MURO PUBLICO Debate ciudadano sobre lo que sucede en SLP... Piden acción penal contra labastidistas El Expres.- Las irregularidades en la Cuenta Pública 2012 son suficientes para configurar fraude, peculado, uso indebido del servicio público y hasta asociación delictuosa. Ex funcionarios de la administración de Victoria Labastida pueden ser procesados penalmente, advirtió el ex contralor municipal y actual diputado, Jorge Vera, luego de que se dieran a conocer irregularidades en su última Cuenta Pública, correspondiente a 2012. Se les puede acusar de fraude, peculado (desvío de fondos públicos), uso indebido del servicio público y hasta asociación delictuosa. En la Cuenta Pública 2012 se detectaron documentos presumiblemente apócrifos o alterados que alcanzan una cifra de más de 42 millones de pesos y apoyos “fantasma” por 880 mil pesos, en los cuales se falsificaron firmas. Para comprobar el gasto de estos 42 millones de pesos, los ex funcionarios de la pasada administración municipal presentaron documentos con domicilios marcados como fiscales, pero son simples casas-habitación; locales desocupados o negocios distintos a los señalados en el comprobante presentado ante la instancia competente. Además, en muchos casos no existe evidencia de la recepción de los productos o servicios. El abogado Oscar Vera Fabregat aseguró que el primer delito que se configura es fraude, por el uso de documentos falsificados o apócrifos. Dijo que debe presentarse una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que abra una investigación en la que se revise a quién es imputable el delito, aunque, queda claro, advirtió, que uno de los principales responsables es el ex tesorero Agustín Soberón. Sin embargo, el delito de fraude no es el único por el cual pueden ser acusados los ex funcionarios de la administración de Victoria Labastida, hay otros como peculado, uso indebido del servicio público y hasta podrían ser consignados por asociación delictuosa, cuya definición es: acción que se comete cuan¬do un grupo de más de tres personas se reúne durante cierto tiempo para cometer delitos graves. El diputado Jorge Vera Noyola, Contralor en parte del trienio de Victoria Labastida, coincidió en el análisis legal de su padre. Sostiene que el uso de facturas falsas y la justificación de recursos con nombres de personas que nunca lo recibieron es motivo suficiente para ejercer acción penal. Óscar Vera agrega que es fácil meterlos a la cárcel y probar la responsabilidad que tienen, “sólo es necesario seguir el dinero, es decir, ver quién expidió el cheque, quién lo cobró y quién firmó el contrato para hacerlo”. APOYOS NO ACREDITADOS Los 880 mil pesos en donde no se comprobó la entrega de apoyos y tampoco coincidieron las firmas de los supuestos beneficiaros con la credencial del IFE presentada, se otorgaron a rubros como: apoyos para inscripciones en escuelas de nivel superior, ayuda para reparación de vehículos, estudios y atenciones médicas, gastos funerarios, aparatos auditivos o ayuda para poner en marcha un negocio. Los montos de los “apoyos” iban de 2 mil a 12 mil pesos. Uno de los casos más destacados es el de Eva Nayeli Martínez Martínez, a quien supuestamente se le otorgó un apoyó de 12 mil pesos para que pudiera reactivar una cocina económica, negocio importante para su familia, sin embargo, se detectó que las fir¬mas de la solicitud y agradecimiento no coincidían y, lo más grave, la credencial del IFE señala que tiene su domicilio en Ciudad Fernández, no en la capital. Muchas otras personas aseguraron que en ningún momento recibieron algún apoyo por parte de la administración de Victoria Labastida. DOCUMENTOS APÓCRIFOS La parte más delicada es el asunto de los documentos alterados o apócrifos. Uno de los que más llamó la atención es el de un Centro Holístico, que está dedicado a la medicina alternativa. El Ayuntamiento de la capital presentó facturas que lo señalan como un negocio de materiales, al cual le fueron compradas 154 láminas acanaladas, destinadas a apoyar a gente de bajos recursos, con un costo de 62 mil 640 pesos. Pero no es la única empresa que presentó domicilio fiscal en el mismo lugar, también aparecen “Ingeniería y Arquitectura Tangamanga” y “Consorcio Consultivo y Proyectos de Ingeniería del Centro S.A. de C.V.”, a quienes se les compraron cajas para mercados municipales por un costo de 69 mil 867 pesos y artículos de limpieza por 139 mil pesos. En este último caso también se detectó que no hay registro de que el material haya ingresado al almacén municipal, y se desconoce cuál fue el destino final de la mercancía. CASO DESPENSAS El rubro de las despensas otorgadas también tiene fuertes observaciones. Se compraron a varios proveedores y en varios casos su domicilio fiscal no existe, porque el señalado corresponde a casas-habitación. Por ejemplo, se hizo una compra de 8,500 despensas, con un costo de 850 mil pesos. El pago se giro a nombre de Alberto Moisés Islas Vega y no hubo evidencia de que ingresaran al almacén del Ayuntamiento. Se desconoce su destino final. GRAVES IRREGULARIDADES > 42.03 millones se intentaron comprobar con documentos presumiblemente apócrifos. > 880, 455 pesos se destinaron a “apoyos fantasma”.
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 15:50:57 +0000
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