LA OTRA GUERRA (EMPEÑOS DIPLOMÁTICOS POR LA PAZ) El dramático conflicto que desangró a dos repúblicas sudamericanas entre 1932 y 1935 fue el aspecto brutal de un largo problema que formó parte del proceso de la formación de los países de esta parte del mundo, que tuvo su finiquito hace apenas cuatro años, cuando, el gobierno argentino entregó las actas finales de las delimitaciones definitivas a los gobiernos de Bolivia y el Paraguay. Desde remotos tiempos, el Paraguay realizó actos de soberanía en varios lugares de la inmensidad chaqueña, iniciando su presencia en aquellos confines por medio de las primigenias exploraciones, camino a los ricos países del oro y de la plata, así como, en el transcurso de los siglos, plantó fortines y fortalezas en defensa de territorios que consideraba parte de su jurisdicción. Una de las causas de la guerra con Bolivia fue la aplicación, a partir de 1810, entre los nuevos estados emergentes en el mapa americano, luego de la emancipación de la dominación española de una figura jurídica conocida como Uti-possidetis iure (que significa en latín “como poseías, poseerás”), que en el caso de Bolivia le otorgaba cierta calidad de sucesora de la antigua Audiencia de Charcas, aunque esta condición tenía poca consistencia, porque nunca, en todo el periodo colonial, fueron definidos los límites de las circunscripciones españolas en América. Justamente esa situación fue la que originó los problemas que el Paraguay tuvo con sus vecinos directos y que desembocaron, tanto en el conflicto con la Triple Alianza, entre 1864 y 1878, con una sangrienta guerra de por medio (1865-1870), como en el conflicto paraguayo boliviano, entre 1932 y 1938, cuando se establecieron los límites definitivos, tres años después de finalizada la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Si el Uti-possidetis iure a Bolivia le daba ciertos derechos sobre el territorio chaqueño, al Paraguay le amparaba el Uti-possidetis factum (que significa lo poseído materialmente), pues a lo largo de su historia hizo acto de presencia, si no en todo el territorio, en parte importante del mismo. Efectivamente, con el propósito de ocupar el territorio chaqueño, desde los años de la época colonial, las autoridades de Asunción realizaron numerosas acciones en el sentido de establecer la soberanía del país en el Chaco. La fundación de poblados y guarniciones militares fue parte de ese objetivo. En el norte surgieron bastiones como Fuerte Olimpo, en 1792; Bahía Negra, la misión de Melodía, en las cercanías de Asunción, etc. Al concluir la guerra contra la Triple Alianza del Brasil, Argentina y el Uruguay, es cuando la posesión del Chaco sale a relucir como punto conflictivo en la historia regional, convirtiéndose en el tema de discusiones diplomáticas con la Argentina, y que fue dirimida mediante el laudo arbitral del presidente norteamericano Rutherford B. Hayes. Algunos actos de soberanía El proyecto de pisar en el Chaco –dentro de la doctrina del Uti-possidetis factum, alentada por el Gobierno paraguayo– propendió el establecimiento en territorio chaqueño de colonias agrícolas de inmigrantes. Los intentos de colonización, desde el lado paraguayo, tienen lejanos antecedentes que arrancan desde el periodo colonial, como los más de sesenta viajes exploratorios y que otorgaron al Paraguay los derechos enmarcados en el Uti-possidetis factum. Tal el caso de las expediciones de Alejo García, Ayolas, Yrala y otros. El adelantado Núñez Cabeza de Vaca intentó establecer un camino de comunicaciones con el Perú.de paso apaciguó a los agaces, batalló con los guaicurúes y tomó posesión de la región chaqueña para la corona española. La fundación de las primeras poblaciones en territorio chaqueño se debieron al empeño de los españoles Andrés Manso y Nufrio de Chaves. Otro ámbito probado fue la catequización de poblaciones nativas, pero el total desconocimiento de las lenguas de los pueblos autóctonos no permitió resultados positivos algunos. Aún así se intentaron algunas misiones religiosas y fortines militares. Ya más cercano en el tiempo y en el espacio fue el intento de colonización con inmigrantes franceses en Nueva Burdeos, a mediados del siglo XIX. Otro ensayo más exitoso provino por parte de la venta de tierras públicas, lo que, además de oxigenar su paupérrima economía derivada de la guerra, permitió a numerosas empresas de capital extranjero a posesionarse de extensas propiedades chaqueñas, como el caso estancias ganaderiles y de empresas extractivas de tanino