La Subsecretaría de Pesca de la Nación se burla de la Corte septiembre 6, 2013 Roberto V. Maturana Periopontis SA “Al introducir el crimen en el análisis del orden social, no desde el punto de vista de la agresión, sino desde el de su creación y reproducción, el concepto del crimen organizado como el delito de cuello blanco o el de corrupción, tiene la virtud de disolver las barreras que siempre separaron el crimen de la política y revela la esencial ambigüedad del discurso de la criminología en general”. Ensayos sobre Crimen Organizado y Sistema de Justicia, Virgolini/Slokar, 2001. En esta investigación de delitos de “cuello blanco” se devela que la justicia argentina no ve la corrupción y el canibalismo estructural de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y el Consejo Federal Pesquero. En ese slalom por la caja, los funcionarios pesqueros muestran que todo lo pueden hacer ante la liviandad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando trata reclamos sobre permisos de pesca, sin siquiera investigar su legalidad previa. En los autos “Periopontis S.A. c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). Resolución 2/99 s/ daños y perjuicios”, la Corte pronunció un fallo con fecha 4 de octubre de 2011, por el que declara admisible un recurso de la empresa y en definitiva, rechaza su pretensión. Al aceptar el tratamiento de esta cuestión, la Corte avala la ilegalidad de los permisos de pesca del Mar Argentino. Dejando de lado arguyes adjetivos, nunca debió pronunciarse sobre un reclamo de daños y perjuicios en base a permisos observado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en su Resolución AGN 199/03, referido al ejercicio 2001 y 2002, publicado en el 2004. ¿La Corte solo recurre a amicus curiae para resolver temas candentes de la agenda política y no se informa cuando está en juego el presente de desnutrición infantil y el futuro alimentario nacional? Cabe recordar a la Corte Suprema que, como surge de la Ley Federal de Pesca Nº 24.922, los recursos ictícolas son un bien común de todos los argentinos. Este fallo atemporal, que resuelve una situación de una década atrás, se abstrae de la política pesquera responsable de la destrucción del caladero. Explica por qué en el 2010 se saca “alimentación” del ministerio que despacha los negocios de la Nación en el área de agricultura, ganadería y pesca (Decreto 1993/2010). Porque ni a la Corte le interesa investigar que hacen con los recursos del mar nuestros representantes y funcionarios cómplices. PERIOPONTIS SA Y LA ILEGALIDAD DE LA PESCA EN EL MAR ARGENTINO La Corte en los considerandos del fallo, asépticamente, detalla que en el año 1996 se constituyó Periopontis SA como sociedad de capital mixto argentino y alemán con el fin de explotar recursos pesqueros argentinos, en el marco del “Acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea”, aprobado por Ley Nº 24.315. Este acuerdo fue uno de los robos más importantes a nuestros recursos naturales firmado por nuestros legisladores que permitió el acceso al Mar Argentino de una flota depredadora sin controles por parte de la gestión Menem-Solá. Se entera la Corte al tratar el recurso, que esta empresa compró los buques Auriga y Cetus, ambos del tipo congeladores sin planta procesadora en tierra. Pero no se entera que los permisos de pesca concedidos a estos buques gemelos fueron señalados como irregulares por el informe de la UBA 2001 por transferencias ilegales realizadas en el marco del acuerdo con la Unión Europea. Surge textual del fallo: la empresa “…adquirió dos permisos de pesca, que fueron otorgados por la SAGPyA de conformidad con el Decreto Nº 2.236/91…”. Citar este decreto debió alertar al tribunal supremo. Este decreto autoriza a la SAGPyA a aprobar proyectos pesqueros. Las auditorias de AGN confirman justamente la actuación de la SAGPyA en la emisión de permisos ilegales de forma descarada con la consecuente puesta en peligro de los recursos del mar. Con total descuido la Corte dejo de lado analizar el origen de los permisos concedidos a esos buques. Tal como corrobora la Corte, el Auriga, junto al Cetus, fue ingresado por la empresa Periopontis SA. Según la normativa del Acuerdo de Pesca con la Unión Europea Ley 24315, no debió haberse permitido su ingreso. Los barcos se ingresaban si se aprobaba