Mito 5 La minería se instala en zonas postergadas, crea un círculo virtuoso, genera desarrollo y eleva el nivel de vida de la población Otro de los grandes mitos que se suelen emplear para procurar la legitimación social de la minería a gran escala es el relativo a los “múltiples impactos positivos sobre las economías locales”,a las que se presenta como territorios vacíos y/o “desérticos”, regiones económicamente “atrasadas” sin otras “oportunidades” que la actividad minera para su “desarrollo económico”. Lo cierto es que la representación miserabilista de las regiones como “desérticas” y pobres constituye una construcción ideológica que generalmente oculta historias precedentes de explotación económica de los territorios para presentarlos como “territorios disponibles” o “socialmente vaciables”, para su valorización por parte del capital, en este caso, transnacional. Se trata de una vieja estrategia de devaluación-expropiación de los territorios largamente empleada a lo largo de los distintos ciclos de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004), que tras la fachada de la modernización se pueden verificar en nuestra historia económica. Como se indica en Machado Aráoz (2010b): En términos de la incidencia de la minería transnacional sobre las economías regionales, lo cierto es que una vasta experiencia de casos históricos y presentes en nuestra región latinoamericana permite constatar los efectos destructivos que la misma tiene sobre los circuitos y sistemas de producción y consumo loca-les. Una vasta bibliografía sobre esta cuestión da cuenta de los impactos en términos del desplazamiento y destrucción de economías locales que generan los “enclaves extractivos mineros”, impacto que se ve momentáneamente amortiguado por la mayor circulación monetaria durante el auge de la explotación, pero que evidencia sus consecuencias más gravosas, una vez que concluye el ciclo extractivo (Kuramoto, 2000; Power, 2002; Bebbington y otros, 2007; Bury, 2007; Clark y North, 2006). Cabe aclarar que no se trata de un tema admitido solo por “economistas críticos”, sino que es una cuestión ampliamente aceptada incluso por sectores académicos e institucionales fuertemente vinculados al sector minero. En tal sentido, un ejemplo paradigmático, tanto por el hecho de reunir un conjunto de trabajos específicamente destinados a investigar el tema15 como por la “representatividad” institucional de las entidades patrocinadoras, 16 es el conjunto de investigaciones compiladas por Buitelaar (2001). 15 La publicación reúne en una perspectiva comparativa doce investigaciones sobre aglomeraciones mineras, tomando casos de Canadá, Chile, Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. 16 Se trata de una publicación conjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), principal entidad regional comprometida con la legitimación de las reformas mineras de los ’90, y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IRDC), organismo de la Cooperación Oficial del Gobierno de Canadá, país de origen de buena parte de las inversiones y de las grandes empresas mineras radicadas en América Latina. Los trabajos que comentan los resultados de las investigaciones parten de admitir que las “aglomeraciones” productivas locales en torno a la minería son, hoy por hoy, más un “desafío” (promesa) que una realidad constatable (Echevarría, 2001; Chaparro Ávila, 2001); y van identificando, uno a uno, los principales factores que obstruyen, de hecho, el despliegue de procesos sostenibles de desarrollo económico local a partir de la radicación de grandes emprendimientos mineros. Los comportamientos empresariales que inhiben el efecto de difusión tecnológica que habitualmente se pregona de las grandes empresas transnacionales (Ocampo, 2001);17 la concentración de los segmentos tecnológicamente complejos de la cadena de valor minera en los países de origen de las grandes empresas transnacionales; la escasa investigación y desarrollo tecnológico que éstas realizan en los países donde se radican las explotaciones; la limitación de las empresas locales a roles de intermediación comercial, imitación tecnológica y aporte de mano de obra barata; 18 la provisión de mano de obra altamente calificada y de materiales e insumos tecnológicos complejos a través de grandes proveedores transnacionales que inhiben y desplazan las posibilidades de generación de procesos de trabajo y conocimiento intensivos en las economías locales; los fuertes vínculos de dependencia que articulan subordinadamente a los “proveedores” locales con las grandes empresas mineras y sus roles subsidiarios en segmentos de baja especialización (Curvewell, 2001); etc. Son los principales resultados que se destacan en cada una de las investigaciones realizadas. En sus conclusiones, Buitelaar señala: La minería desarrolla ventajas locales estáticas, sobre todo en la forma de infraestructura especializada, pero desarrolla pocas ventajas locales dinámicas en términos de capacidad innovadora. 17 El autor señala: “La capacidad local de innovación y desarrollo tecnológico […] es una de las mayores debilidades de las aglomeraciones mineras en América Latina, […] Las empresas transnacionales tradicionalmente mantienen su capacidad de investigación y desarrollo en sus respectivas sedes de sus países de origen. Consideran estratégica esta capacidad tecnológica y no están dispuestas a compartirla con empresas locales” (Ocampo, 2001: 01). 