y riqueza forestal. Fue recién a finales de la tercera década del siglo XX, cuando se obtuvo una colonización más exitosa, la de los menonitas, llegados hacia 1927 y establecidos en tierras compradas de la empresa taninera Carlos Casado. Un territorio, dos pretendientes Para definir la soberanía sobre el territorio chaqueño, las repúblicas de Bolivia y el Paraguay gestionaron, infructuosamente, varios tratados con el propósito de establecer los límites de ambos países. Ninguno de estos protocolos definió claramente las pretensiones sobre el Chaco. La derrota boliviana en la Guerra del Pacífico derivó en el reavivamiento del conflicto jurisdiccional sobre el Chaco boreal entre nuestros países, lo que venía arrastrándose de una vieja cuestión sobre los límites entre el Paraguay y Bolivia. Muchos fueron los intentos por definir los límites y fronteras entre ambas repúblicas. Se recurrieron a conversaciones, intentos de arreglos que satisficieran los intereses de ambos países, ya por medio de tratados o de algún arbitraje internacional. Como ya se dijo, el gobierno boliviano sostenía la tesis de que las repúblicas hispanoamericanas tenían por límites los mismos que correspondían a las antiguas demarcaciones coloniales de que se formaron, salvo las modificaciones que la guerra de la independencia hizo experimentar a lagunas de las mencionadas demarcaciones, conocido en el Derecho Internacional con la designación de Uti-possidetis iure. Por su parte, como también ya lo señalamos, el Paraguay enarbolaba el principio del Uti-possidetis factum, o de hecho. La búsqueda de contacto diplomático boliviano con el Paraguay data de la época del presidente José Ballivián, pero sus mensajeros no fueron recibidos por don Carlos Antonio López. El primer diplomático en llegar al Paraguay fue Aniceto Arce, enviado por el gobierno del presidente Achá, allá por 1863. Arce intentó llegar al Paraguay navegando por el río Bermejo, pero su embarcación naufragó, sus acreditaciones perdidas y cuando llegó fue tomado como espía hasta que, meses después llegaron nuevas acreditaciones. Las primeras señales de la cuestión chaqueña podía ser fuente de problemas entre el Paraguay y Bolivia, se dieron a mediados del siglo XIX, cuando el gobierno boliviano protestó con motivo de la suscripción, el 15 de julio de 1852, de un tratado entre nuestro país y la Argentina, por el que este país reconocía al nuestro que, “el río Paraguay pertenece de costa a costa en perfecta soberanía a la República del Paraguay, hasta la confluencia con el Paraná”, además de que “la navegación del río Bermejo es perfectamente común a ambos estados”. Por su parte, Bolivia se consideraba con derechos sobre la margen derecha del río Paraguay, hasta la desembocadura del río Bermejo, inclusive. Durante dos décadas las reclamaciones bolivianas sobre el tema se aquietaron. Inclusive durante los años que duró la guerra contra la Tríplice, no se sumó a ella, por haber obtenido departe del Brasil la promesa de que sus derechos sobre la ribera occidental serían respetados. Pero, a poco de concluir el conflicto, Bolivia vio esfumarse dichas promesas, cuando la Argentina reclamó como suyo y ocupó militarmente parte del territorio del Chaco. Desde ese momento, el territorio chaqueño se convirtió en una cuestión bilateral paraguayo-argentina y sobre el cual trataron discusiones y arreglos entre dichos países: las diplomacias de ambos países resolvieron dividir el territorio chaqueño en tres partes: la que quedaba entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, pasó a pertenecer a la Argentina; la que quedaba enytre el río Verde y Bahía Negra, al Paraguay; y laque comprendía entre los ríos Pilcomayo y Verde, sería sometido al arbitraje del presidente de los Estados Unidos de América, Rutherford B. Hayes. Los gobiernos de ambos países presentaron al árbitro sus respectivos alegatos y documentaciones y el 12 de noviembre de 1878, el presidente Hayes emitió su fallo por medio de un laudo otorgando al Paraguay el territorio litigado por la Argentina. Por su parte,el gobierno boliviano reclamo atención a sus requerimientos, pero su pedido fue rechazado por el árbitro, por no ser suscriptor del tratado por el cual se resolvió el arbitraje. El gobierno boliviano nunca aceptó el laudo Hayes y creía que todos sus actos y protestas anteriores y posteriores al fallo amparaban sus pretensiones y derechos sobre el territorio chaqueño. Además, consideraba que el arbitraje del presidente norteamericano era una