Graciela Bourdieu 2013 Hace 3 horas Los animales de la fauna urbana (especialmente perros y gatos), y los animales en general, no son en general tenidos en cuenta a la hora de presentar propuestas en el ámbito público y eso nos parece un grave error. Desconocer la importancia que los animales tienen para una gran mayoría de los argentinos es negar una realidad que se ha hecho cada vez más evidente sobre todo a partir de la masividad en el uso de redes sociales. Las ONGs que se dedican al tema han sido muchas veces ridiculizadas, o tildadas de padecer de "fanatismo" (en el mejor de los casos), y son en general sistemáticamente apartadas de los ejes de la discusión de políticas públicas, quedando relegadas a un papel secundario o siendo directamente utilizadas por el poder político como mano de obra gratuita para intentar resolver problemas de superpoblación de animales, mientras a la vez se los señala como responsables de todo caso de mordedura o de problema surgido en que estén involucrados los animales. A través de los años de trabajo continuo con ONGs dedicadas al tema, y del poco interés mostrado por legisladores y funcionarios a cargo (demostrado en políticas insuficientes, por un servicio público que no tiene la masividad o la gratuidad requeridas para garantizar el éxito de un programa ético de control de la fauna urbana, y en muchos casos por la inexistencia misma del programa), nos vemos en la necesidad de discutir nuevamente sobre este tema que debería haber sido resuelto hace muchos años. Nuestro país fue en su momento uno de los pioneros en legislar a favor de la protección animal. El peronismo fue desde su fundación un aliado de la causa animal. En el año 1954, se logra la sanción de la Ley Penal N° 14346 que pena el maltrato y el trato cruel a los animales, la cual reemplazaría en cierta forma a una ley anterior que fuera conocida como la Ley Sarmiento. Esta Ley Penal, si bien fue un avance en 1954, es bastante desconocida, suele tener puntos muy ambiguos en su redacción y por lo tanto es de difícil aplicación. Si bien el Gobierno Nacional ha intentado abordar el tema, lo ha hecho mediante la firma de un decreto (Decreto 1088), que sólo termina enumerando algunas buenas intenciones, y por otro lado, su redacción es tan elíptica y contradictoria que termina por avalar la muerte de animales a mano de los funcionarios o empleados nacionales, provinciales o municipales. Es por ello que dentro de nuestras propuestas está como objetivo la reforma de la Ley Penal 14346, para incluir nuevas figuras de delito, endurecer las penas, e incluir en forma taxativa a los funcionarios que avalaren, ordenaren o ejecutaren el sacrificio de animales en el ámbito público, cosa que hasta ahora no sucede, ya que en la actualidad la vida de los animales depende de la discrecionalidad o arbitrariedad de los funcionarios del área respectiva.
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 00:03:42 +0000
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