Inseguridad: las estadísticas judiciales reflejan un promedio de 61.762 hechos anuales, más del doble de lo registrado por la policía La inseguridad es un resultado, que puede analizarse, comprenderse y resolverse. El análisis de la frecuencia de hechos delictuosos, en base a causas penales informadas por el poder judicial, arrojó resultados sorprendentes y alarmantes, que contrastan con las estadísticas delictivas con que se maneja el poder ejecutivo, sobre la base de la información procesada por la policía provincial, a partir de las denuncias que se realizan en las comisarías y en las restantes unidades de dicha institución. En los dos últimos años (2011 y 2012) el promedio de hechos delictivos procesados por el poder judicial y la policía difieren en un 156%. Las estadísticas judiciales reflejan un promedio de 61.762 hechos anuales, o sea más del doble de lo registrado por la policía, que contabilizó 24.159 en el mismo lapso. Esta enorme diferencia existente entre una y otra fuente demuestra varias causas y consecuencias, algunas de ellas muy graves. En primer término, queda al descubierto que la ciudadanía ya no denuncia mayoritariamente los hechos delictivos ante la policía. En segundo lugar, que se produjo una pérdida de confianza en el trabajo policial y, muchas veces, la comunidad prefirió denunciar los hechos directamente ante la justicia penal. Y, en tercer lugar, que estos fenómenos se produjeron principalmente en las ciudades con mayor número de habitantes, que es donde se originan la mayor parte de las causas judiciales. “La situación no sería grave si no fuera porque estas diferencias, que hasta ahora no habían trascendido públicamente, patentizan la falta de integración de las estadísticas delictivas procesadas por el poder judicial y la policía, y la ausencia de articulación entre la política criminal como marco amplio y los programas y las acciones de seguridad pública que deberían diseñarse en consecuencia”, sostiene el Fundación Nelson Mandela . “Se sabe que los sistemas policial y penal no pueden funcionar eficientemente si actúan como compartimientos estancos, sin una adecuada coordinación interinstitucional e integración estadística e informativa. Por eso, se observa que la policía y la justicia penal operan mal desde hace mucho tiempo. No se nutren recíprocamente de la misma información para la formulación y evaluación de sus planes y programas, como tampoco con el tercer componente que es el sistema penitenciario”. “Entonces, se advierte la urgencia y la importancia de corregir inmediatamente las falencias de funcionamiento de las estructuras judicial, policial y penintenciaria para mejorar la seguridad pública, enfrentar la creciente inseguridad y responder con acciones eficientes los múltiples reclamos sociales”. LA TASA DE DELITOS DEL 2012 SUPERO EL PICO DE 2002 Sobre la base de las estadísticas judiciales se puede establecer que la tasa de delitos a nivel global provincial - medida entre la cifra anual de delitos y la población que surge del Censo 2010- en el año 2012 alcanzó el récord de 631,5 delitos por cada 10.000 habitantes, superando en un 27,5% el pico registrado en el fatídico y extremadamente conflictivo año 2002, que mostró una tasa de 495,4 delitos por cada 10.000 habitantes, según estadísticas criminales oficiales suministradas por la policía provincial. Tomando como fuente las estadísticas judiciales, la variación interanual de los delitos a nivel global en el total Provincia correspondiente al 2012 -confrontado respecto del 2011- marca un crecimiento del 17%, pasando de 56.897 hechos registrados en 2011 a 66.628 hechos en 2012. La frecuencia de hechos delictuosos del 2012 implica un promedio de 182 denuncias diarias, o sea casi 8 delitos denunciados por hora o 1 cada siete minutos, lo cual es un dato alarmante comparado con la historia delictiva registrada a mediano plazo en Chaco. “Lo señalado hecha por tierra o pone en duda la credibilidad de algunos indicadores sociales y económicos que suelen elaborar organismos oficiales, y pone en crisis las cifras publicadas en materia de pobreza e indigencia, empleo, inclusión social e inflación, con las que se intenta mostrar una mejor imagen que la real”. Se reconoce en los espacios de pensamiento y experiencia que existe una correlación lineal entre desigualdad social -brecha entre los segmentos más ricos y más pobres de la sociedad- y las tasas delictivas. Estudios económico-criminológicos lo han demostrado. En general, la situación social es negativa e inestable, combinándose periodos cortos de cierto bienestar con otros muy repetidos y más largos de carencias y de necesidades, con las que justamente coinciden las elevaciones de las tasas delictivas, que se explican -en gran parte- por el deterioro de los indicadores socio- económicos, reflejados –por ejemplo- por el coeficiente de Gini. CIFRAS NEGRAS DE LA CRIMINALIDAD Y LA VICTIMIZACION FAMILIAR Según una encuesta de victimización oficial conocida recientemente que corrobora los datos de otras encuestas realizadas en nuestra provincia por una consultora local, a su vez coincidentes con las realizadas en otros lugares