LA MUERTE DE ALBERTO SALAZAR BRICEÑO E IRIS VEGA BIZAMA Hoy día declaré en el proceso judicial por el homicidio de los compañeros del MIR Alberto Salazar Briceño e Iris Vega Bizama el 23 de junio de 1979, murieron destrozados por el estallido de un artefacto explosivo de alto poder que despedazó sus cuerpos. Ocurrió en Concepción, en la calle Maipú, entre las calles Aníbal Pinto y Colo Colo, a las 22.00 horas de aquel día sábado. Fuimos detenidos casi todos los compañeros que de algún modo nos habíamos comunicado en los meses previos. Permanecimos secuestrados en un cuartel clandestino de la CNI en el centro de la ciudad. Ninguno de los detenidos fue interrogado, aún bajo tortura, sobre artefacto explosivo alguno. Sometidos a proceso por una de las fiscalías militares de esta ciudad, la Vicaría de la Solidaridad apeló ante la Corte Marcial por todos los detenidos, menos por mí, luego que me notificara su Secretario Ejecutivo en la cárcel pública que la Vicaría "no defendía terrorista" cualidad que me atribuía sólo a mí de un total de 10 detenidos. La Corte Marcial resolvió el recurso ordenando a la fiscalía que reformulara la imputación por delitos de la ley de control de armas, porque no existía en las actas de interrogatorio obtenidas bajo secuestro ningún antecedente que nos vinculara con el uso o tenencia de armas. En el proceso judicial de la fiscalía no se realizó ninguna actuación más, ante lo cual la Vicaría interpuso recurso de amparo por los detenidos en la cárcel pública. El Gobierno, con el objeto de mantener la atención de la ciudadanía, interpuso una querella por infracción a la ley de Seguridad del Estado por el delito de "apología de la violencia" fundado en que a algunos de los detenidos se les habrían encontrados revistas como Mensaje que publicaban los jesuitas y Solidaridad que lo hacía la Vicaría de igual nombre. Finalmente fuimos todos absueltos de esa imputación por la Corte de Apelaciones local. Paralelamente fue incoado un proceso por la muerte de Alberto e Iris por uno de los juzgados del crimen de la ciudad, tribunal que no practicó diligencia alguna para establecer las causas de su muerte, limitándose a recepcionar el informe de autopsia y un parte del Servicio de Investigaciones sobre el sitio del suceso, sin pedir cuenta a la CNI sobre la investigación que asumió después de una hora de ocurrido el homicidio, desplazando a la policía de investigaciones. En resumen, ni la fiscalía, ni el juzgado del crimen, ni la Corte de Apelaciones realizaron investigación alguna sobre la muerte de estos dos compañeros y ninguno de quienes fuimos detenidos fue condenado a pena alguna. ¿Qué había ocurrido en realidad? El Gobierno había tomado conocimiento por sus servicios de inteligencia que la Iglesia Católica, uno o dos meses antes de este suceso, había recibido la denuncia de la existencia de una fosa común en la que yacían los cadáveres de un conjunto de 17 trabajadores y pobladores de Laja, asesinados en septiembre de 1973 por patrullas de militares y carabineros, todo lo cual constituía un hecho similar al de los hornos de Lonquén que desnudaba la naturaleza genocida de las fuerzas armadas y causaba un gran revuelo nacional e internacional. Algunos meses después la Iglesia Católica presentó una querella por el homicidio de los trabajadores de Laja, la mayoría de ellos empleados de la Fábrica de Celulosa de ese lugar y de ferrocarriles, designando la Corte local un ministro que dispuso la exhumación de los restos mortales de la fosa de Laja, su identificación y entrega a sus deudos, declarándose incompetente y pasando los antecedentes a la justicia militar, la que aplicó la amnistía de 1978 y cerró el procedimiento sin identificar a los asesinos. El asesinato de Alberto Salazar e Iris Vega tuvo por fin desacreditar la labor de la Iglesia Católica a la que atribuyó el financiamiento de las acciones políticas de los detenidos, sabiendo que ambos eran efectivamente colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad en la distribución de ayuda a la población, especialmente en comedores populares, bolsas de trabajo, etc. De paso explicaba la razón por la cual la Vicaría se había negado a prestarme apoyo jurídico, pues la CNI había entregado a los medios locales un comunicado en el que me señalaba como el "extremista que había entregado el explosivo" a los asesinados, lo que por cierto no era efectivo. Tan absurda era esa imputación que había sido puesto en libertad sólo seis días después de ser secuestrado por la CNI, la que ni siquiera se molestó de incluir en la declaración policial antecedentes alguno relativo al explosivo y para justificar mi detención declaró en el parte oficial que mi nombre "aparecía en una libreta de contactos" de Alberto Salazar. Lo que había ocurrido en realidad había sido la puesta en ejecución por parte de la CNI de un método que era desconocido por quienes militábamos en la resistencia en aquellos años. El artefacto explosivo había sido entregado a Alberto Salazar por conducto regular partidario por agentes encubiertos de la CNI en el MIR, quienes venían poniendo en práctica la ejecución de militantes mediante el uso de artefactos explosivos que eran detonados por mecanismos electrónicos a distancia. Esa fue la razón por la que la CNI no hizo gestión alguna para determinar el origen del explosivo, su elaboración y su entrega y no formuló imputación alguna en el proceso judicial de participación de ninguno de los detenidos con relación a ese hecho, salvo la imputación meramente mediática en que me atribuía la entrega del explosivo. Eso explicaba que un supuesto atentado con explosivo de alto poder terminó en un juicio por supuesta "apología de la violencia" por leer revista de unos curas que se limitaban a practicar la solidaridad social. Algunos años atrás, con motivo del procesamiento a Augusto Pinochet en Inglaterra y España el gobierno norteamericano "desclasificó" una gran cantidad de documentos de la CÍA relativos a la intervención de ese organismo en Chile. En uno de esos documentos de la CÍA fechado a fines de 1978 informa la unidad de Santiago a la central que se ha detectado que "oficiales de inteligencia han decidido asesinar a los resistentes mediante la su "voladura" en sus propias guaridas" citando las muerte por explosión en Ochagavía, Santiago, de dos militantes del MIR Nelson Espejo y Ramón Ramírez Vicker, y de otros militantes en Copiapó. Era el mismo método que luego fue replicado en Los Ángeles, Chillán, Temuco, Santiago y otras ciudades y que consistía en la preparación de artefactos explosivos por agentes de los servicios de inteligencia infiltrados en el MIR que luego entregaban por los canales partidarios regulares a algunos militantes elegidos por circunstancias diversas. Estos explosivos tenían un mecanismo electrónico de detonación a distancia, oculto para el manipulador. Otro agente represivo, provisto del dispositivo adecuado, lo hacía detonar, asesinando al militante de la resistencia elegido. El actual proceso judicial que lleva adelante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción está muy lejos de determinar e identificar a los asesinos de Alberto Salazar Briceño e Iris Vega Bizama, que cayeron en un mes de junio de hace 34 años atrás. Nadie, sin embargo, será olvidado, ni las circunstancias de su muerte a mano de traidores e infiltrados en esta ocasión.
Posted on: Thu, 04 Jul 2013 04:08:59 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015