MEDIDAS PARA UNA MEJOR SEGURIDAD CIUDADANA. Como parte de un fenómeno mundial, en nuestro país se registra un crecimiento de la intolerancia y de la violencia, que ha traído de la mano un aumento del número de delitos. Esta circunstancia determinó que el Gobierno Nacional propiciara una serie de acciones con el objetivo de revertir esta situación. Entre ellas cabe mencionar, una recuperación progresiva de los salarios de la Policía y de las condiciones en las cuales se desarrolla su tarea, traducido en más equipamiento, mejor tecnología y superior infraestructura. Actualmente el Gobierno Nacional lleva adelante la “Estrategia por la Vida y la Convivencia”, abordando el problema tanto a través de la integración social como de la seguridad pública Desde el año 2012 se comenzó a implementar 15 medidas que entre una serie de efectos, suponen: una reestructura policial para prevenir, disuadir y reprimir el delito; un laboratorio especializado para análisis de drogas; un sistema automático de búsqueda de huellas dactilares; un sistema de tecnología para el laboratorio de ADN; un sistema de comunicación policial; y un sistema de video vigilancia en zonas céntricas. Se aprobó la creación de las Plazas de Convivencia con equipamiento para actividades deportivas, culturales, sociales y recreativas. En el año 2013 dio inicio la segunda fase de la Estrategia, denominada “Mas barrio, más vida”. La política de cárceles ha sido fundamental: una inversión sustantiva en cárceles y en comisarías. La rehabilitación ha permitido que uno de cada tres reclusos, estudia o trabaja. Esta meta ha sido posible gracias a la firma de convenios interinstitucionales para promover programas de educación y trabajo a las personas privadas de libertad. Se sancionó una ley que repara a las víctimas de delitos violentos, proporcionando una atención integral, que incluye asistencia psicológica, orientación y asesoramiento jurídico. Prevée el acceso a una pensión reparatoria ante homicidios en ocasión de delitos violentos, como el copamiento, la rapiña o el secuestro. Se creó el Delito de Tráfico de Pasta Base y se incrementó la pena mínima en varios delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Se creó el SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), para asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la justicia a adolescentes responsables de infracción. Hay 230 jóvenes recluidos en centros del SIRPA que ya trabajan mediante convenios con diversas organizaciones y no han reincidido delictivamente. Actualmente hay 580 adolescentes con medidas de internación dispuestas por la justicia; y un dato nada menor; en el año 2009, fueron 1280 las fugas que tuvieron como protagonistas a menores infractores, en el año 2013, menos de 10. La inversión realizada en el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), aumentará en 9 años (2005 a 2014), en un 188 %. La población reclusa se incrementó en un 37 % entre los años 2004 a 2012: hoy día, son 10.000 aproximadamente las personas privadas de libertad. El índice de hacinamiento se redujo en un 33 % en el mismo período. En el año 1990, el presupuesto total del Ministerio del Interior fue de 7 millones de dólares. En 2010, el presupuesto del mismo Ministerio llegó a los 557 millones; en el 2012, fue de 766 millones de dólares; y en la última Rendición de Cuentas hemos votado incrementar aún más el presupuesto de esta cartera ministerial, tanto que para el año 2014, llegará a los 800 millones de dólares. Andrés LIMA Diputado por Salto.-
Posted on: Wed, 23 Oct 2013 01:55:56 +0000
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