OPINIÓNmiércoles 10 de julio de 2013 Usuarios de teléfonos móviles tienen que estar protegidos Uno de los negocios más prósperos de inicios del siglo XXI, aquí y en cualquier parte del planeta, es el de la telefonía móvil. Las estadísticas indican que hay 6.793.703 aparatos de comunicación portátiles en manos de los usuarios en el Paraguay. Aun cuando esa cantidad no indique que a cada persona le corresponde un teléfono —porque algunas tienen dos o más—, es evidente que la mayoría cuenta con ese medio de comunicación, que ha revolucionado el modo de vivir y de relacionarse entre semejantes. Al rápido incremento de la cantidad de móviles, sin embargo, no acompañó en nuestro país un seguimiento legal que garantice a los usuarios la calidad del servicio. La misma atañe no solo a la eficiencia de la comunicación en sí, sino también a la seguridad de que al usuario solo se le cobra su consumo real. En los últimos meses, el 80 por ciento de las quejas presentadas en las oficinas de Defensa del Consumidor —del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)— han sido en contra de las operadoras de telefonía móvil. Los reclamos van desde las llamadas que no reciben respuestas hasta los mensajes que llegan tarde, cortes de conexión, saldos que se esfuman en un lapso sospechosamente breve y otros problemas. Ante esta situación, los usuarios se encuentran desprotegidos legalmente. La Ley 642, que establece las responsabilidades de la Conatel, es de 1995 y la Ley 1334, De Defensa del Consumidor, data de 1998. Ambas solo hablan muy genéricamente de la protección a la clientela de los celulares. En contrapartida, Argentina, Brasil y Colombia cuentan con legislaciones que protegen a los usuarios. Es obvio que a quienes pagan por el servicio les asiste el derecho de recibir un servicio de calidad, honesto y transparente, garantizado por el Estado como protector del bien común. En estos días se informa que, en la Argentina, la empresa española Telefónica será sancionada porque en el reciente temporal que afectó a La Plata y Buenos Aires sus conexiones no estuvieron a la altura de los requerimientos de la emergencia climática. En el Brasil, en tanto, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) suspendió el año pasado la captación de nuevos clientes, durante seis meses, ante la catarata de reclamos ciudadanos por el mal servicio. Mientras tanto, aquí, la Conatel —ante la publicación de ayer de Última Hora— recién empieza a movilizarse para obtener datos de Defensa del Consumidor con respecto a las quejas de los usuarios. Esto, de oficio, siempre debió haber figurado en su agenda de acciones. Más allá de lo puntual, es necesario que esa institución encargada de las telecomunicaciones actualice la obsoleta ley que desampara a los usuarios, a fin de establecer sanciones a las compañías que facturan cifras siderales y no reinvierten sus ganancias al ritmo de lo que demanda el mercado. ¿QUÉ TE PARECIÓ ESTA NOTICIA?
Posted on: Wed, 10 Jul 2013 12:26:44 +0000