cuestión exclusiva del Paraguay y la Argentina y que no tenía ningún efecto sobre sus derechos. Por su parte, el Paraguay se vio fortalecido en sus derechos sobre la región Occidental, aunque quedaba una espinosa cuestión: la definición de sus límites. El mismo año en que el Paraguay tomaba formalmente posesión del territorio chaqueño, Bolivia –derrotada en su experiencia en la Guerra del Pacífico, durante la cual perdió su litoral marítimo– volcaba sus ojos sobre el Chaco con mayor interés: ese mismo año, a raíz de su infeliz intervención en dicho conflicto –entre Chile y Perú–, perdió su costa sobre el mar, quedando en una incómoda posición mediterránea. Gestiones y tratados Varios fueron los intentos desde Bolivia de establecer algún punto portuario en el oriente del país, con el propósito de tener una salida al río Paraguay. Muchos nombres son rescatados por la historia en ese empeño, como los de Oliden, Taboas, Vargas, etc. Acicateado por un rico empresario y aventurero español, don Francisco Javier Bravo –quien, en 1879, había presentado al gobierno boliviano un fabuloso proyecto de fundación de ciudades, carreteras y ferrocarriles desde Bolivia al río Paraguay, pidiendo a Bolivia y al Paraguay la concesión, en dominio, de extensos territorios en el litoral entre el río Apa y Bahía Negra (probablemente, se debe a su apellido, la denominación de las serranías de Paso Bravo, el norte del país), dicho gobierno, para dirimir la soberanía sobre el territorio disputado, desempolvó sus viejos reclamos y envió al Paraguay a uno de sus negociadores, el doctor Antonio Quijarro, designado ministro de la Legación boliviana en Asunción, con el propósito de acordar una salida transaccional que asegurase la soberanía boliviana en la margen derecha del río al sur de Bahía Negra. Luego de varios días de negociaciones, el doctor Quijarro cedió en su demanda de una frontera a lo largo del río Verde y aceptó la división del territorio chaqueño por un paralelo que, partiendo de frente a la desembocadura del río Apa, se dirigiera hasta alcanzar el curso del río Pilcomayo. El tratado, conocido como Decoud-Quijarro, nunca fue ratificado por el Congreso paraguayo y el parlamento boliviano recién lo hizo, dos años después, con la condición de obtener un puerto en la margen oriental del Pilcomayo y al sur de los bañados de Patiño. Esta pretensión boliviana motivó el fracaso del tratado de 1879. Este fue el primero de seis tratados o protocolos bilaterales producidos entre 1879 y 1927. Estos tuvieron en común prever para Bolivia, en cada caso, una disminución del territorio que le había sido asignado en aplicación del Uti-possidetis iure de 1810. Por otra parte, el litigio entre los dos países, limitado a la zona al sur de Bahía Negra y la del canal principal del río Pilcomayo hasta fines del siglo XIX, será extendido a las partes norte y oeste del Chaco y englobará el conjunto de su territorio, limitado por los ríos Otuquis y Parapití, la cordillera de los Chiriguanos y el río Paraguay, so pretexto de que formaban una unidad geográfica indivisible. Ante las indefiniciones relativas a las negociaciones diplomáticas, el Gobierno paraguayo restableció una guarnición militar en Fuerte Olimpo, en la margen derecha del río Paraguay, lo que inquietó a Bolivia, pues ese punto se encontraba muy al norte de la desembocadura del río Apa, desde donde partía la delimitación acordada por el tratado Decoud-Quijarro. Lastimosamente, este tratado no entró en vigencia, pues había creado una situación de equilibrio que podía satisfacer las ambiciones territoriales de ambas repúblicas y pudo haber incitado la discusión pacífica de una valoración en común del Chaco conveniente a sus intereses y así, haber evitado lo irreparable a largo plazo. Con la intención de ratificar este tratado se sucedieron otras negociaciones, como la de Aceval-Tamayo, Decoud-Pinilla, Benítez-Ichazo, etc. La fundación de fortines militares por parte de Bolivia sobre el Pilcomayo (Guachalla y Ballivián, en 1906), movió al canciller argentino Estanislao Zevallos, preocupado por la defensa de intereses argentinos en el Chaco boreal –uno de los principales era la empresa taninera de los Casado– a invitar al diplomático boliviano Claudio Pinilla y al ministro paraguayo Adolfo R. Soler a mantener una ronda de negociaciones, pese a que no tenían plenipotencias de sus respectivos gobiernos. Este convenio fue objeto de encendidas polémicas en Bolivia, cuyo Congreso no ratificó por considerarlo desfavorable al país. Uno