Hoy se cumple un año desde que la Corte Internacional de Justicia, ubicada en la Haya, emitió una sentencia con la decisión de arrebatar a los colombianos una gran porción de mar que históricamente le ha pertenecido, sin embargo, los colombianos no conocemos las acciones que ha decido emprender el gobierno con miras a que no se pierda lo que es nuestro. En todos los países democráticos del mundo, cuando las personas, naturales o jurídicas se someten a la justicia, por voluntad propia o por la acción autónoma del Estado, lo hacen con conocimiento de las leyes preexistentes, y con la convicción de que su caso será dirimido de conformidad con esas leyes, y en consecuencia la defensa de las partes se estructura bajo ese postulado. Lo mismo sucede en el escenario internacional, los Estados se someten a la jurisdicción de un Tribunal con el convencimiento de que serán juzgados de conformidad con las leyes que rigen las situaciones en conflicto. En derecho internacional las leyes se crean de dos maneras, a saber: (i) por voluntad de las partes, las cuales se pactan en tratados, convenios, entre otros, los cuales pueden ser, teniendo en cuenta los sujetos sobre los cuales produce efectos, de vocación universal, cuando varios países se adhieren a los mismos, o bilaterales, como por ejemplo los tratados de libre comercio, y; (ii) por la costumbre, la cual se convierte en ley cuando cumple con dos elementos, uno material – práctica generalizada y continuada – y otro espiritual, conocido como opinio juris – convicción de que se actúa de determinada manera, por estar convencido de que es una obligación internacional –. La Corte Internacional de Justicia, en su fallo, cuando analiza la legislación aplicable al caso bajo estudio indica que no es posible tener en cuenta la Convención de Montego Bay sobre el Derecho de Mar, de 1982, pues Colombia no hace parte de la misma, por tanto la ley aplicable en el caso particular es la Costumbre Internacional (Derecho Consuetudinario), y hasta ese momento no había problema, sin embargo decide que los postulados de dicho tratado, del cual reitero Colombia no hace parte, se han convertido en Costumbre Internacional, y en consecuencia utiliza la forma de delimitación marítima ahí contenida para resolver el caso Nicaragua Vs. Colombia. Pero la peor parte no es que nos hayan aplicado un tratado internacional del cual no hacemos parte, lo realmente complicado es que la Corte, por primera vez en la historia utiliza los criterios de delimitación que se aplicaron, de cuya aplicación se da como consecuencia el despojo de aproximadamente 75.000 km2 de mar colombiano. Por tanto la pregunta obligada es ¿se habrá constituido en costumbre internacional lo que jamás se había utilizado?. Por tanto el caso Nicaragua Vs. Colombia se dirimió bajo leyes “novedosas”, previamente no utilizadas, y en ese sentido, le era imposible a los abogados colombianos defenderse de lo que no conocían. Para ilustrar un poco, retomo un ejemplo del Dr. Carlos Holmes Trujillo: En un partido de futbol todos los jugadores saben que si cometen un falta en el “área chica” es penalti, sin embargo si por fuera de la misma será un tiro libre normal. Ahora imaginemos que un partido particular hay una falta fuera del “área chica” y el arbitro decide que esa falta constituye un penalti, cuando los jugadores reclaman la decisión del arbitro, éste manifiesta que para ese partido, ese caso particular, él decidió ampliar el “área chica”. Eso fue lo que le pasó a Colombia, nos aplicaron unas leyes no conocidas para un caso particular, que previamente jamás se habían utilizado. Así las cosas, ¿cómo es posible que aceptemos un fallo que es irregular?, el sometimiento a la justicia presupone que las decisiones se tomarán en derecho, como consecuencia de la aplicación de leyes preestablecidas, no por la aplicación de postulados caprichosos de unos jueces. No estamos obligados a cumplir lo que no es legal, nos resistimos a hacerlo, y para citar la idea del ex presidente Álvaro Uribe Vélez: es mejor tener cien años de tensión diplomática con Nicaragua que entregarle a nuestros descendientes un Estado mutilado nuevamente. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es Colombia y el llamado es a que todos los colombianos defendamos nuestro mar y no dejemos que nos lo arrebaten. No es comprensible que los colombianos nos resignemos a cumplir el fallo despojo de la Corte Internacional de Justicia; no es posible que nos quedemos en silencio cuando se ha afectado nuestra soberanía; no es permisible que estemos perdiendo aproximadamente 75.000 km2 de nuestro mar y no hagamos hasta lo imposible para no permitirlo; no es que seamos irrespetuosos de las sentencias internacionales; es que somos colombianos y no permitiremos que nos arrebaten nuestro territorio sin luchar, es que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es Colombia y todos nos sentimos Isleños si de defender nuestro territorio se trata.
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 04:16:09 +0000