Muchos jefes de Estado se creen investidos por una misión sagrada de violar las leyes que ellos mismos han ayudado a promulgar, cuando en realidad, ningún jefe de Estado o de gobierno puede esgrimir, bajo el argumento de las amenazas contra el statu quo o las instituciones que, en aras de su defensa, el régimen que preside se puede desbordar el marco jurídico vigente. El estado y el régimen político en cabeza de un presidente o un jefe de Estado, no puede bajo ninguna circunstancia combatir une rebelión pasando por encima del Estado de derecho. Un pilar, al menos teórico de la democracia burguesa es que el Estado, y en su conjunto el régimen político, no puede recurrir al delito para combatir a quienes le compiten el monopolio de la fuerza o su legitimidad. Debemos recordar aquí, que el presidente o jefe del Estado es, el comandante en jefe de las fuerzas militares (FFMM) y que debe velar para que el poder estatal opere en los márgenes del derecho. Si no lo hace, el jefe del Estado viola el ordenamiento jurídico interno y externo ya que las normas del derecho internacional, -para el caso de una guerra o conflicto interno- han sido integradas –vía tratados- al derecho interno, como es el caso del tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Uribe Vélez ayer y Santos hoy, parecen olvidar el efecto legitimador que tienen sus actos y palabras cuando estigmatizan a una organización política opositora, como es el caso actual de la Marcha Patriótica, exponiéndola a la violencia institucional y para institucional.
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 02:54:35 +0000