Más allá de si sobrevivirá o no el Pacto por México tras las elecciones del 7 de julio, lo que realmente está en juego es la viabilidad democrática del país, su crecimiento económico y modernización política. Lo que está en riesgo es la gobernabilidad, porque La Paz se ha vuelto frágil, las tensiones sociales por los problemas irresueltos crecen; mientras la economía está a la baja, la inseguridad se desborda. Autoritarismos de viejo cuño reaparecen en la escena pública, con todo su contenido de control político y mediático.A toda esta madeja la acompaña una realidad nefasta: la impunidad. Somos un país en el que diariamente hay denuncias de todo tipo, pero nunca sanciones. Frente a las exigencias, la respuesta es ninguna; no pasa nada. Ruido mediático si mucho y un escándalo desaparece en cuanto llega el nuevo.Esta restauración de autoritarismo e impunidad tiene su principal escenario en la mayoría de las entidades federativas. Los procesos electorales que se llevan a cabo en catorce estados han revelado la dimensión del atraso político; nos muestran el tamaño del desafío institucional, legal, moral y político que han lanzado los gobernadores contra toda idea de civilizar la disputa electoral. El denominador común es una obsesión por controlarlo todo: organismos electorales, cámaras empresariales, asociaciones profesionales, medios de comunicación.Los gobernadores priístas se han convertido en los principales elementos de inestabilidad política en México. Están desatados en la lucha del poder, por el poder mismo; sin reparar en violaciones a la ley, desviando de manera descarada los recursos públicos en favor de sus candidatos, y haciendo uso del ministerio público como instrumento de intimidación y persecución de sus adversarios. El regreso a los peores tiempos de la ilegal fusión PRI-Gobierno. En el despotismo y la ostentación de su poder abusivo, se ganan a pulso el título de sátrapas.El caso patético del abuso con los órganos de procuración de justicia es el Gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano; lanzó una operación intimidatoria contra empresarios de la entidad a partir del allanamiento de un negocio editorial donde se imprimían volantes del PAN y llegó al extremo de hacer torturar a un detenido para que incriminara a un candidato del PAN de tener ligas con el narcotráfico, según consta en la denuncia que el detenido interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Javier Duarte en Veracruz perdió toda vergüenza, si alguna vez la tuvo. Rey de la impunidad con su estructura electoral paralela, conformada por 57 funcionarios de gobierno local como federal, para apoyar con recursos de programas sociales a los candidatos priistas, también tiene en la Procuraduría su cuartel de campaña. Fue secuestrado un candidato panista a regidor en el municipio de Boca del Río para amenazarlo de muerte si no "le bajaba de huevos contra el Gobernador", y la primera respuesta de las autoridades fue que se trataba de un "montaje".El Gobernador de Chihuahua disputa con el de Aguascalientes y el de Veracruz el dudoso honor de ser el sátrapa mayor. Es infame el condicionamiento de bienes, apoyos y servicios por votos, desde las estructuras del Gobierno del Estado. Se trafica de nueva cuenta con las necesidades de la gente más humilde, de los que menos tienen y más han esperado. Precisamente en contra de este abuso que incluye a nuestros hermanos indígenas Tarahumaras, es por lo que protesta el Alcalde de Guachochi, en ayuno prolongado por 29 días.El uso de los recursos públicos en el caso de Chihuahua para favorecer al PRI pretende una justificación "honoraria". Es penoso y grotesco a la vez, la actuación de la esposa del Gobernador de Chihuahua, Doña Bertha Gómez de Duarte, quien ha aceptado que ha "andado por el todo el Estado" en proselitismo abierto por toda la entidad. Dice no cometer delito alguno; por supuesto que lo comete. Aunque su cargo como Presidenta Estatal del DIF sea honorario, ella trabaja con recursos públicos que en modo alguno puede poner al servicio de su partido o los candidatos de su marido. Tanto los vehículos como la robusta escolta que la resguarda (once elementos) son pagados con recursos del erario.Esto fue lo que el PAN demostró la semana pasada al difundir ante los medios un video de la presencia proselitista de Doña Bertha en Balleza - municipio en el que por cierto el Gobernador y no el IEE dice donde se instalan las casillas y donde no -. El video puede ser consultado en internet: goo.gl/orYaJ. Ahí, Argelia Chavira, esposa del candidato panista a la Presidencia Municipal de Balleza Beto Javalera, confrontó a la señora Duarte y señaló que la contienda es entre candidatos, y no es válida la intervención del gobernador. La presidenta del DIF estatal respondió que “Yo no soy funcionaria, por eso es que puedo andar aquí, yo soy honoraria por eso he andado en Parral, Cuauhtémoc, en todo el estado, por eso lo puedo hacer”.Frente a la denuncia, una rápida operación del gobierno estatal logró que el delicado hecho pasara casi desapercibido para la sociedad chihuahuense, pues la mayoría de los portales que subieron en los primeros minutos el video de inmediato lo bajaron. Una conspiración del silencio contra el derecho a la información de los chihuahuenses que, en vergonzosa conducta periodística, varios medios dieron cuenta del boletín oficial de respuesta pero no ofrecieron a sus lectores la nota que dio origen a la respuesta.El comportamiento del Gobernador de Chihuahua, y el que realizan otros mandatarios estatales, violentando la ley en los procesos electorales e interviniendo abiertamente en favor del PRI, debe también llevar a los órganos de dirección nacional del PAN - tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Consejo Nacional -, volver a discutir y reconsiderar nuestra forma de participar en el Pacto por México. Mientras ponemos nuestra buena fe y decisión de cooperar para construir soluciones conjuntas a los problemas del país, el PRI-Gobierno responde con las peores mañas de antaño. La cooperación no puede ni debe convertirse en aval de una regresión autoritaria.El adendum al Pacto por México firmado por el Presidente de la República y los líderes de los partidos para impulsar la legalidad y la equidad en las contiendas estatales quedó en lo ridículo; la firma de Peña Nieto valió menos que el papel en el que la estampó. Se ríen los gobernadores de las denuncias presentadas en su contra en las "mesas de la equidad". Se mofa Miguel Ángel Osorio Chong, a las espaldas de Gustavo Madero y Jesús Zambrano. ¿Por qué habría de cumplir el Secretario de Gobernación, si cuando fue Gobernador de Hidalgo hizo lo mismo para llegar y cosas peores desde el poder?. No hay duda, el nuevo PRI no aparecerá por ningún lado y el pasado está de regreso, completito.
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 23:53:20 +0000