PLATAFORMA DE DESEMPLEADXS DE ALKANTARILLA, SESIÓN DEL JUEVES 27 DE JUNIO DE 2013. 5ª ASAMBLEA Abre María Jiménez, que lleva los temas jurídicos para la Asamblea del 15M de los barrios de La Paz, Vistabella y La Fama. Nos contó que la implicación de estos barrios en el tema de los cortes de agua a familias y particulares sin recursos comienza a raíz del 15M y sus asambleas. Nos explica que fue un proceso, una evolución, que tiene su detonante en el momento en que esta problemática es planteada y puesta en común. La gente se preguntó que cómo era posible que se les cortara el suministro a las personas sin recursos, a lo que siguió la concienciación de que el agua es un recurso básico. Maria incide en que éste fue un proceso de ir muy poco a poco hasta consolidar una base teórico-juridica. Prosigue María explicando que cada ayuntamiento es un mundo. Tanto los conceptos de SANEAMIENTO como SUMINISTRO son competencias municipales y que la ley base es la Ley de Régimen Local, que obliga a los ayuntamientos. No ostante, el ordenamiento particular o reglamento de cada municipio, permite que la “gestión” del agua sea privada. Nos advierte María que hay que hacer investigación en el reglamento del propio consistorio pero que hay una cosa muy clara en la constitución: NADIE PUEDE SER PROPIETARIO DEL AGUA, EXCEPTO EL ESTADO. POR LO TANTO EL AGUA ES UN BIEN PÚBLICO. Prosigue relatando que ahora mismo estamos en pleno proceso privatizador (no sólo en la CA de Murcia, sino a nivel mundial) Nos cuenta el caso de Murcia capital, donde el proceso lo inicia el psoe en 1987. Nos cuenta que EMUASA, la empresa “gestora” del Suministro y del Saneamiento en Murcia capital está participada, en acciones, por el Ayuntamiento capitalino al 51% y el otro 49% de las acciones están en manos privadas. Nos relata María que otra fórmula para la privatización del agua es que, ante la inversión que se le plantea al ayuntamiento de turno, éste cede la “gestión” del agua a una empresa privada a cambio de una cierta cantidad en millones de euros. Con lo cual, a cambio de una cifra irrisoria, el ayuntamiento convierte a los ciudadanos en súbditos medievales de un señor feudal/corporativo durante varias generaciones, ya que este tipo de concesiones puede ser de entre 25 y 50 años. De reloj. La capitalina Emuasa y la alcantarillera Aquagest, pertenecen al conglomerado Agbar (Aguas de Barcelona) que en la actualidad pertenece a Suez Enviroment en un 75 % (una de las tres multinacionales francesas que están llevando a cabo la privatización del agua a nivel global) y a La Caixa en un 25%, de la que no vamos a decir nada aquí, excepto que pertenece al lobby bankster que nos está “privatizando” hasta el aire y llevándose el dinero p´´ublico por toneladas. La charla vuelve al tema de la “concesión” que María Jiménez califica como “El uso privativo de un bien de servicio público y su conversión a privado”. Estas concesiones son contratos blindados. Se machaca que el suministro de agua es un requisito imprescindible para obtener la cédula de habitabilidad, que le sale al ciudadano con un coste de + ó – 100 euros. Nos explica , ya con Miguel Alzamora, que el dinero que estas sucursales de la multinacional pagan a los ayuntamientos, en la actualidad, van destinados a cubrir las deudas de los distintos pelotazos ladrilleros y de otro tipo y no a fondos sociales que beneficien a los ciudadanos. Con lo cual tenemos que el negocio consiste en vender por cuatro perras un negocio rentable y seguro en el que se detrae a los ciudadanos el dinero por los dos socios del timo, uno el ayuntamiento, que emplea el dinero en sus propios pufos. Y otro, la empresa de la multinacional, que tiene hipotecados a los ciudadanos en un contrato medieval y unilateral durante 25 ó 50 años. Ahora se pasa a hacer un breve repaso del intento de privatización sufrido por la empresa de aguas de Madrid, llamado El Canal de Isabel II, a manos de la pepera Esperanza Aguirre y la mafia empresarial con que se rodea y a quien sirve. Tras una fuerte contestación ciudadana, hasta el extremo de forzar un referéndum, la ciudadanía dijo NO a la privatización y a Agbar. Pero este tema se halla lejos de quedar resuelto, ya que el negocio es demasiado goloso (además de que la multinacional es una de las llamadas “puertas giratorias” para ciertos politicastros al darles empleos millonarios tras su “gestión” prevaricadora) Otro tema, que veremos luego, es lo ocurrido en