la transferencia de un permiso de pesca desde un buque pesquero argentino con permiso de pesca vigente. La normativa pretendía no aumentar el esfuerzo pesquero. El Auriga y el Cetus recibieron sus permisos de los buques Invierno y Constanza (que estaban inactivos a raíz de la quiebra de ARPEMAR SA), protagonistas de uno de los casos más escandalosos e ilegales entre los denunciados durante la década del 90. Los buques cedentes de los permisos nunca capturaron juntos más de 3.400 toneladas, pero el Auriga y el Cetus llegaron a las 9.200 toneladas. Se le asignó un cupo de 4.600 toneladas de merluza por la Res. 985/94 a cada uno sin que nunca se haya podido determinar alguna fundamentación para ello. ¿La Corte no leyó ni siquiera las auditorias UBA-AGN? ¿La Corte tampoco leyó los dictámenes de la SIGEN-PTN sobre permisos de pesca? LA JUSTICIA NO INVESTIGA Y FAVORECE MAFIAS El Auriga se hundió en navegación el 04/12/99 y no fue reinscrito en orden a las disposiciones de la Resolución SAGPyA Nº 198/99. El 02/06/00 se solicita reemplazo del buque pero se lo da de baja por RES SAGPyA 855/01 porque no lo reemplazan, con la consecuente caducidad automática del permiso (art. 28 Ley 24922). Así es que no se incluye en el listado anexo a la Resolución SAGPyA Nº915/01. Ante recurso del armador, con un permiso ya caduco y a pesar de que el esfuerzo pesquero excedía la capacidad de capturas del caladero, la SAGPyA deja sin efecto la caducidad del permiso de pesca (RES 187/02). Los funcionarios de esta forma ilícita lograron revivir un permiso de pesca caduco ya ilegal de inicio, que mas ilegal aún, quedaba listo para el mejor postor. Por entonces, ingresaba al país un empresario, Vito Panati. El 17 de marzo de 2004, Vito Panati, con la venia de Néstor Kirchner, incorporó los buques pesqueros uruguayos Astra I y III a la matrícula argentina. Ahora se llaman Tomás I y Santiago I y recibieron sus permisos de pesca de la división del permiso de pesca del Auriga. Esto explica porque la SAGPyA revivió el permiso de pesca caduco de este buque hundido que ya había sido dado de baja. La Corte Suprema con su abstracción de la realidad corrupta de empresarios y funcionarios pesqueros, no investigó ni el origen ni que pasó después con los permisos del Auriga antes de fallar. Quien fuera dueño de FISHING WORLD SA, Rodolfo Oscar Gómez vendió su empresa a Panati y le presentó el negocio del Auriga. En su primera reunión con Panati, le ofreció tres permisos que derivaban del Auriga (que ya vimos venia del Constanza). Rodolfo Oscar Gómez trabajaba de gestor técnico ante la SAGPyA para Panati. En la SAGPyA el permiso revivido se subdivido en los tres proyectos pesqueros que ofertaba Gómez. Vito Panati compro el permiso de pesca del Auriga por USD 750.000. Se realizó el pago por transferencia bancaria en Uruguay bajo la supervisión de los contadores uruguayos de Guyer y Regulles a la cuenta que Rodolfo Oscar Gómez poseía en el BVBA de Montevideo. El oficial de cuenta del BVBA, Ailton Galdona se encargaba del seguimiento de los movimientos de Gómez. El Dr. Eduardo Pucci (el ex subsecretario de pesca de Felipe Sola quien firmaba los permisos luego cuestionados por UBA-PTN-SIGEN-AGN) manejó con Rodolfo Oscar Gómez el desarrollo de los Informes Técnicos del Permiso del Auriga dentro de la SAGPyA para que los apruebe el Consejo Federal Pesquero. Pucci fue luego empleado por Panati. Ofertar permisos de pesca es una ilegalidad ya que los permisos de pesca son concesiones precarias que permiten al particular la toma de un recurso natural de todos. Por ello queda sujeto constantemente a la posible limitación por parte del estado en razón de la conservación del caladero. LA HISTORIA DEL CETUS: UNA DÉCADA GANADA DE CORRUPCIÓN DESCARADA El Cetus estaba abandonado en Dársena Sur desde el 2000, inactivo, y no había sido reinscrito en orden a las disposiciones de la Resolución SAGPyA Nº 198/99, con la consecuente caducidad automática de su permiso por no justificar su inactividad comercial (art. 28 ley 24922). Por Acta Nº 23/03 del Consejo Federal Pesquero (CFP) de fecha 16/05/03 se da de baja por inactividad. Con fecha 21/05/03, la empresa interpone recurso de reconsideración que fue denegado por Acta Nº35/03. Pero tres años después, el CFP lo revive. Los consejeros por unanimidad deciden firman