LA OPOSICION DE PROYECTOS INCONFESABLES Y LIDERES OCULTOS La discusión de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias parece dejar más al desnudo los rasgos del camino por el que transita la discusión política en Argentina. El cuestionamiento al material heterogéneo que compone los distintos armados opositores no aparece como relevante más allá de la mesa de café o del asado del domingo. La mirada debe posarse sobre la estructura que refleja cada uno de esos armados en comparación con el oficialismo a nivel nacional. El peronismo, desde siempre, ha dado muestras de amplitud. Sin embargo, en ningún caso, eso no fue un impedimento para la construcción política, la construcción de poder o la ejecución de un proyecto político. La principal falencia que muestra el arco opositor a nivel nacional no es su variopinta composición, sino la falta de un conductor visible o un proyecto confesable. La exposición de candidatos repitiendo como marionetas los dictados de los grandes grupos económicos con el sólo fin de erosionar al gobierno, sobredimensionando problemas y sin aportar soluciones serán parte del asunto. El pasado cercano aporta datos que son valiosos para dejar en claro cuál es el verdadero fin que persigue la oposición escondido tras slogans de campañas como “ponerle limite a la Presidenta”, “Ella o vos” o “sin 2013 no hay 2015”. El propio derrotero opositor llena de contenido estás frases y despeja dudas. Ni siquiera es necesario recurrir a cuales fueron las posiciones de los distintos personajes que supieron construir el nefasto y breve Grupo A ante las normas impulsadas por el Ejecutivo para igualar y equiparar o para volver a darle al Estado el peso específico que nunca debería haber perdido, sino que sólo hace falta repasar las iniciativas impulsadas durante el breve interregno del Grupo surgido al color de la discusión por las retenciones y los resultados de las elecciones legislativas 2009. Si la oposición hubiera conseguido sancionar en ese período los proyectos de ley que modifican la recaudación y financiación, el Estado nacional hubiera quedado desfinanciado en 100 mil millones de pesos. Si la oposición hubiera logrado su cometido los perjuicios para Argentina y para el gobiero nacional hubieran sido mayúsculo ya que se hubiera modificado la realidad presupuestaria aprobada por los propios legisladores . Por ejemplo, la reforma al impuesto al cheque impulsada por el arco opositor, que logró media sanción del Senado, hubiese implicado un recorte de fondos para el Gobierno Nacional de 9800 millones de pesos, además de 1098 millones que debería haber sido resignados por la ANSES en favor de las arcas provinciales. De esta manera, -tomando ele Ejemplo del año 2010) de los 23.000 millones de pesos anuales previstos por la recaudación de este tributo, a la Nación se hubiera quedado con poco menos de 13.000 millones. En medio de ese debate parlamentario, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación del Fondo de Desendeudamiento de las Provincias, que contempló una quita de 9 millones de pesos y la refinanciación de 65.000 millones que 19 distritos adeudan a la Nación. Esta decisión supuso que aquellos pagos previstos en 2010 por cancelación de esas obligaciones no ingresarán ese año al Tesoro nacional. Sin darle importancia a la medidaque alivio las economías provinciales, el Senado comenzó casi en simultáneo a tratar en Comisión tres proyectos para obligar a la ANSES a devolver a las provincias el 15% de coparticipación que se le acredita anualmente desde hace más de una década. Una de esas iniciativas, que fue impulsada por el socialista Rubén Giustiniani, proponía que el Estado erogue durante ejercicio de 2010, 80.000 millones de pesos por lo coparticipado desde 2005 a la fecha. Desde ya el texto no explica cómo haría el Estado para redireccionar esos fondos y, al mismo tiempo, permitir que la ANSES siga financiando diferentes programas sociales, entre los cuales figura la Asignación Universal por Hijo. Las otras dos iniciativas, de la formoseña Adriana Bortolozzi y el salteño Juan Carlos Romero, iban en el mismo sentido. El primero sostenía que la devolución debía incluir al 2009 y 2010, y de haberse aprobado, le hubiera costado al Estado nacional 47.000 millones de pesos. En tanto que el de Romero fijaba como fecha de entrada en vigencia el próximo ejercicio presupuestario y esquilmaba a la Nación en aproximadamente 20.000 millones de pesos anuales. Estos dos proyectos tampoco contenían un mecanismo para reemplazar la generación de esos fondos, ni contemplaban la magnitud del desfinanciamiento que implicaría para la ANSES este recorte del 15% que recibe de lo que se recauda por el impuesto al cheque. Por su parte, el Peronismo Disidente intentó rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia que creó el Fondo del Desendeudamiento Argentino lo que hubiera significado que el Estado nacional tuviese que afrontar pagos de deuda por 15.000 millones de pesos sin poder hacer uso de las reservas del Banco Central. Como si esto fuera poco, y con el desfalco al Estado propuesto, la oposición avanzó con la sanción del 82% móvil para los jubilados. La oposición hizo caso omiso a las declaraciones de la Presidenta que advirtió que si se votaba el 82% móvil para las jubilaciones mínimas, "en tres meses entramos en default". Según datos de la ANSES (2010), el impacto fiscal adicional anual del proyecto del 82% móvil que aprobó Diputados asciende a $ 30.085 millones, o un 2,43% del Producto Bruto Interno. De ahí que la presidenta acusara a la oposición de tener un "default de ideas, proyectos y propuestas". Lo que sorprende (o no) es que los diputados no le pidieron a la ANSES ningún cálculo para estimar el impacto del 82% móvil en la economía. Por aquel entonces, donde Patricia Bullrich llamaba a refundar la república la oposición también propiciaba el fin de las retenciones. Según los cálculos realizados por representantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja en 2010, el costo fiscal de modificar las retenciones rondaría los $ 12.300 millones anuales. Queda claro que la oposición no quiere la mayoría en el Congreso para cuidar las instituciones ni para proteger la república. La búsqueda de la mayoría parlamentaria tiene dos objetivos claros: primero destruir al gobierno a cualquier precio y sin importar quien pague los costos y segundo entregarle el control del país a las corporaciones que vieron lesionados sus intereses a lo largo de la última década. De: Agustín Alvarez Rey
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 23:32:32 +0000
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