París. La charla vuelve sobre los efectos que tiene la privatización del servicio más básico para las personas, con la intención de dejar claro que el agua (y su factura privatizada) es lo último que renuncian a pagar las personas afectadas por situaciones de miseria y exclusión social. Se trata pues del servicio y el bien más básico de todos. También se remacha que cada ayuntamiento tiene un reglamento de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas. Para ilustrar este punto, se cita como ejemplo el reglamento de la capi, en el que se dice que el suministro se cortará a los dos (2) impagos. Nos cuentan que hay particulares que tienen el contador dentro de casa, con lo que se pueden negar (por ahora) a dejar pasar al técnico de Emuasa que les cortará el agua. Pero la problemática de las viviendas de La Paz y La Fama es que los edificios tenían los contadores en el exterior. Además, la gran diferencia con los desahucios, es que ni la empresa ni el ayuntamiento están obligados a dar un aviso previo, con lo que el ciudadano está aún más indefenso si cabe. Nos cuenta Miguel, que los afectados y las asambleas que los apoyan entendieron desde el primer momento que tenían que movilizarse y que el objetivo y diana de su presión debía ser el ayuntamiento. No la empresa, recalca. Vecinos y afectados emprendieron, pues, varias acciones, entre las que figuraban varios escritos al consistorio solicitando que suprimiera la cláusula de los 2 impagos. Es entonces, en ese proceso de implicarse, nos cuenta Miguel, que descubrieron el Derecho Humano al Agua, contemplado por la ONU, y que es independiente de que las personas la puedan pagar. Aquí hace un inciso para explicar que sobre este tema, el de la cantidad estimada en litros que una persona tiene el Derecho Humano Básico de disfrutar, bailan según quién hable. Hay quyienes dicen que la cantidad mínima necesaria está en los 80 litros diarios mientras que otros rebajan esa cantidad mínima a 20. Nos sigue relatando el proceso de lucha en los barrios murcianos. La alarma salta cuando estas personas afectadas por los cortes, que acudían tradicionalmente a Cáritas, se encuentran con que Cáritas deja de cubrirlas, por lo que tienen que organizarse para defenderse. Las acciones cívicas prosiguen, esta vez sí, enfrentándose a la empresa. La lucha fructifica en 2012, que es cuando Emuasa cede a la presión y destina un fondo de 200.000 euros para “condonar” recibos. Pero las condiciones son tremendas y exigen un certificado de los Servicios Sociales. Se establece un sistema perverso para los 580 afectados al principio y luego más de 600, con unas condiciones tan arbitrarias como draconianas que la empresa cuelga en su web. Así tenemos que los afectados deben ir uno por uno a los Servicios Sociales de cada barrio, conseguir un informe favorable del asistente o asistenta social y con ese informe son el asistente social y la empresa los que deciden si “condonan” o no “condonan”. Aquí hay una trampa legal puesto que cualquier deuda con la administración no es condonable y sólo queda la salida de pagarla. Con todo, cualquier AYUNTAMIENTO ESTÁ CAPACITADO PARA PREVER EL DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DEBIDO AL IMPAGO. El problema con que se encuentran los afectados y las asambleas es que le estaban pidiendo ayudas sociales a una empresa privada. Sin embargo, Miguel nos advierte seriamente que no hay que demonizar ni denostar ese fondo de 200.000 euros, porque es lo único que tiene la gente para agarrarse en la práctica. También nos advierte en contra de confundir el discurso (es lo que ellos quieren, dice) Y nos cuenta que fue el mantenerse firmes en la denuncia de que “Aguas de Murcia vulnera el Derecho Humano al Agua” lo que más daño le hizo a la empresa. Nos dice que hay que recurrir al Derecho Humano al Agua de la ONU porque en la Constitución española no se considera el agua un derecho básico. Vuelve a insistir en que lo complejo de esta problemática es que no se visibiliza. La gente que está en plena caída bajo el umbral de la miseria es lo primero que paga, privándose de otras muchas cosas. Tanto el ayuntamiento como la empresa les ha despojado de su condición de ciudadanos (palabro que nunca usan) para relegarlos a la categoría de CLIENTES, con la sumisión mental que eso conlleva. Acaba esta parte de la charla insistiendo Miguel en que precisamente el método de acción es desmontar ese discurso mediante el Derecho Humano