Líderes, las otras víctimas del conflicto sin fin Por Eduardo García El reclamo por la seguridad de los líderes en Córdoba ha sido constante por quienes siguen enfrentando el temor para defender los intereses colectivos. El presidente Santos ofreció 200 millones de pesos por los autores de los asesinatos. Recursos Relacionados Hay 500 denuncias de amenazas a líderes de restitución La radiografía actual en Córdoba es que están matando a los líderes cívicos y de restitución mientras la ciudadanía espera que se cumpla la orden presidencial del pasado 10 de abril, impartida a escala nacional, para capturar en cualquier rincón del territorio nacional a quienes conformarían el ejército antirrestitución. El presidente Santos ese día, además, ofreció hasta 200 millones de pesos de recompensa. La única captura que se ha conocido, al parecer relacionada con el tema, fue la de Hernán Cantillo Camargo, alias Yovanny o el Colen, obtenida en Galapa, Atlántico, el pasado sábado 27 de julio, pero ese personaje no estaba en la lista del Presidente, o por lo menos no lo mencionó la tarde del 10 de abril en la Brigada XI, a su retorno de la hacienda Santa Paula, donde entregó títulos de propiedad a familias restituidas. El asesinato de dos presidentes de juntas de acción comunal en Tierralta, JAC, con cuatro días de intervalo la semana pasada, dejan claro que en esta región las alarmas nunca se han apagado frente al tema del exterminio de los líderes, las otras víctimas impunes del conflicto en Córdoba. El jueves 25 de julio en la vereda La Gloria, Tierralta, fue ultimado de cinco balazos el presidente de la JAC de esa población Élmer Serna Úsuga, de 29 años, y cuatro días después su colega cívico de la JAC de la vereda La Estrella, Élmer Varela Tuberquia, de 45 años, corrió la misma suerte. Ambos fueron asesinados en el seno de sus hogares. Sendos asesinatos derivaron en una reacción enérgica por parte del presidente de la Federación Comunal de Córdoba, Víctor Galván, quien anunció su renuncia irrevocable después que se realice una marcha pacífica entre Tierralta y Montería, que impacte en el país como el triste final de quienes luchan por el bienestar de sus comunidades. El alcalde de Tierralta, Carlos Arturo Cogollo Lara, sostuvo que los primeros indicios de las investigaciones que adelanta la fuerza pública apuntan a que los asesinatos de Serna Úsuga y Varela Tuberquia pudieron haber sido cometidos por la guerrilla de las Farc, que sigue –aunque con menor presencia– en el Nudo del Paramillo. “Es lo que se manifiesta, pero denuncia como tal no existe por parte de familiares u otros líderes. Es preocupante, yo creo en los diálogos de paz, y no es justo que por un lado estamos hablando y por el otro están asesinando personas que le han dado su vida a la comunidad”, sostuvo el mandatario. El tema originó la realización de un consejo de seguridad la tarde del miércoles en ese municipio del alto Sinú, en el que se concluyó que no hubo ninguna relación entre los dos asesinatos. “Creemos que pueden ser hechos aislados, pero debemos estar pendientes. El llamado a los comunales y líderes cívicos de esas veredas apartadas es que informen de manera oportuna a las autoridades si sienten que sus vidas están corriendo peligro”, dijo el alcalde Cogollo. El viernes todavía la fuerza pública no había hecho presencia en las dos apartadas poblaciones donde fueron asesinados los dos líderes, al parecer por las prevenciones que hay que tener con la guerrilla y por el difícil acceso a esas zonas. “Le pedí a las autoridades mayor presencia y me dicen que nunca han bajado la guardia, que el Nudo del Paramillo es prioridad para el Presidente de la República”, puntualizó Cogollo. El director de la Unidad Territorial de Restitución de Tierras, Rodrigo Torres Velásquez, confirmó que ninguno de los dos presidentes de juntas de acción comunal lideraba procesos de reclamación por despojo. Sin embargo, sí eran reconocidos en Tierralta como gestores comunales. EL CHOCANTE CASO VALENCIA. El 9 de abril pasado, un día antes de que el presidente Santos llegara a Córdoba fue asesinado en el barrio la Cruz, de Valencia, Ever Antonio Cordero Oviedo, a las 7:00 a. m., cuando se aproximaba al perímetro urbano. Cordero era el presidente de la Mesa Municipal de Desplazados. Ese día se conmemoraba el día de las víctimas. Un mes antes había sido asesinado en esa misma región el alto Sinú el también líder de restitución Hermes Vidal Osorio. Su cuerpo fue hallado cerca del río Sinú, en la vereda Manzanares. OTROS CASOS. Otto Sierra Martínez, presidente de la junta de vivienda Casita Nueva, fue asesinado la noche del sábado 26 de febrero de 2011, en su oficina ubicada en la calle 23 del centro de Montería. Fue encontrado estrangulado y atado de manos con el cable del teléfono. Guillermo Ramos, campesino que lideró la recuperación de las parcelas de Costa de Oro, Montería, arrebatadas en la década del 90 por Salvatore Mancuso, también fue asesinado en julio de 2009. Tenía 47 años. El crimen ocurrió justo en la salida de la región donde se hizo la primera restitución de tierras que benefició a 80 familias, en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Cinco años tardó su lucha por reclamar lo que Mancuso mandó a quitar con la fuerza de las armas. EL CASO YOLANDA IZQUIERDO. El 28 de noviembre de 2007, a las 2:00 p. m., sentada en la terraza de su vivienda en la margen izquierda del río Sinú un sicario activó el proveedor de una pistola contra la integridad de la líder cívica Yolanda Izquierdo. La mujer era representante de al menos 800 campesinos que también reclamaban las tierras que les arrebataron los paramilitares. Izquierdo había solicitado protección pero le fue negada por el Estado. Sus tierras y las de sus coterráneos entraron a conformar la hacienda Santa Paula, hoy en proceso de restitución. EL DEL COMITÉ DE VÍCTIMAS. Alberto Luis Pastrana, quien contaba con 30 años de edad, mensajero del Comité Civil de Víctimas de la Violencia en Córdoba (Comfavic), fue acribillado a tiros el 21 de marzo de 2010, mientras estaba en compañía del entonces presidente de la misma organización cívica, Mario Montes De Oca, quien quedó mal herido. El 4 de noviembre de 2011 fue asesinado en su taller de motos el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Martinica, zona rural de Montería, Juan Jiménez Arrieta, de 35 años de edad. El 14 de abril de 2009 en Los Córdobas fue ultimada Ana Isabel Gómez, de 46 años de edad, líder campesina que también reclamaba tierras arrebatadas por los paras. Representaba a más de 4 mil familias que tenían el sueño de volver a sembrar pan coger en sus parcelas.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 09:56:48 +0000
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