Muchos han alzado la voz sobre el peligro que se cierne sobre España ante la privatización acelerada del sistema público. No les falta razón en su preocupación. El británico ha sido uno de los sistemas de salud que antes empezó la senda de la privatización y ha sido modelo para el modelo español de Alzira y Madrid. Se trata de la Iniciativa Privada de Financiación, por el que una empresa privada construye el edificio y contrata al personal no sanitario. Según un estudio de una comisión encargada por el gobierno británico, en 2006 hasta el 50% de los hospitales ingleses, gestionados o no por empresas, tenían pérdidas. Estos hospitales tuvieron que recortar su personal y quitar camas. El primer hospital PFI se abrió en 1998 después de largas y caras negociaciones (los asesores financieros se llevaron el 4% del valor del edificio) entre la administración y la empresa. Los hospitales salen muy caros, hasta tres veces lo que cuesta por el modelo público, las condiciones de trabajo han empeorado, se han reducido los puestos de trabajo y ha descendido la cantidad y la calidad de la atención a la población. Un estudio de la Universidad de Manchester basada en los 12 primeros hospitales PFI asegura que el interés que se paga por ceder la construcción y gestión del hospital a manos privadas es del 8%, el doble que hubiera costado de normal. Además, los gastos son calculables, pero si el hospital necesita sobre la marcha cambiar algo, el consorcio privado pide al gobierno que se le paga más. La ley del máximo beneficio lleva, en su reverso del mínimo coste, a la omisión de auxilio.Y ahí es donde los horrores de Stafford son la punta de un iceberg, la de la desatención, la omisión de auxilio, el “tanto tienes, tanto vives” que ha venido funcionando de forma silente, soterrada, y que ahora emerge como un volcán ante nuestra atónita mirada. El peligro acecha para los ciudadanos supuestamente cubiertos. En 2012 se triplicaron los expedientes de queja por temas de salud al Defensor del Pueblo, debido a los recortes sanitarios nacionales y autonómicos. En su informe, Soledad Becerril destaca el caso de un paciente derivado desde Andalucía a Cataluña para ser sometido a una operación compleja. A pesar de que los médicos del hospital Clínico de Barcelona confirmaron la necesidad de operarle, la intervención se anuló finalmente por razones estrictamente económicas. El gobierno andaluz se lava las manos porque derivó al paciente; el catalán se desentiende porque el hospital no era un centro de referencia en ese tipo de operación. Él uno por el otro… ¿cuántos de los nuestros se nos van así?
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 11:16:16 +0000
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