioro del tipo de cambio, el “excesivo gasto público” (en magnitud, y calidad), la “presión fiscal”, la “rigidez del mercado laboral”; y cuestionó los “monopolios (y) oligopolios” del Estado, sugiriendo entre otras medidas “la liberación en la importación de combustibles”. Sus autores, utilizaron en algunos casos indicadores, que fueron con posterioridad cuestionados en cuanto a su validez, por algunos de los panelistas que intervino en el encuentro. En suma, en tiempos de negociación colectiva con los sindicatos de trabajadores, en los Consejos de Salarios -que reimplantó el FA en 2005- y cuando la economía enlentece su ritmo de crecimiento, voceros del alto empresariado -que nunca en la historia ganó tanta plata en sus actividades como en los últimos 10 años- salieron a la palestra, buscando definir un rumbo, conforme a sus intereses. Lo hicieron con el viejo discurso antiestatista (para ellos posiblemente privatizar Ancap sea un verdadero sueño dorado), glorificando al mercado (y su supuesta autorregulación), visiblemente molestos con el poder actual de los sindicatos de trabajadores, con los cuales, ahora estos actores sociales deben negociar condiciones laborales y monto de salarios (que implican, siempre, una menor tasa de ganancia). Tres fueron los expositores: Álvaro García (ex ministro de Economía y ex titular de la Corporación Nacional para el Desarrollo durante el gobierno de Tabaré Vázquez, que se extendió entre el 2005 y el 2010), Javier de Haedo (ex subsecretario de Economía, y ex responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el período de Luis Alberto Lacalle, 1990-1995), e Isaac Alfie (ex ministro de Economía del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), y ex senador de la lista 15). La intervención de García -figura importante en la Nueva Agenda Progresista (NAP)- tiene importante significación. Fue el primero que, con gran sobriedad y respeto, tuvo a su cargo la responsabilidad de marcar inicialmente la fragilidad del documento, sus apreciaciones equivocadas, y subrayó aspectos no citados sobre lo que ha sido la experiencia de gobierno del FA desde marzo de 2005 a la fecha. Después, cuando su contenido tomó estado público, estalló la indignación en el propio Consejo de Ministros, en el mundo de la política, en la esfera sindical. García afirmó que la competitividad no ha retrocedido; señaló que en el ciclo progresista hubo aumento de la inversión (14.7% fue en el período 1983/2004; casi 20%, en la etapa 2005/2012); creció la economía (1974/1981, promedio 4.2%; los últimos ocho años, 5.8%, promedio); hubo una mayor participación del trabajo en este crecimiento (1986/1995: 1.75%; 2004/2012: 3.5%); las exportaciones se incrementaron (1985/1997: 7 anual; últimos 10 años, 16%), la magnitud del gasto público no es muy distinta a la que existe en el resto del mundo (en Argentina y Brasil es del 38%; en Uruguay, un 29%). En cuanto a la “reducción de las vulnerabilidades”, García recordó que por esos días se conoció un estudio que marcaba que Uruguay estaba primero en la región en lo que respecta a la “inclusión social”. El ex titular de Economía, evaluó las etapas cumplidas para enfrentar la crisis social existente en el país, al asumir el gobierno el FA, en que “2 de cada 3 niños vivían en la pobreza; y 1 de cada 3 uruguayos, estaban en la pobreza o en la indigencia”. Para García, en el mejoramiento de las condiciones de competitividad, resulta por demás importante “el rol de los empresarios” en cuanto a innovación, creatividad, esfuerzo conjunto con el resto de los actores que intervienen en la vida económica, en el marco de una estrategia para el desarrollo nacional. La ofensiva de las cinco cámaras no tuvo los efectos esperados por sus autores intelectuales. Inesperadamente, se conocieron a través de portavoces del gobierno la cantidad de exenciones tributarias aprobadas para estimular la actividad de los empresas. El propio presidente José Mujica, dedicó una de sus audiciones radiales al tema de la responsabilidad social que las élites empresariales tienen, en una sociedad