18 Al respecto, basándose en el estudio del caso de Minera Yanacocha (Cajamarca, Perú), Kuramoto concluye: “Primero, se dan escasas relaciones productivas y comerciales con los agentes de la zona […] Segundo, aún cuando la mayor parte de las relaciones productivas se dan con empresas limeñas, la debilidad tecnológica del sector industrial genera una dependencia de tecnología extranjera y limita a las empresas a un rol comercializador. Tercero, hay un potencial nicho de competitividad para las empresas cajamarquinas en la provisión de servicios no intensivos en conocimiento. Cuarto, debido al poco desarrollo institucional en Cajamarca, la empresa mantiene relaciones con instituciones públicas y gremiales en Lima (Kuramoto, J. 2000: 08). Conclusiones similares se han indicado para estudios de caso en Chile (Katz y otros, 2001). El derrame financiero de la actividad se da más en las metrópolis dentro o fuera de América Latina que en las economías de las regiones donde se encuentra la fase extractiva. En las aglomeraciones mineras, coexiste un segmento empresarial moderno, poco enraizado en la economía local, que persigue una estrategia de eficiencia, con un segmento empresarial tradicional atrapado en una estrategia de sobrevivencia. La contribución de la minería al desarrollo local es percibida como insuficiente por la comunidad aledaña. El desarrollo y las condiciones locales son de importancia relativa menor para la eficiencia de las empresas mineras modernas. Esto no genera un círculo virtuoso que produce desarrollo. Las grandes empresas del segmento moderno sí tienen una importante capacidad de innovación, sobre todo para mejorar la eficiencia de los procesos productivos. La mayoría, sin embargo, pertenece a conglomerados transnacionales que hacen el esfuerzo de innovación preferentemente en su lugar de origen (Ocampo, 2001: 308). Luego, al analizar las posibilidades futuras para intentar revertir esta situación, los resultados del trabajo admiten las serias dificultades que obstaculizan los intentos de industrialización tanto en los eslabonamientos hacia “atrás” (desarrollo de maquinarias, equipamiento e insumos tecnológicos requeridos por las grandes explotaciones mineras) como hacia “adelante” (procesamiento de minerales y elaboración de semimanufacturas de origen minero). Concluye que, tal vez, una de las pocas vías para intentar eslabonamientos dinamizadores de las economías locales provenientes de la minería serían los “servicios de manejo ambiental” (sic) (Buitelaar, 2001: 309). La claridad de las conclusiones y el lugar de enunciación de los estudios, nos eximen de mayores comentarios al respecto. La constatación de estos pobres resultados en cuanto a la difusión del “desarrollo local” a partir de grandes explotaciones mineras ha dado lugar a un creciente intervencionismo público-privado orientado a promover el “desarrollo de proveedores” y a favorecer la instalación de una nueva “cultura minera” entre las comunidades locales. Programas de capacitación, fondos de microcréditos para nuevos emprendimientos, “rondas de negocios”, asistencia “técnica” a “proveedores”, entre otros, se cuentan entre las principales nuevas prácticas, asumidas, muchas veces, de forma conjunta entre autoridades mineras nacionales y locales y empresas mineras, con el objeto de generar capacidades “competitivas” y aptitudes “empresariales” entre los pobladores locales. Un análisis específico sobre la cuestión mostraría además la tendencia a monopolizar servicios e/o insumos básicos para el sector —como la producción de cal, las consultorías, los seguros, etc.— por grupos o asociados que guardan estrechas relaciones con funcionarios y empresarios. Aunque excede el ámbito estrictamente económico, resulta pertinente aquí solo señalar los gravosos efectos micropolíticos que conllevan tales “programas de promoción de clusters mineros locales”. Por un lado, no se puede soslayar el funcionamiento de este tipo de programas como una virtual herramienta de extorsión/disciplinamiento que los actores promineros ejercen sobre las comunidades. Las “promesas” de “buenos negocios” asociados a la mina hacen que (al menos parte de) las comunidades se avengan a “aceptar” el emprendimiento y, en lugar de “oponerse insensatamente”, “aprovechen y participen proactivamente” en las “oportunidades de progreso” que dicho programa ofrece. Por cierto, este tipo de programas/promesas ha sido un eficaz mecanismo generador de profundas divisiones y conflictos internos en las comunidades locales (no solo entre quienes se “convierten” en “proveedores” y quienes “militan” contra la minería, sino también entre muy diversos grupos atravesados por acusaciones y sospechas de conveniencias económicas y/u oportunismos políticos, etc.), funcionando, de hecho, como un efectivo dispositivo de debilitamiento y/o desbaratamiento de las oposiciones a los proyectos mineros. Por otro lado, de la mano de este tipo de programas, avanza un discurso desarrollista que promueve la “articulación público-privada” como una “necesaria virtud” para romper el “círculo de la pobreza” y avanzar hacia el desarrollo local. Bajo este discurso se tornan invisibles y/o naturalizan prácticas, a través de las cuales el Estado asume directamente la gestión del capital, ya