al Agua. Interviene Joaquín Atenza para observar que la vuelta a la titularidad pública de una empresa como la de la Alcantarilla supondría un mínimo de 200 o 300 empleos públicos, calculando a ojo, y que (aquí no me entiendo, ni yo o sea que lo dejamos de suspense, aunque puede tratarse de que “es uno de los objetivos, la recuperación pública de las mal llamadas privatizaciones”) María Jiménez aporta la reflexión de que si hubiera una movilización general las empresas y sus privatizadores a sueldo tendrían un gran problema. Miguel no está de acuerdo y le dice a Joaquín que su enfoque coarta a la gente. Vuelve a señalar que el proceso es importante y explica el que siguieron ellos diciendo que partió de la diversidad, tanto cultural (gente de distintas extracciones y clases sociales) como étnica (la población gitana de esos barrios, los payos y la gente inmigrante) También alude a la diversidad de circunstancias, gente en paro, gente con trabajo fijo, etc. Hace un breve recorrido por la metodología seguida en América Latina y se refiere a la “metodología del oprimido”. Es decir, cita a quien luego mentará, Paulo Freire. “El problema lo señalan las personas”, agrega. “El problema no es el Derecho Humano al Agua, el problema no es la factura, el problema es el corte”. Nos cuenta que, en un primer momento fueron 175 los afectados por cortes, pero que se produjo un efecto llamada o de cohesión cuando aplicaron la metodología de Paulo Freire, que vuelve a resumir en que “los problemas los señala la gente y es la gente quien pone los problemas sobre la mesa”. Atornilla que es un proceso pedagógico y que el segundo paso es la investigación de TODOS. Nos hace un relato de cómo van llevando a gente para que les hable desde su enfoque. Invitan a la asamblea a una asociación de consumidores, Consumur, a Ecologistas en Acción, a gente del 15M, abogados, sociólogos. Con todo eso, elaboran estrategias de acción que culminan con la ILP en el ayuntamiento. Pero hay más, dice. Convierten a Emuasa en protagonista de los titulares y las portadas de la prensa local. Se dedican a jugar con la pancarta del “Agua para todos” que había en el ayuntamiento, poniendo ellos debajo una mesa con casi el mismo lema “¿Agua de todos?” Salió en todos los medios y con los afectados en primera línea. Hacen ruedas de prensa y asambleas con más de cien personas y, además, los medios de comunicación. Graban Vídeos (luego lo subiremos) que dan la vuelta al estado y al mundo. Entran a formar parte de la RAP, Red Agua Pública, la primera plataforma estatal contra su privatización. Pero el hilo conductor sigue siendo el “¿cómo estamos viviendo esta crisis los afectados’”. Nos cuenta que el cacique del barrio, el presi de la junta vecinal, llama personalmente a Judith. “El Mandao”, como le apodan popularmente, le asegura que él le iba a resolver su problema con el agua. Como no se fían, acompañan a Judith a Emuasa . Al final aquella entrevista se queda en una llantina de la empresa quejándose del daño que le han causado a su “imagen corporativa”. Prosigue con esta potita historia contando que también la llama el ayuntamiento y el Defensor del Pueblo pepe… digo, murciano. ¿Por qué? Se pregunta Miguel. Pues porque no podían con ella. El proceso la había formado y capacitado para merendarse a los ejecutivos de Emuasa, a los correveydiles del ayuntamiento. Nos cuenta que nunca tuvieron o se pusieron como objetivo conseguir el fondo social. Esto fue una “solución” que propuso Emuasa y que aceptó el ayuntamiento. Acaba esta parte declarando que ellos son críticos con el fondo, pero que también llevan 2 años sin cortes de agua. Y hace una comparación con las ONGs que cubren muchos de estos problemas: son criticables y denostables, pero no son desechables. Ahora nos cuenta el caso de El Campico, donde a los técnicos de la empresa les daba “cosa” ir a tomar lectura y las familias se han visto con un deuda acumulada de hasta 10.000 euros. Prosigue con Judith. El proceso seguido la ha pedagogizado y empoderizado (a ella y al resto de la gente) “Por eso Judith no tiene miedo a ponerse delante de los medios de comunicación ni de los concejales de la cáscara amarga, porque sabe más de agua que ellos”. Señala las prioridades: lo primero es paliar la emergencia social. Y luego el Derecho Humano al Agua, o sea, la teoría, pero luego. Y prosigue Miguel explicando otra parte del proceso. Dice que la instauración de ese fondo social para