LA COIDH EN MÉXICO Lorenzo Córdova Vianello El lunes inicia el 48º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que se realizará en nuestro país. El evento tiene mucho de simbólico y además es una oportunidad única para hacer un balance a futuro del compromiso que en México se ha venido forjando con el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Hace un par de años muchos sostuvimos el carácter revolucionario que implicaba la reforma constitucional en la materia publicada el 10 de junio de 2011. La misma, señalábamos algunos, implicaba un cambio radical de paradigma constitucional cuyo potencial transformador implicaba un antes y un después en el modo de concebir al derecho (en general) y al papel de los órganos de garantía de los derechos humanos en particular. Lo anterior suponía romper con los cánones tradicionales de pensar al derecho tan arraigados en la mentalidad jurídica y sobre todo jurisdiccional en el país. La reforma no pudo ser más oportuna, se inscribió en el marco de una serie de emblemáticas sentencias condenatorias para el Estado mexicano por parte de la CoIDH que imponían un repensamiento profundo del modo de concebir y proteger los derechos… El trabajo de la Suprema Corte, en términos generales, ha sido importantísimo en el aterrizaje del nuevo paradigma constitucional. No sin intensas y muy complejas discusiones internas, la Corte ha marcado una ruta que, para pesar de muchos, me parece que resulta irreversible. A ello han contribuido, por un lado, una serie de sentencias paradigmáticas que, incluso yendo contra los humores públicos de una sociedad acostrumbrada a los juicios fáciles —y las condenas mediáticas—, nos han obligado a asumir, a veces de manera amarga, lo que significa tomarnos los derechos en serio (como en el controvertido Caso Cassez). Pero también, por otro lado, un par de consideraciones que han determinado el peso jurídico que tienen en nuestro sistema jurídico las sentencias de la CoIDH. En primera instancia, a pocas semanas de publicada la reforma constitucional de 2011, la SCJN, al pronunciarse en el expediente Varios 912/2010, con el que se discutió el acatamiento de la condena de la justicia interamericana en el Caso Radilla, determinó que las sentencias de la Corte Interamericana en las que México era parte tenían un carácter obligatorio para todos los órganos del Estado, mientras que el resto de las sentencias de la Corte radicada en San José tenían un carácter orientador. Sin embargo, en el marco de la discusión de una serie de contradicciones de jurisprudencia resueltas hace apenas unas semanas, la SCJN resolvió por seis votos contra cinco (un margen exiguo de votación, pero no por ello menos simbólico y significativo del sentido y compromiso con los derechos que está tomando nuestro máximo tribunal), que todas las sentencias de la Corte Interamericana, con independencia de que México sea parte o no de la controversia en las que se emiten, tienen un carácter vinculante para los órganos públicos de nuestro país… Además, el mensaje que esa resolución tiene en el contexto interamericano, en el que varios países cuestionan no sólo el papel sino la legitimidad de la misma Corte de San José, es muy importante en el apuntalamiento de la protección de los derechos en los tiempos complejos que atraviesan nuestras endebles democracias marcados por la demagogia populista, la exasperación del conservadurismo y los no pocos casos de añoranzas autoritarias. Consejero electoral del IFE (El Universal, pág. 18)
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 21:47:19 +0000