sea favoreciendo la rentabilidad de los emprendimientos por medio de subvenciones públicas (infraestructura, “capacitaciones”, “búsqueda de mercados”, etc.), ya “removiendo” las oposiciones y resistencias sociales a la penetración de las empresas en particular, y la mercantilización de la vida sociocultural en general. Lo cierto es que el impacto de la actividad minera sobre las “economías locales” depende y varía fuertemente en relación a la estructura y organización geopolítica del mercado mundial, y a la posición que los países en cuestión ocupan en la división internacional del trabajo. En tal sentido, los procesos de encadenamientos productivos dinámicos a partir de la minería se dan únicamente en los casos de los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Australia), que son los países donde se hallan radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cadenas de valor a escala global. En el caso de países especializados en la provisión de materias primas, lo cierto es que ninguno de ellos ha superado la pobreza y el subdesarrollo gracias a la gran minería transnacional. Esta puede generar un fuerte crecimiento económico (aumento del producto interno bruto, PIB), pero volátil, con escaso “derrame” y sin un auténtico desarrollo para la población. Es oportuno mencionar los casos de Malí y Níger. En los últimos quince años, Malí se ha convertido en uno de los mayores exportadores mundiales de oro, el cual llegó a representar más de la mitad de sus ingresos por exportación (Jul- Larsen, 2006). Níger, por su parte, desde hace más de 3 décadas es uno de los 7 mayores extractores de uranio. A pesar de ello, Malí y Níger siguen sumidos en el subdesarrollo extremo: en el Índice de Desarrollo Humano publicado por Naciones Unidas, figuran en los rangos 160 y 167, respectivamente, entre 169 países (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). En la Argentina, el caso de Catamarca ilustra esta situación. Tras catorce años de explotación de Bajo de la Alumbrera, el primer emprendimiento megaminero radicado en el país, el paisaje socioeconómico de la provincia no ha cambiado favorablemente, sino todo lo contrario: se evidencia la intensificación de preocupantes indicadores “sociales” con niveles de pobreza e indigencia, de desempleo y subempleo, y con porcentajes de población “asistida” a través de los diversos “programas sociales” de los más altos del país, e incluso, con algunos valores superiores a la media de la región del Noroeste argentino (NOA). La acentuación de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo contrasta notablemente con la “evolución” de las variables macroeconómicas en un contexto de fuerte expansión de las exportaciones mineras. El “crecimiento” de la minería se ha dado en el contexto de una retracción de los niveles de actividad de la industria, la construcción y el sector agropecuario provincial, a tal punto que, entre 1997 y 2002, mientras que la variación del valor agregado del sector minero se incrementó en un 11.353,3%, la industria sufrió una variación negativa del 22,1% y la construcción del 47,7%. Un estudio oficial señala que “el sector minero constituyó la fuente de crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG) durante el período 1997-2002 […] compensando las caídas de las restantes actividades productivas” (DPPD, 2005: 70), lo que en realidad puede interpretarse como un solapamiento del deterioro de las capacidades productivas del territorio provincial. Comparando los años anteriores y posteriores al inicio de las actividades de Minera Alumbrera, se puede observar una profunda transformación en la estructura productiva de la economía provincial. El crecimiento de más de 18 puntos porcentuales promedio de la participación del sector minero ha ocasionado una correlativa retracción de la casi totalidad de las restantes actividades; entre ellas, resalta la magnitud del retroceso de la industria manufacturera, con una caída de 10 puntos porcentuales, y del sector terciario en general, que desciende en 7 puntos en los períodos comparados. Un estudio de una dependencia del propio Ministerio de la Producción del Gobierno de Catamarca, señala al respecto: La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en motor de la economía provincial (DPPD, 2005: 68). Probablemente, por la veracidad de este “reconocimiento” tras más de doce años de funcionamiento de la explotación, la provincia de Catamarca siga registrando los peores indicadores “sociales”. El diario provincial de mayor tirada brindaba recientemente un sintético panorama de la situación social de la provincia en estos términos: Es habitual sostener que Catamarca es una provincia pobre. Deprimentes indicadores sociales parecen sostener el aserto. Con el 25% de su población económicamente activa trabajando en el Estado -el mayor porcentaje del país-, el desempleo alcanza no obstante el 9,9% y la subocupación el 4,8%, lo que arroja a unos 30 mil catamarqueños con problemas laborales, sin tener en cuenta a los becados, figura legal con que se encubre el empleo precario de miles de jóvenes en la administración pública. - 9 mil personas cobran planes de empleo de 120 y 180 pesos por mes, aparte de la cobertura que brindan organismos nacionales como la Gerencia de Empleo, donde hay registrados 15 mil beneficiarios de programas de inserción laboral, seguro comunitario y seguro de capacitación y empleo. - El 56% de los menores de 18 años -unos 88 mil niños y adolescentes reciben la Asignación Universal por Hijo. Se trata de la tasa más elevada de la Argentina. - El 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos. 87 mil niños reciben ración diaria en comedores infantiles y escolares. - 30 mil familias reciben ayuda alimentaria a través de bolsones, tarjetas o Vales Pro Familia. 