de sus principales detractores fue el senador Daniel Salamanca, que lo calificó de “grave error”, mientras que Bautista Saavedra, también futuro presidente como el anterior, enrostró a Pinilla la “renuncia total al Chaco”. Los doctores Emeterio Cano, ministro boliviano en Asunción, y Manuel Domínguez, encargados de cumplir el protocolo con la concertación formal de arbitraje, no llegaron a ningún acuerdo. Es más, el proyecto se malogró de una vez por todas con la inesperada muerte del doctor Cano, en Asunción. Tampoco el Congreso paraguayo lo ratificó, pero hizo uso de él en varias oportunidades, como en el caso de las fundaciones de fortines que Bolivia venía haciendo a lo largo del Pilcomayo. La solución del problema chaqueño quedó en suspenso, en parte por los años de anarquía política que sacudió al Paraguay desde mediados de la primera década del siglo XX, hasta 1912. Recién el 5 de abril de 1913, el canciller paraguayo Eusebio Ayala y el plenipotenciario boliviano Ricardo Mujía intentando solucionar el espinoso tema, reiniciaron las negociaciones debatiendo ampliamente sobre la cláusula del status quo de 1907 –el Paraguay sostenía que era obligación inmediata, en tanto que Bolivia sostenía que había caducado sus efectos con la muerte de Cano y la renuncia del presidente argentino, designado árbitro–. La resolución del Paraguay de declarar nulos todos los tratados y pactos anteriores, hizo que Bolivia aceptara la vigencia de las cláusulas de statu quo, firmando el protocolo conocido como de Ayala-Mujía. Este protocolo fue ratificado por ambos gobiernos el 28 de julio de 1913. Como no se llegó a formalizar ningún arreglo a fondo, ni directo ni arbitral, el término mínimo de dos años, fue prorrogado por los protocolos del 19 de julio de 1915, del 21 de noviembre de 1916 y las actas del 15 de junio de 1917 y del 17 de junio de 1918. Los especialistas de ambos países se habían dedicado a recolectar todos los documentos que avalaran sus alegatos. El doctor Mujía entregó a su colega su completo alegato titulado “Bolivia-Paraguay, en tres tomos de exposición, cinco de anexos y una cartera de mapas”. Por su parte, el doctor Fulgencio Ricardo Moreno requirió de varios años para terminar su “Réplica”, quedando, al final, sin efectos el convenio de 1913. Estos años de indefiniciones llevaron a ambos países a “pisar en el Chaco”, como una forma de hacer valer sus derechos sobre el territorio. Esa política fue llevada a cabo con la fundación, por ambas partes, de numerosos fortines militares –como los de Muñoz y Saavedra por parte de Bolivia– y con la concesión de tierras a inmigrantes menonitas, por parte del Paraguay. El Gobierno boliviano protestó por la ubicación de los colonos en suelo chaqueño, pero el Paraguay alegó que se trataba de un emprendimiento privado y que la zona donde se establecerían las colonias estaban dentro de las líneas del statu quo de 1907. En los dos países, entre tanto, se llevó a cabo una intensa campaña propagandística a favor de las actitudes de cada gobierno. A fines de 1924, el año en que el Paraguay reanudó la fundación de fortines –Nanawa, General Aquino, etc.–, luego de la revolución chirifista, las relaciones paraguayo-boliviana se volvieron muy tensas, por lo que el Gobierno argentino ofreció mediar entre ambos países, en busca de un arreglo amistoso. Todas estas situaciones llevaron, como dice el boliviano Mercado Moreira, a que “dos movimientos de ocupación y en direcciones contrarias tenían que chocar fatalmente cualquier día, y tanto más pronto, cuanta mayor celeridad se imprimiese a ese movimiento”. Y, en efecto, pronto ocurrió lo que tenía que ocurrir. Así se sucedieron los hechos de fortín Sorpresa, de fortín Vanguardia, la movilización de 1928, de Masamaclay hasta llegar a Pitiantuta y, consiguientemente, Toledo, Corrales y Boquerón, para que ambos países fueran arrojados a la vorágine de la guerra que no se detendría sino tres años después. De nada sirvieron todas aquellas tratativas anteriores, ni la Sociedad de las Naciones, ni la Conferencia de Buenos Aires, ni la de Washington, ni los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje, ni la Comisión de Neutrales. En fin, una larga historia de fracasos diplomáticos, que dieron lugar a la prosecución de ese proceso en el ámbito de las armas, desde el 15 de junio de 1932, hasta el 14 de junio de 1935. Pero, a la par, siguieron los esfuerzos diplomáticos en busca de una solución del conflicto. El Paraguay estaba dispuesto a aceptar un