del país, la comunidad denuncia solamente uno de cada tres delitos. Esto quiere decir que dos de cada tres hechos permanecen ocultos, formando parte de las cifras negras de la criminalidad. En base a las cifras de delitos denunciados y a las comprobaciones registradas por el poder judicial, al año 2012 es posible proyectar el total de delitos ocurridos en el Chaco, que trepó a 200.000 hechos estimados, que es un valor altísimo al que nunca antes se llegó. Otra proyección válida resulta de calcular el impacto sobre la población afectada por la criminalidad en términos de victimización familiar, considerando que un hecho delictuoso si bien damnifica a una persona, no es menos cierto que los familiares directos de la víctima principal también resultan impactados. Por lo tanto, es posible calcular tal impacto tomando como base a una familia tipo, integrada por 4 personas. Bajo este supuesto de victimización familiar, se puede estimar que unas 800.000 personas resultaron afectadas en 2012 por los delitos ocurridos, proyectados a partir de los hechos denunciados, más los no denunciados (200.000 hechos). Y si relacionamos este impacto con la población del Chaco, se estima que la victimización afectó el año pasado al 76% de los habitantes, en promedio, sin considerar repeticiones de hechos a una misma víctima. Esto quiere decir que el impacto del delito en nuestra provincia es enorme; 3 de cada 4 habitantes habrían sufrido en familia los efectos de la criminalidad globalmente considerada en el término de un año. Y si a esto le sumamos el impacto mediático de los hechos delictuosos socialmente visibles que replican los medios de comunicación, llegamos a comprender por qué ha crecido geométricamente la percepción social de la inseguridad. El panorama es grave porque en el último año han crecido la criminalidad real, la criminalidad aparente (la que no se denuncia) y la percepción de inseguridad de los habitantes del Gran Resistencia y de la provincia del Chaco. Desfinanciamiento, ausencia de políticas, planes y programas en seguridad pública El Gobierno ha demostrado en los últimos años que carece de planes y de programas eficaces para construir seguridad pública y combatir la inseguridad. Apela permanentemente a la improvisación, al cambio de funcionarios políticos y de las conducciones policiales, a establecer una nueva legislación sobre seguridad que luego no reglamenta y no aplica. De este modo, las debilidades en la administración del sistema de seguridad pública forman parte del problema de la inseguridad. “El Gobierno parece no querer hacerse cargo de la realidad. Intenta desconocer o minimizar el problema. En cualquier caso, le resulta imposible solucionar el conflicto. Las justificaciones son variadas. El discurso del oficialismo refiere habitualmente a la sensación de inseguridad, a operaciones mediáticas de la oposición y a una excesiva exposición en los medios de casos criminales socialmente visibles. De este modo trata de minimizar los reclamos y licuar su propia responsabilidad institucional y política emergente de uno de los principales problemas sociales actuales, tanto a nivel nacional como provincial, que es la inseguridad pública”, sostiene la Fundación Nelson Mandela. “Por otra parte, no se invierte suficientemente en seguridad pública; este es otro dato de la realidad, que se descubre cuando se analiza la participación presupuestaria de la seguridad en el presupuesto provincial. En la última década en Chaco se invierte en seguridad pública poco menos del 5% del presupuesto general. Si se lo compara con las inversiones en educación y salud, las diferencias en la asignación presupuestaria son muy significativas”. “Según el gobernador Capitanich, en educación se invierte cerca del 34% del presupuesto general y en salud alrededor de un 11%. Históricamente se invertía en seguridad pública, hace veinte o treinta años atrás, el equivalente a un 8% del presupuesto anual provincial. Es difícil de comprender lo que pasó en el camino para dejar de invertir cerca de 3 puntos porcentuales del presupuesto provincial en seguridad, como es inexplicable que no se pueda debatir sobre cuál debe ser el porcentaje de participación presupuestaria que es razonable asignar para tratar de mejorar el nivel de seguridad pública en nuestra provincia”. “Por supuesto que todo no pasa por el dinero para la prevención secundaria; también se deberían debatir programas de prevención social del delito (prevención primaria), mejorar la educación en general y la capacitación profesional de las fuerzas de seguridad en particular, la formación de cuadros políticos especializados en seguridad pública, la construcción de indicadores de seguridad pública sobre bases científicas con la participación del mundo académico, y un conjunto de medidas y acciones necesarias para abordar problemas tan complejos como la inseguridad y la violencia delictual”. Fuente: Informe de la Fundación Nelson Mandela sobre datos del Poder Judicial y el Ministerio de Gobierno de la Provincia
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 21:31:39 +0000
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