La CRAC, fracturada a 18 años de luchar contra el sistema Kau Sirenio Después de haber fundado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los pueblos indígenas llegan divididos a sus 18 años. El sistema de justicia comunitaria –único en el país–, enfrenta ahora crisis políticas y organizativas. Esos pueblos olvidaron a sus muertos y encarcelados durante los gobiernos emanados de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (PRI, PRD). “Gracias a mi amigo Eliseo Villar Castillo” –dijo el gobernador, Ángel Aguirre Rivero en su gira en San Luis Acatlán el 16 de mayo–, “por la vaca en barbacoa que me regaló en mi campaña como candidato a gobernador. Ahora estoy acá para entregarles los apoyos como muestra de agradecimiento”. En la gira del gobernador a la casa de justicia de San Luis Acatlán, se asomaron las fracturas que vendrían después con la detención de la comandante Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco, y los 21 policías comunitarios presos desde el 21 de agosto. Desde su fundación, la CRAC diseñó su propia estrategia para evitar que sus líderes fueran cooptados. La asamblea regional del 15 de octubre de 1995 acordó crear una coordinadora que fuese el órgano que los representaran; sin embargo, con el paso de los años esta coordinación se debilitó y se impulsó la figura de unos cuantos líderes, empezando con los hermanos Plácido Valerio, hasta Eliseo Villar Castillo. Durante los 18 años, la CRAC intentó una y otra vez posicionar a los pueblos indígenas desde el territorio comunitario. Respecto al centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia no se concretó nada, ni la articulación las luchas de la CRAC-PC con otras organizaciones. *** Para debilitar el sistema de justicia comunitaria de la Costa Chica, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, no escatimó recurso para cooptar a los coordinadores más visibles, aprovechándose del debate que se daba al interior de la CRAC y que los medios de comunicación presentaban como síntoma de división. El gobierno del estado entregó dinero a los disidentes de la CRAC, a través del alcalde priista de San Luis Acatlán, Alejandro Contreras Velasco, quien sirvió de intermediario para que los recursos se entregaran a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para las movilizaciones que realizaban en el estado. El ex alcalde interino de San Luis Acatlán Jacob Nava Juárez sirvió de enlace y en ocasiones acompañó a Apolonio Cruz Rosas y Cirino Placido al palacio de gobierno para demandar al gobierno del estado que ya no entregara dinero a la CRAC de Eliseo. “Desde esa posición inició una campaña de desprestigio en contra de la CRAC; de ahí se llevaron a cabo varios reuniones para detallar estrategia a seguir para debilitar a la organización indígena, con el consentimiento de Eliseo Villar”, dijo uno de los ex coordinadores que pidió el anonimato. *** “Somos una organización de los pueblos” –dijo la coordinadora de la CRAC, Asunción Ponce Ramos al inaugurar las actividades del 15 aniversario, en San Luis Acatlán, el 13 de octubre de 2010–; “llevamos el nombre de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria. Que decimos que ‘El respeto a nuestra Derechos, será Justicia’. Somos indígenas na savi (Mixteco), me’phaa (Tlapaneco), náhuatl y afromeztizos que vivimos en aproximadamente 69 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y Montaña de Guerrero donde sobrevivimos luchando. “Nos organizamos para la seguridad, la justicia y reeducación; tenemos el cargo de cuidar a nuestras familias y de arreglar los problemas que tenemos entre comunidades, de combatir a la delincuencia y de buscar la paz. Vemos cómo los gobiernos sólo hacen negocio con la seguridad; que la justicia es corrupta, que las cárceles no resuelven problemas y hemos resuelto hacer nuestras leyes y nuestras normas”. Este discurso se diluyó en menos de tres años. Ese día cientos de organizaciones sociales del país se dieron cita al encuentro de los pueblos indígenas, pero después vinieron en cascada los problemas: “En esa administración, Pablo Guzmán Hernández tomaba decisiones sin consultar a los otros coordinadores y hacía declaraciones a periodistas. Esto llevó a que las comunidades desconocieran al coordinador” dice el ex coordinador. Con el surgimiento de la autodefensa en Ayutla y Tecoanapa por la UPOEG se acrecentaron las pugnas entre los