Gobierno analiza la patente nacional, pero el azote va comoquiera... Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia El Departamento de Hacienda, la Cámara de Representantes y el Senado andan en conversaciones para retrasar hasta octubre el pago de la llamada “patente nacional” ante el reclamo del sector privado de que se elimine o modifique ese impuesto. Melba Acosta Febo, secretaria de Hacienda dijo a El Nuevo Día, que la posposición del pago de la patente “está sobre la mesa”, pero subrayó que todavía “no hay nada definitivo”. La posposición sería hasta el próximo 15 de octubre. Pero si no se llega a ningún acuerdo en las próximas 72 horas, las empresas deben pagar al menos el 50% de la patente como parte del pago de la contribución estimada. Ese pago debe hacerse cuatro veces al año y en el caso del tercer trimestre, es pagadero el 15 de septiembre. Ayer, El Nuevo Día reveló que al menos 300 empresas solicitarán al Departamento de Hacienda que les exima de pagar la patente nacional porque esta pone sus negocios en pérdidas o se quedaría con la mayor parte de las ganancias, lo que sería confiscatorio. Fuentes de este diario indican que en algunos casos, los aumentos contributivos y la patente aumentarían la tasa contributiva efectiva hasta el 70% del ingreso neto de una empresa. Y ese impacto operacional llega al cabo de casi ocho años de contracción económica. La funcionaria agregó que hay “apertura” tanto en Hacienda como en la Legislatura para permitir que no se pague nada de la patente si la empresa demuestra que su condición financiera es crítica. Al presente, la ley permite a Hacienda reducir el pago de la patente a 0.2% de las ventas brutas cuando se trata de empresas en problemas. Entre las empresas más afectadas por la patente figuran los supermercados, comercios pequeños, concesionarios de autos y productos relacionados y las farmacias. Ayer, de hecho, la senadora María de Lourdes Santiago radicó una medida para enmendar la ley 40 a los efectos de excluir del cálculo de la patente nacional las ventas de medicamentos porque se trata de precios estipulados por ley. La medida radicada por la senadora independentista surgió a pedidos de la Asociación de Farmacias de la Comunidad. Tropezón del sector privado Ayer, la “patente nacional” fue eje central de un evento de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). En este, el sector privado solicitó eliminar el impuesto y Acosta Febo confirmó su impacto adverso al tiempo que recordó que la patente no fue idea del Departamento de Hacienda ni del Ejecutivo sino del sector privado. En junio pasado, tras el cabildeo empresarial en la Legislatura para frenar la ampliación del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a los servicios corporativos o B2B, la comisión de Hacienda del Senado compró la idea de la patente -presentada en principio por el economista Joaquín Villamil- y la incorporó para cuadrar el presupuesto. Modificación problemática Aparte de la patente, la ley 40 tiene disposiciones tan confusas que desde julio pasado, el Departamento de Hacienda ha emitido decenas de circulares dejando sin efecto o modificando el estatuto. La agencia modificó los certificados de revendedores y mayoristas que estaban sujetos a pagar el IVU y pospuso hasta octubre, cobrar el IVU a los servicios financieros para negocios. Además, no ha comenzado el cobro del IVU en los puertos en productos para uso y no para reventa. Ahora, modificar o eliminar la patente como pide el sector privado, puede poner en jaque el estimado de recaudos que hizo el Gobierno para cuadrar el presupuesto. Y con ello, también se afectaría la representación que hizo Puerto Rico al mercado inversor y las casas acreditadoras, justo en momentos en que los bonos de Puerto Rico registran pérdidas millonarias. “Aunque no somos (una clasificación) chatarra, la gente nos está viendo como tal”, dijo Acosta Febo al señalar que el objetivo ulterior de cuadrar el presupuesto no es negociable. De acuerdo con la ley 40, del total de $1,300 millones en nuevos recaudos para cerrar el déficit presupuestario, la patente allegaría al Fondo General unos $498 millones. Dicho de otra forma, en los números de Hacienda, la patente representaría el 38% de los nuevos recaudos que necesita el Gobierno para cumplir con sus obligaciones. Abusan del sistema “Las enmiendas técnicas (a la ley 40) han tomado más tiempo de lo previsto, pero es importante que se entienda que cualquier cosa que baje recaudos hay que buscarlos de algún lado o hay que bajar gastos”, subrayó la funcionaria. Acto seguido, Acosta Febo subrayó que si bien hay negocios genuinamente afectados por la patente, también hay empresarios listos a tutiplén. “Tenemos un sistema difícil de administrar, un sistema que no necesariamente es equitativo, pero que también se presta a abusos”, subrayó. “Sabemos que sin un sector privado no hay economía”, dijo Acosta Febo. Pero al instante, indicó que en Puerto Rico hay empresas cuyas ventas y gastos resultan congruentes, pero otras tienen ventas brutas bien altas, pero sus gastos operacionales -lo que reduce la obligación contributiva- “no hacen sentido”.
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 15:42:52 +0000
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