capitalista, en la que suelen priorizar solo la rentabilidad de sus negocios. La Mesa Política del FA condenó las graves inexactitudes que contiene el documento, y sus planteos catastrofistas (llega a especular, con posibles ajustes fiscales, que a quien perjudica realmente es a los trabajadores y pasivos). Las relaciones entre el poder político y el poder económico fueron estudiadas por Carlos Real de Azúa (1916-1977), en su clásico (y breve) ensayo “La clase dirigente” (Nuestra Tierra, Nº 34), en el que procuró distinguir primero si en el caso uruguayo debíamos referirnos, al abordar la problemática de los sectores sociales dominantes que controlan los resortes del poder económico, a una elite, o a una clase social. “es sospechable -sostenía- que las decisiones políticas y sociales fundamentales se toman entre bastidores y entre unos pocos, que llegan prácticamente “cocinadas” a los cuerpos e instituciones que han de responsabilizarse de ellas, y organizar su ejecución”. En el estudio, hizo una breve disección de las distintas “elites” (agropecuaria, mercantil, etc), su historia, su ideología, los comportamientos sociales más corrientes en esa época (lugares de residencia, formas de esparcimiento, etc), y sus vínculos con el poder político. Real de Azúa, que era por entonces profesor de ciencia política en la Universidad de la República y columnista del semanario “Marcha”, publicó esta investigación en 1969, durante el gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco, cuyo gabinete ministerial estaba poblado de poderosos empresarios, miembros de la oligarquía. La propia política económica que siguió Pacheco, benefició a esta “clase dirigente”, y fue resistida por los trabajadores sindicalizados y la izquierda política del país, en aquellos años de exacerbación de la violencia social. Cuando el golpe de Estado de junio de 1973, es decir hace 40 años, se desató una huelga general organizada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), que duró dos semanas, en la cual entidades que nucleaban a los empresarios, como la Asociación de Bancos del Uruguay hicieron llamados públicos exigiendo el inmediato reintegro a los puestos de trabajo, mientras la Cámara Nacional de Comercio rompió su silencio: “La actividad privada respeta profundamente a la huelga como instrumento constitucional para la defensa de derechos laborales, pero la repudia cuando se utiliza con fines políticos e ideológicos”, señaló en una declaración. La cámara, manifestó “(su), esperanza”, en la “paulatina normalización de la actividad laboral”, y reclamó “una reglamentación sindical”. Todos los intentos ulteriores de la dictadura procurando crear un sindicalismo afín, fracasaron a lo largo de los años. Por su parte el presidente de la Cámara de la Construcción, arquitecto Homero Pérez Noble se entrevistó con el dictador Juan María Bordaberry y le planteó la posibilidad de que el Consejo de Estado, creado en el mismo decreto que disolvió el Parlamento, “esté integrado por representantes de las fuerzas vivas del país, concretamente por delegados de los partidos políticos, empresarios y trabajadores”. Pérez Noble, formó parte de un grupo representativo de las cámaras empresariales que buscaba mediar, según las investigaciones realizadas sobre aquella época (“15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general”, Álvaro Rico, Carlos Demasi, Rosario Radakovich, Isabel Wschebor, Vanesa Sanguinetti, 2005). Finalmente el Consejo se integró en diciembre de 1973, sin tener en cuenta estos criterios, bajo la presidencia del líder blanco Martin R. Echegoyen. En suma, ha sido muy variado el protagonismo de las cámaras en nuestra historia reciente. Pero el documento de agosto de 2013, de las cinco cámaras, ocupará, sin duda, un espacio nada menor en ese complejo (y por momentos tenso), vínculo entre el poder político y el poder económico, en este siglo XXI, en que los empresarios han debido afrontar una nueva realidad: la de la izquierda en el gobierno.
Posted on: Mon, 26 Aug 2013 19:12:01 +0000
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