hermanos Plácido Valerio y la administración de Pablo Guzmán Hernández, Asunción Ponce Ramos, Máximo Tranquilino Santiago y Gelacio Barrera Quintero. Una vez que surgieron las autodefensas, vinieron también del gobierno del estado propuesta para someter a la comunitaria, incluso, el gobernador envió un decreto al congreso del estado para crear la policía rural; sin embargo, la casa de justicia de San Luis Acatlán convocó a una marcha para rechazar la iniciativa gubernamental. El 17 de febrero, después de marchar por las principales calles de San Luis Acatlán, el ex comisario de Capulín Chocolate, Marquelia, Eliseo Villar Castillo leyó el pronunciamiento de la CRAC, para demandar cese a las agresiones en contra de la comunitaria que viene desde 1995. Ahí dijo que habían quedado superadas las hostilidades del gobierno con la promulgación de la Ley 701, que en su artículo 37 reconoce el sistema de justicia indígena y de la CRAC, destacando que esta ley y el reglamento interno son las normas que los rigen actualmente al interior de las comunidades incorporadas a este sistema comunitario. La beligerancia de Villar convenció a los comisarios presentes y lo vieron con buenos ojos para próximo coordinador. *** El enfrentamiento entre la CRAC y la UPOEG llegó hasta las amenazas y la toma de las instalaciones de la casa de Justicia de este municipio. La CRAC acusó al gobernador de estar detrás de los disidentes. “El gobierno del estado muestra su interés en desarticular este sistema comunitario prohibiendo prácticamente todo lo que hacen y que se ha construido con grandes sacrificios por los pueblos. Llamamos a los poderes del Estado a rectificar su actitud y a evitar este tipo de emplazamientos a nuestros pueblos, ya que en todo el tiempo nuestra disposición ha sido la de construir en beneficio del estado de Guerrero y del país, mejores condiciones de existencia que deberían ser tomadas en cuenta con respeto y serenidad”. Una semana después vino la asamblea regional para elegir a los nuevos coordinadores de la CRAC, a la que llegaron con acuerdos ya amarrados. Para evitar que la UPOEG se quedara con la mayor parte de los coordinadores, Pablo Guzmán diseñó una asamblea desde las comunidades de la parte baja para que de ahí salieran los nuevos comisarios. “Esta asamblea es una práctica que contraviene el espíritu organizativo de los pueblos indígenas, porque la asamblea es la autoridad máxima en toma de decisiones de los pueblos. Lo que se hizo es imponer a mestizos en la CRAC para que de esta forma se desarticularan un sistema que costó en construir” dijo una semana después Cirino Plácido Valerio. El domingo 24, en asamblea el sistema de justicia que aglutina 108 pueblos indígenas y mestizos de 15 municipios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero eligió a los nuevos coordinadores. Los integrantes de la nueva coordinación ratificaron su compromiso de luchar contra la entrada de empresas mineras en territorio de la CRAC-PC. La asamblea se llevó a cabo y la elección inició con expectativas; sin embargo, se diluyeron conforme se desarrolló, luego de repetidas excitativas a salvar un proyecto de vida con justicia y dignidad para los pueblos, a no caer en la tentación de la violencia y actuar con respeto. *** El domingo 7 de abril, dos días después del desalojo de los maestros en la Autopista del Sol, en una asamblea estatal se conformó el Movimiento Popular Guerrerense (MPG). Ahí, Eliseo Villar Castillo comprometió a la CRAC al movimiento magisterial y a la primera marcha por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, dijo que la comunitaria tenía diseñados tres planes. Sin embargo ningunos de estos planes se pusieron en marcha. El 13 de ese mes, en Acatempa, Tixtla, al acudir a la toma de protesta de los nuevos comunitarios de esa comunidad, Villar Castillo agradeció al gobernador por el apoyo que le brindó a la casa de justicia. Por esta postura, los maestros que se encontraban a las actividades comunitarias lo abuchearon. El 6 de mayo, Eliseo fue detenido en Acapulco, y al día siguiente fue puesto en libertad. Antes de su liberación acordó con el entonces secretario de gobierno, Humberto Salgado Gómez, la visita del gobernador a la casa de Justicia de San Luis Acatlán para el 16 de mayo. Fue ahí cuando su entrañable amigo le recordó el regalo de la “vaca en barbacoa”.
Posted on: Wed, 30 Oct 2013 00:26:22 +0000