Ley de Acceso a la Información Pública Un proyecto de ley restringe el acceso a la información El proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública presentado por el Ministerio de Transparencia a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados propone 12 excepciones para acceder a la información pública. Entre ellas hay incisos que preocupan a la Defensoría del Pueblo y a la Asociación Nacional de Prensa (ANP) porque restringirán el derecho a la información a todo ciudadano. El artículo 42 del proyecto, entre otros puntos, dispone como excepción de acceso, a una “información que se encuentra en proceso, hasta tenerla concluida”. Y restringe la “información de estudios de impacto ambiental”. La normativa es más restrictiva que el decreto supremo 28168 de Transparencia en la Gestión Pública, promulgado en 2005 por el entonces presidente Carlos Mesa, que establece que el acceso a la información solo podrá ser negado de manera excepcional y motivada “y no será, en ningún caso, discrecional de la autoridad pública”. Para el periodista y representante del defensor del pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, todo Estado puede establecer restricciones a la información de entidades públicas, como temas de seguridad nacional o terrorismo. “Pero de ahí a pretender establecer otras restricciones con otros intereses es peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo”, señaló Cabrera. Juan León, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en relación con los estudios de impacto ambiental señaló que esta norma se explica solo si hay intereses creados. Sobre la información en proceso, declaró que “es justamente durante el proceso de generación de la información en que el control de la ciudadanía es útil y necesario”. Calificó de ‘absurdo’ el proyecto y recordó que la Constitución garantiza la libertad de expresión y de opinión y “cualquier forma de coartar ese derecho conculca la norma constitucional”. El proyecto exige el nombre y documento de identificación para el solicitante y un registro de constancia de la entrega. La diputada Marianela Paco, del MAS, también periodista, relievó que la norma tome en cuenta las restricciones que resguarden la seguridad estatal y la integridad personal. “Acceder a una información en proceso puede implicar el manejo de información parcial, sesgada e incompleta que puede dar a malas interpretaciones”, dijo. Calificación de reserva El proyecto, además, establece que será la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) la responsable de calificar de “reservada” una información pública. La aplicación de la norma alcanza a todas las entidades públicas (los cuatro órganos del Estado), Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, FFAA, Policía y universidades públicas; entidades privadas con participación estatal, entidades de servicios públicos básicos, asociaciones civiles, ONG y fundaciones
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 14:37:50 +0000