cubrir las “condonaciones” de los cortes de agua no los ha desmovilizado. Nos dice que en las asambleas había comisión de desahucios y había denuncias a Emuasa. Pero nos advierte de que “para algunos, judicializar la lucha traía muchos problemas. Pero lo peor es que la judicialización desmontó e intelectualizó el problema de los cortes. Porque las denuncias son un arma, una herramienta más, nunca el centro o el objetivo de la lucha. Chupa energía, tiempo, dinero y, además, desgasta a la gente. Por lo tanto, aunque se utilice la denuncia judicial, ha de ser sólo como una parte de la batalla”. Toma la palabra María Jiménez para explicarnos en este punto que la consideración general que tiene la asamblea de La Paz, Vistabella y La Fama es la de un único colectivo que empezó a trabajar intuitivamente desde el 15M, que habló y trabajó desde los afectados y desde los cortes de agua, en un proceso auto-pedagógico NO intelectualizado. Aquí nos cuentan el bucle ridículo y surrealista en que se vio atrapado un inmigrante marroquí a quien el banco ya había desahuciado. Es decir, se quedó con su casa y la alquiló a otra persona. A pesar de eso, Emuasa siguió enviándole las facturas del agua. El hombre no podía acceder a la casa, el nuevo inquilino no se lo permitía, el banco que lo había desahuciado se negaba a colaborar (y a reconocer que las nuevas facturas eran de un inmueble del que se había apropiado) y Emuasa le seguía cobrando. Deja la historia para más adelante y con la puerta abierta a que este hombre nos cuente su historia en primera persona , pero Miuel la utiliza para ilustrar que el protagonismo lo han de tener los afectados, que la información de lo que está sucediendo en realidad la tienen los propios afectados afectados. Eso nos lleva a la pregunta clave: ¿Quién conoce y sabe quiénes son esos afectados? Sobre todo, contesta, las ONGs que trabajan con esa gente. También nos cuenta una parte de la estrategia que siguieron en la capital para ilustrar que tiene la información de que Aquagest de Alcantarilla ha instaurado un fondo social de 10.000 euros pero que el ayuntamiento alcantarillero no quiere que esto se sepa. ¿Dónde están las bases de este fondo social, cómo, cuándo y en qué medio han sido hechas públicas? Nos dice que en Murcia City hablaron con IU para, por medio de sus representantes, presentar una moción para ver qué partidas iban a parar al agua. El peperío capitalino dio la callada por respuesta. Entonces, ellos se prepararon para el pleno más importante, el de diciembre, en el que se discuten, es un decir, y aprueban los presupuestos anuales. En respuesta a esto, en Emuasa empiezan a tratar mal y despectivamente a los afectados. La asamblea de estos barrios, ya constituida en la RED AGUA PÚBLICA, hace acompañamientos a los afectados y recrimina a la empresa la discriminación de que los hace objeto en sus oficinas. Y aquí ya nos ponemos casi todos a hablar, los niños del parque inclusive ,y es imposible, al menos para mí, sacar algo en claro, excepto un par de puntos más. a) que no hay que tener miedo, ni siquiera a equivocarse, porque incluso las equivocaciones forman parte del proceso de aprendizaje. b) que esta semana se aprobaba en Bruselas la Directiva sobre privatizaciones, llamada Directiva de Concesiones (y que se enmarca en el mismo proceso de arramblar con lo público que el hecho de salvar bancos con el dinero de todos a costa de hacer que las personas pasemos hambre, desprotección e ir forzándonos a la esclavitud) Pues bien, la RED AGUA PÚBLICA ha conseguido, también por ahora, sacar el agua de esa directiva privatizadora. Por último, la Asamblea de Desemplead@s de Alkantarilla acuerda quedar en la puerta del ayuntamiento el próximo jueves a las 10 de la mañana y celebrar su próxima reunión ese mismo jueves, día 4 de Julio, en la plaza de Vistabella de este pueblo y a las 8 de la tarde como de costumbre. Queda en el aire la idea de Andújar sobre incluir cuáles fueron las votaciones de los partidos representados en el último pleno del ayuntamiento en la moción que presentamos a través de la concejala de IU, Carmen María, en la que pretendíamos declarar Alcantarilla como municipio libre de desahucios y que fue denegada por los votos del peperío contra todas las demás formaciones. Ansín jué y ansín he intentado transcribir esta asamblea, aunque sin conseguirlo.
Posted on: Mon, 01 Jul 2013 08:09:32 +0000
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