INSÓLITA HUIDA DE UN EX CORONEL Represor en fuga POR FRANCO MIZRAHI 14.11.2013 Alejandro Lawless, de 66 años, escapó a pie mientras era trasladado a Tribunales. Su caso se suma a los 76 represores prófugos y a las sospechas de financiamiento ilegal. Buscado, otra vez. Procesado por 25 crímenes de lesa humanidad, logró evitar la cárcel por fugas y decisiones judiciales polémicas. La Justicia argentina fue burlada una vez más por un genocida de la última dictadura militar. El teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, se fugó el mismo día que fue detenido, el 12 de noviembre pasado, mientras era trasladado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a la alcaidía del Palacio de Tribunales, ubicada en Lavalle y Talcahuano. Con la particular huida del militar, que está siendo investigada, los represores prófugos suman 77, según un relevamiento de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de la Nación. “El relato de la fuga es cuanto menos llamativa”, afirmó José Nebbia, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, a Veintitrés. Es que tras ser apresado por la PSA en la comisaría 49 de la Capital Federal, el represor fue trasladado a la unidad que la fuerza tiene en Aeroparque, desde donde se planificó la operación, y luego a la Unidad 28 del Palacio de Tribunales. En una descripción endeble, una alta fuente de la PSA explicó: “En el momento que se estaba entregando al detenido en Tribunales, uno de los dos oficiales que realizaron la operación se baja para hacer el papelerío correspondiente. Al otro, en un descuido, se le escapa. Se fue corriendo y se perdió entre la multitud. El que coordinó el operativo no cumplió con el protocolo: Lawless no fue esposado y no se utilizaron los vehículos especiales que estos casos requieren; tampoco estaban activados los seguros del vehículo. Hubo una negligencia total”. Es sumamente curiosa la concatenación de irregularidades así como la velocidad de un hombre de 66 años que logró burlar a dos agentes y al resto de los policías que custodian la zona del Palacio de Justicia. “O es una torpeza supina o hay connivencia”, consideró Nebbia. El mismo 12 de noviembre, el director nacional de la PSA, Germán Montenegro, citó a los tres responsables de la operación y los pasó a disponibilidad. También fueron denunciados ante la dirección de control policial, un organismo de control externo de la policía. Al día siguiente se abrió una investigación en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide para determinar judicialmente sus responsabilidades. En una de sus primeras medidas, el magistrado, quien se estima que también intentará localizar el paradero del prófugo, solicitó el 13 de noviembre la captura internacional del represor en el marco de la causa 11008/13, caratulada “Lawless Alejandro, s/evasión”. Oyarbide, entre diversas cuestiones, deberá dilucidar por qué Lawless se apersonó a una comisaría un martes, cuando debía hacerlo los primeros y terceros viernes de cada mes. “Eso fue llamativo”, dijo el fiscal Nebbia. Si bien la policía puede citar a alguien sin especificar las razones para luego detenerlo, la incógnita es por qué la PSA no fue al domicilio del represor para apresarlo. “La versión de la fuga es muy rara. Y, hasta el momento, no hay una declaración oficial de los agentes a los que se les escapó”, se quejó Nebbia ante esta revista. Desde la PSA consideran que la evasión fue producto de la negligencia. “La gente de Aeroparque no está vinculada a causas de lesa humanidad, no tienen trato con esa gente, no manejan información sobre esos temas y en este caso puntual fueron citados ad hoc”, esgrimieron a favor de sus agentes. Lo cierto es que la fuga deja demasiados cabos sin atar y una mancha muy grande en el legajo de una fuerza en la que confiaba la Justicia para realizar este tipo de operativos: este año había realizado 57 capturas de genocidas sin inconvenientes. En otro paso para lograr cercar los movimientos del prófugo, la fiscalía solicitó que la Unidad de Información Financiera aplique la ley antiterrorista contra el fugado y le congele administrativamente los bienes: cuentas bancarias y tarjetas de crédito, entre otras cuestiones. Según pudo saber Veintitrés, la UIF prontamente tomará cartas en el asunto, tal como lo hizo en otros casos similares. Una vez que la entidad presidida por José Sbatella decide el congelamiento, tiene 48 horas para informarle la medida a la Justicia, que deberá ratificarla o rectificarla. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aumentó a 500 mil pesos la recompensa para quien brinde datos sobre el paradero del genocida. Lawless, acusado en dos causas por treinta privaciones ilegítimas de la libertad, tres homicidios durante el terrorismo de Estado, secuestros y torturas, tiene pedido de detención desde septiembre del 2009 y nunca estuvo tras las rejas por decisiones judiciales controvertidas: llegó a estar diez meses prófugo, hasta agosto de 2010, cuando se presentó voluntariamente ante la Justicia. Entonces, tras un planteo de su abogado y luego de pagar una caución de 200 mil pesos, el juez subrogante Santiago Martínez le concedió la eximición de prisión. La suerte del represor cambió el 5 de noviembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo de Nebbia y Miguel Palazzani, y revocó la excarcelación de la que gozaba Lawless en la causa en la que se investigan las aberraciones que cometió la Armada en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Puerto Belgrano. Cuatro días antes, la Cámara de Casación había sentado un precedente al exigirle al mismo tribunal que reviera su decisión de eximir de prisión al genocida en el expediente donde se investigan los delitos que se cometieron en el marco del V Cuerpo del Ejército, donde el prófugo estuvo destinado al Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca. La fuga de Lawless se produjo tres meses después de que otros dos represores condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, se escapasen del Hospital Militar Central, adonde se habían trasladado para realizarse tratamientos médicos. Los investigadores del caso barajan diversas hipótesis sobre el financiamiento de estos prófugos. Es que se descubrió que Olivera manejaba una aceitada ingeniería financiera: como abogado, el represor litigó contra el Estado, particularmente en juicios por reclamos de haberes de las Fuerzas Armadas y defendiendo a militares procesados, y los honorarios que recaudaba los destinaba a un fideicomiso que habría vendido para hacerse de liquidez y así mantenerse en la clandestinidad. Al cierre de esta edición el total de genocidas prófugos ascendía a 77, según informó la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Secretaria de Derechos Indymedia Derechos Humanosde la Nación. Seis –representan el 7,8 por ciento– son evasores de la Justicia de Bahía de Blanca: el coronel Aldo Álvarez, ex agente de inteligencia y dueño de una importante empresa de seguridad, en la que fue sucedido por su hijo; el capitán Miguel Ángel García Moreno; el coronel Carlos Arroyo; el marino Ricardo Joaquín Molina; el sacerdote de la Iglesia Católica y ex capellán del Ejército Aldo Omar Vara (por este caso, la fiscalía pidió la intervención del Episcopado pero aún no obtuvo respuesta). Y Lawless, claro. “El patrón que vemos es que las fugas comienzan cuando se aproxima el juicio. Es una estrategia. No se escapan un año antes del debate”, explicó Nebbia. Y agregó: “Para mantenerse prófugos se necesita logística y una estructura. Hace falta dinero”. El fiscal está seguro de que existe una red de protección de represores. Por tal motivo, en sus presentaciones judiciales para lograr que se revoque la excarcelación de Lawless sostenía que existía un riesgo concreto de fuga. El tiempo le dio la razón.
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 13:18:22 +0000