La incertidumbre, el rastro que deja una persona desaparecida La ausencia involuntaria de una persona es una tortura que tiene tres víctimas: aquel que la sufre, la familia y la sociedad Las desapariciones constituyen una de las peores violaciones de derechos humanos en tanto que son crímenes cuya ejecución continúa hasta que se encuentre a la persona desaparecida o se sepa qué fue de ella. La desaparición es una tortura para aquel que la sufre directamente y al mismo tiempo para sus familiares cuyas vidas son invadidas por la incertidumbre de no saber qué pasó con su ser querido. Esta violación al derecho a la libertad personal, al libre tránsito y a la vida de la persona desaparecida se suma a la privación del derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias del hecho, que su familia y la sociedad tienen. En las desapariciones hay entonces tres víctimas: la persona que la sufre, su familia y la sociedad. En la tortura de la ausencia, las familias de los desaparecidos luchan por sacar del anonimato a sus desaparecidos y a los criminales que les han provocado ese dolor. Tormento que se nutre con la pobre actuación de las autoridades que en el caso de los ministerios públicos y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el 75% de los capitalinos considera su desempeño como poco o nada efectivo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2012. Los casos reflejan la necesidad que tienen los familiares no solo de exigir justicia sino de pedir que las averiguaciones sean llevadas a cabo sobre una base sólida al pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sigue inoperante porque el Ejecutivo no ha expedido el reglamento necesario. Y por su parte la Secretaría de Gobernación (Segob) anuncia una Unidad de Búsqueda de Personas con 12 agentes, sin oficinas, ni presupuesto, como consecuencia de la inexistente discusión por parte de las autoridades sobre la necesidad de crear certificados de ausencia que aminoren el costo económico de las desapariciones para las familias de las víctimas. El derecho a la verdad y a saber son luchas en las que la sociedad debe acompañar a las familias de personas desaparecidas. Si una persona puede disponer impunemente de la libertad de un ser humano, si sus seres cercanos quedan condenados a la incertidumbre de una historia sin final, este desasosiego comenzará a minar los principios elementales del pacto social entre Estado y sociedad.
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 03:01:30 +0000
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