1.200 familias más obtienen alimentos por el programa Hornos y Cocinas solidarias. No hay registros oficiales unificados de otros subsidios otorgados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Legislatura provincial y hasta los municipios. - Catamarca tiene una tasa de suicidios de 13,5 casos cada 100 mil habitantes, superando en un 58% la media nacional de 8,5%. El embarazo adolescente, otro problema de la pobreza y la falta de educación, alcanza el 20%, el nivel más alto del noroeste. De estas madres, el 3,5% tiene menos de 15 años (Diario El Ancasti, 2010). Tratándose de una empresa periodística con una línea editorial inequívoca y sostenidamente “prominera”, resulta por ello más llamativo aún el reconocimiento de las profundas frustraciones que las “promesas desarrollistas” de la minería provocó en la población catamarqueña, tras más de 12 años de explotación del emprendimiento más grande del país y uno de los más rentables de toda Latinoamérica. Más recientemente, el mismo dueño del diario admitía: El creciente deterioro de la legitimidad social que sufre la minería en nuestra provincia demanda adoptar y aplicar en forma urgente políticas encaminadas a insertar esta actividad en la cultura productiva catamarqueña, consolidando condiciones para que pueda desarrollarse con el apoyo de la comunidad. La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del Oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura. Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, 7 de cada 10 ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras. Mientras que en Santa María, la oposición ronda el 60%. […] Sabemos ya cuáles fueron los errores que llevaron a la situación que se vive, de la que son responsables las autoridades políticas tanto como las propias empresas mineras. […] La falta de información es aprovechada para desinformar por los sectores interesados en demonizar la minería, a la que postulan, sin sustento, como la causa de un sinnúmero de males mientras difunden apocalípticas profecías. No puede negarse el éxito que los enemigos de la minería han tenido hasta ahora en sus objetivos de atemorizar a la población. Pero el discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido. Por el contrario, se ha permitido el dispendio de la renta minera, dilapidada mayormente en aras del clientelismo y la corrupción (Zitelli, 2010). El índice de pobreza del Gran Catamarca siempre ha sido mayor al promedio nacional, pero en los últimos años la diferencia respecto de ese promedio se ha mantenido, y en algunos períodos aumentó. En 1997 empezó a producir la mina Bajo de la Alumbrera, Catamarca, la más importante del país hasta hoy. Trece años después, en el primer semestre de 2010, según la metodología del INDEC,19 en la Argentina había un 12,0% de personas bajo la línea de pobreza. Ese valor se elevaba a 20,9% en el Gran Catamarca, y a 14,4% en el Gran San Juan (INDEC, 2010). Los promotores de la minería suelen anunciar que, debido a la competencia de los altos salarios pagados por esta actividad, las demás se verán obligadas a elevar los suyos. Sin embargo, la presencia 19 de Minera Alumbrera no ha revertido el bajo costo salarial privado en la provincia de Catamarca, que durante 2010 registró un promedio 19,4% menor al promedio nacional, mientras que en San Juan ese valor fue 21,7% menor a la media nacional (INDEC, 2011). Según el PNUD, en 2006, el Índice de Desarrollo Humano Ampliado promedio en la Argentina fue de 0,682. Pero resultó ser bastante menor en Catamarca (0,596) y en San Juan (0,586), provincias que ocuparon el 19º y 20º lugar entre 23 jurisdicciones (PNUD, 2009). Un episodio vergonzoso, pero emblemático, da cuenta del modelo de desarrollo propiciado por este tipo de minería. En 2009, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Gerónimo Vargas Aignasse, de Tucumán, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso de la Nación exprese “que vería con agrado que el alimento sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas y comedores escolares, como así también a toda sociedad de beneficencia de niños carenciados de la Provincia de Catamarca y Tucumán”. La entrega de sobras a escolares y carenciados: ¿sería este el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería invocan para defender la actividad? ¿O sería una expresión novedosa del clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo concepto de “responsabilidad social empresarial”? ¿Acaso no era que la minería sería un motor de desarrollo provincial?” (Svampa y Viale, 2009). Andalgalá fue declarada en emergencia económica a fines de 2009 por la gravísima situación financiera que enfrentaba el municipio. 19- Aunque cuestionable, aplicada por igual en todo el país: es válido comparar resultados provinciales.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 13:40:15 +0000
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