una patraña: la justificación de la inactividad comercial del buque Cetus hasta el 31 de diciembre de 2006 (Acta CFP Nº 10/06). El Consejo, en pleno (todos firman, todos cobran) le da vía libre a Periopontis para que siga robando y repartiendo dólares a quienes deben salvaguardar la soberanía alimentaria nacional. Periopontis el 01/03/07 informa demoras involuntarias sufridas para que el buque sea subido a dique seco (recordemos que estaba abandonado desde el 2000, necesitaba reparaciones). Suma y sigue. El 21/03/07, la empresa efectuó una nueva presentación en la que vuelve sobre las demoras y los avances en el alistamiento del buque. Pero todo es posible: el 11/04/07, los consejeros siempre por unanimidad, deciden devolver las actuaciones a la Autoridad de Aplicación (la Subsecretaria de Pesca que reemplazó a la SAGPyA) “para que comunique al interesado que, en el caso que prevea superar los 180 días de inactividad comercial, deberá efectuar su solicitud en los términos de la Resolución CFP Nº 7/06 (Acta CFP Nº 10/07). Le dan más tiempo. Ya había superado el buque los 180 días de inactividad. Llevaba al menos 2160 días de inactividad. No existe normativa que justifique conservar un permiso de pesca a un buque por ese período de inactividad. El 02/07/07 se presentó nuevamente Periopontis (superados sus problema de cash flow y con dólares frescos) informando que había concluido con las reparaciones y que solo “restan certificaciones de forma, las que pueden demorar unos días más por problemas burocráticos de los órganos de clasificación”. El 21/09/07 se suspendió el despacho a la pesca del buque, es decir no dejaron salir al buque (los funcionarios querían una nueva ronda de negociaciones), y se comunicó tal decisión a la empresa. El 12/10/07 Periopontis se presenta y expresa que el buque se encontraba prácticamente listo al momento de remitir su nota anterior. En el ínterin, se concretaron las inspecciones pendientes. Le informa a la autoridad de aplicación, al pasar, que se había presentado en concurso preventivo. El 30/04/08 se decide no hacer lugar a la petición de prórroga de la justificación de la inactividad comercial del Cetus (Acta CFP Nº 7/2008). Sorprendentemente, el mismo 30/04/08 (no había sido ni publicada el acta) la empresa manda un emisario al mismísimo Consejo con una presentación solicitando copia del “informe legal del Consejo Federal Pesquero”. Pero se olvida de adjuntar la documental que acreditaba su personería. Entonces se lo intima el 09/05/08 a que acredite personería… Y se le informa que no le van a mostrar el informe legal constituye ya un elemento de trabajo interno del CFP, razón por la cual no se había glosado al expediente. Es habitual que los consejeros no muestren los papeles de trabajo porque si hubiera justicia, irían presos. Estos documentos los confeccionan los lobystas que hasta llegan a ser Subsecretarios de Pesca como el abogado Bustamante. Sin apuro, el 06/06/08 el apoderado de Periopontis presenta recurso de reconsideración. Por nombrar dos de sus argumentos, sostienen que no se trata de una inactividad nueva sino de una continuidad, y que se encuentran en situación concursal (sic). Le contesta el Consejo el 19/06/08. Es interesante leer las inconsistencias de las explicaciones que dan los Consejeros enredados en sus propias decisiones anteriores. La cuestión que se les escapa el fundamento legal que indica claramente que cobraron en dólares por revivir el permiso del Cetus: “debe expresarse que el buque en cuestión no opera desde el 22/03/2000, lo que demuestra la razonabilidad de la decisión fundada en el artículo 28 de la Ley 24.922”. Le rechazan el recurso y evidencian la ilegalidad de la decisión de revivir el permiso caduco. En el 2011, mientras la Corte meditaba que fallo decidiría, se decreta la quiebra de Periopontis el 16 de agosto de 2011, dos meses antes de que la Corte fallara. Y la Subsecretaría de Pesca maquinaba la reformulación del proyecto pesquero del Cetus y su ampliación presentada por Art Fish SA y Pesquera Santa Cruz SA sobre el buque Orión 1 para que el CFP lo aprobara. Siempre presto, el Consejo trata este tema en el Acta Nº28/2011. Resulta que el 2010 Periopontis le había cedido los derechos de pesca, permiso y cuotas del buque Cetus, con dos caducidades previas, a estas empresas