arbitraje para el reparto ecuánime del Chaco, pero con la condición que el mismo reconociese como límites paraguayos los ríos Jaurú, por el norte; Parapití, por el noroeste y Pilcomayo por el sur. Estas condiciones no fueron aceptadas por el gobierno boliviano. Era interés del gobierno norteamericano que el diferendo se solucionase por la Comisión de Neutrales, sin tener que recurrirse a la Sociedad de las Naciones, pues ello socavaría su influencia regional. Originalmente la Comisión de Neutrales constituida en la Conferencia de Conciliación y Arbitraje de los Estados Panamericanos para ocuparse del problema del Chaco debía estar integrada por la Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Estados Unidos, pero el gobierno argentino declinó participar de la Conferencia. Las autoridades de Brasil también rehusaron sumarse a la reunión. Como resultado del alejamiento de la Argentina y Brasil, la Comisión de Neutrales estuvo integrada por cinco países no limítrofes de las partes en pugna –Estados Unidos, Colombia, Cuba, México y Uruguay-. Por su parte, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, que no estaba dispuesto a ceder el protagonismo al gobierno norteamericano en el litigio boliviano-paraguayo sobre el Chaco Boreal, lideró el grupo ABCP (Argentina, Brasil, Chile y Perú), y se opuso al deseo norteamericano de panamericanizar la solución del conflicto. En sus esfuerzos por obstaculizar la política norteamericana, la diplomacia argentina incluso trató de utilizar la influencia europea a través de la Sociedad de las Naciones. El 3 de agosto de 1932, los representantes de todas las repúblicas americanas reunidos en Washington efectuaron una declaración, pidiendo encarecidamente a Bolivia y Paraguay que sometieran la controversia a un arreglo por arbitraje u otro medio amistoso aceptable para ambos. En cuanto a las responsabilidades que pudieran derivarse de los encuentros ocurridos desde el 15 de junio, se les pedía a los países en conflicto que presentaran a la Comisión de Neutrales toda la documentación y que el agresor aceptara dar satisfacción al agredido, eliminando toda desavenencia entre ellos. Se los invitaba a paralizar los movimientos de tropas en el territorio disputado y se les advertía que no sería reconocido arreglo territorial que no fuera obtenido por medios pacíficos. Pese a todos estos intentos, las tratativas siguieron, pero no pasaron de meras conversaciones de sordos. Mientras, los cañones siguieron su ronco lenguaje de fuego. Recién con el rotundo triunfo paraguayo de la batalla de Ingavi, se abrió la puerta para la paz, lo que se logró con la firma, el 12 de junio de 1935, del Protocolo respectivo, que ordenaba un armisticio de 12 días. Luego de 1095 días finalizó la más estúpidas de las guerras, como la calificó el conductor civil de la contienda por el lado paraguayo, doctor Eusebio Ayala. Efectivamente, luego de intensas negociaciones, el mediodía del 12 de junio de 1935 Luis A. Riart, canciller paraguayo; Tomás M. Elío, canciller boliviano; y los negociadores Carlos Saavedra Lamas, canciller argentino; José Carlos de Macedo Soares, canciller brasileño; José Bonifacio de Andrada e Silva, embajador brasileño; Luis Alberto Cariola, embajador Chileno; Félix Nieto de Río, delegado especial chileno; Alexander W. Wendell y Hugo Gobson, embajadores norteamericanos; Felipe Barreda Laos, embajador peruano y Eugenio Martínez Thedy, embajador uruguayo, concertaron la cesación de hostilidades entre el Paraguay y Bolivia por medio de una Conferencia de Paz, convocada por el Gobierno Argentino. Tres años siguieron los trabajos diplomáticos para lograr finalmente el tratado de paz entre ambos países. Tres años ricos en acontecimientos, muchos de los cuales estuvieron a punto de hacer fracasar las negociaciones, hasta que por fin, el 21 de julio de 1938, tuvo lugar en Buenos Aires la solemne firma del tratado de paz entre nuestro país y Bolivia. El sacrificio y la sangre derramada a lo largo de tres trágicos años por nuestros mayores no fueron en vano: se firmó un tratado –que tuvo y tendrá sus puntos puestos en tela de juicio, pero fue un tratado que trajo paz por casi 80 años. Hoy, el Chaco boreal constituye la reserva natural que garantiza el futuro del Paraguay de cómo país y nos corresponde a nosotros y a las generaciones que vendrán, construir esta paz en beneficio de nuestros pueblos.
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 11:30:33 +0000
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