truchas. Recordemos que la empresa estaba convocada. En la estación de servicio frente a la Subsecretaría se conversaba en el café de USD 600.000 por esta nueva operación. Los deudores privilegiados de Periopontis, ¿recibieron pagos de sus salarios caídos por la venta del permiso? ¿Quién es el presidente de Art Fish SA? ¿Existe Art Fish SA? No tiene cuit. Pesquera Santa Cruz SA fue incendiada en los disturbios del 2007 cuando Néstor con Cristina estaba de campaña en el sur. Esta empresa es española tiene permisos observados, buques triangulados, se exporta a sí misma. ¿Qué tienen que ver estas empresas con Piero Travaloni, Rodolfo Oscar Gómez, Eduardo Pucci y el contador Fabián Yelanguesian? En el informe de la Subsecretaria de Pesca que aconseja re revivir el permiso del Cetus se explica claramente porque los funcionarios mantienen vivos los permisos de buques inactivos. En la vorágine por crear apariencia de licitud develan como operan armadores y funcionarios. En el informe se lee: que un buque inactivo determina la extinción de su permiso y esta extinción acarrea la extinción de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) y las autorizaciones de captura al permiso de pesca aquellas -una obviedad, por cierto. Remata: mantener cupos a un buque inactivo vulnera el espíritu de la norma porque no los va a utilizar y solo le servirá para obtener beneficio económico por su transferencia. (En el 2009 inventaron las CITC para evitar utilizar el término “caducidad” de la ley vigente. Ahora los permisos se extinguen…) La Subsecretaria de Pesca (Autoridad de Aplicación de la ley 24922) se da cuenta en el 2010 cuando Art Fish SA y Pesquera Santa Cruz SA se presentan con un proyecto sobre el Cetus, que no había considerado a lo largo del proceso de justificación de inactividad del Cetus, que Periopontis había solicitado la inclusión del buque en los Anexos de la Resolución Nº484/2004. Justo este detalle hace que el permiso re reviva. “Asiste razón a la reclamante cuando manifiesta que su petición no fue resuelta, toda vez que la misma no fue formalmente rechazada ni tampoco concedida bajo condición de que el cupo no pueda ser transferido a favor de otra embarcación”. A esto se añade otro fundamento: las medidas fueron dictadas en el marco de la Emergencia Pesquera y fueron más estrictas con los buques congeladores. “Considerando dicho contexto histórico, la falta de resolución definitiva respecto de la petición de adjudicación de un cupo de captura de parte de la administración y la actual propuesta de reformulación del proyecto de explotación pesquera, la Autoridad de aplicación considera posible una revisión de lo actuado por parte de este cuerpo colegiado”. Todo lo contrario a lo que dijo la Corte en su fallo. A la Subsecretaria, al Consejo y a los empresarios de pesca les refriega lo que la Corte diga. Por unanimidad el Consejo Federal Pesquero decide dejar sin efecto el Acta CF Nº 7/08 en lo pertinente al Cetus y dar tratamiento a la solicitud de reformulación. Además decide extinguir el permiso del Cetus (como si no hubiera caducado automáticamente desde el 2001), mandarlo a desguace (después de tanta reparación e inspecciones) y ordena a la Subsecretaria otorgar un permiso definitivo al Orión 1. El acta que documenta estas ilegalidades es el Acta 14/2013 del CFP, fecha 9 de mayo de 2013 con la firma de su Presidente y Subsecretario de Pesca de la Nación, Miquel Bustamante y el resto de los consejeros que no dudan en protagonizar una saga más de la depredación de recursos alimentarios con la consecuente venta de soberanía popular y enriquecimiento de sus patrimonios. Desde el 2010 en el Consejo daba vuelta este temita del Cetus pero todavía no se les había ocurrido como dar vuelta la caducidad del permiso. Esto lo hacen en el 2013 para hacer caja de la forma que dé lugar porque Yauhar no vuelve más al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Su reemplazo será Julián Domínguez para dar previsibilidad al campo en estos dos años de mandato que quedan. Con Yauhar se va el subsecretario de pesca Bustamante y llegarán las denuncias penales buscando justicia. Roberto V. Maturana Oficial de Marina Mercante-Investigador
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 21:56:38 +0000
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