Página12. REPRESENTANTES DEL GRUPO CLARIN Y DEL ESTADO NACIONAL RESPONDIERON LAS PREGUNTAS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA LEY DE MEDIOS. Entre intereses económicos y pluralidad de voces. Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg Clarín dijo que la ley afecta la “sustentabilidad” del grupo. El Estado argumentó a favor de la desconcentración. Si la libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión? ¿O deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar ese agravio? Esa fue la pregunta número diez que los miembros de la Corte Suprema les hicieron a los representantes del multimedios durante la audiencia de ayer. Los abogados trastabillaron y la inquietud quedó sin respuesta. Los únicos Durante la mañana de ayer, la Corte Suprema interrogó a las partes involucradas en el expediente en el que se cuestiona la validez de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA): el Estado y el Grupo Clarín. El miércoles se habían escuchado a los amicus curiae, o terceros interesados, que el tribunal convirtió en exposiciones a favor de uno u otro. Las preguntas, que eran leídas por el secretario de la Corte Christian Abritta y transmitidas por escrito en varias pantallas, fueron 59. 17 para Clarín, 36 para el Estado, 6 para un perito. El cuestionario no se limitó a las cuestiones técnicas ni a la discusión constitucional y demostró que los miembros del máximo tribunal tienen bien estudiado el tema. Cada parte fue interrogada sobre los planteos de su oponente. Se indagó sobre el origen de la ley, la necesidad de su existencia, qué se entiende por libertad de expresión, la aplicación actual de la norma y sobre la actividad económica del Grupo Clarín. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue el único que intervino durante el debate, al formular algunas aclaraciones o repreguntas. El resto permaneció callado durante las tres horas y media. Clarín estuvo representado por los abogados María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino, quienes buscaron reforzar su argumento principal y casi único: que el hecho de tener que desprenderse de licencias de radio y televisión por cable (es decir de su posición dominante en el mercado) condicionaba la libertad de expresión. “Se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín y la afectación a la sustentabilidad afecta la libertad de expresión”, señalaban. “Lo único que se persigue es desguazar al Grupo Clarín”, dijo en el cierre Cassino, de melena anaranjada. Antes había argumentado que “el régimen de multiplicidad de licencias afecta la escala y el alcance del grupo. Cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones y si se reduce la escala no se puede mantener la estructura tecnológica”. Afirmó también que el multimedios llevaba invertido en Cablevisión 1400 millones de dólares. Carrió aseguró que “si se altera la red actual, la sustentabilidad del grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”. En la misma línea, Gelli afirmó en el cierre que el Grupo Clarín “es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación”. Cuando los interrogaron acerca de si el resto de los medios que no tienen el mismo poderío económico no tienen garantizada la libertad de expresión, se pasaron la pelota. Gelli dijo que la ley establece alternativas para sustentar a los más pequeños, habló de la publicidad oficial y aprovechó para quejarse de un “cepo publicitario”. Lorenzetti les advirtió que no habían contestado. Otro cuestionamiento que les planteó el tribunal fue si tenían problemas de sustentabilidad antes de la fusión entre Cablevisión y Multicanal y ellos contestaron que sí y que fue esa la razón de la unión. “Si el Grupo Clarín conservaba su estructura no podía permanecer en el mercado”, aseguró Cassino. Más allá de las precisiones técnicas, fue el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, quien respondió durante su presentación final con más vehemencia a la principal idea enarbolada por los representantes de Clarín: “Todas, absolutamente todas las empresas de la Argentina, menos Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida, o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende cómo el resto de las empresas sí están dispuestas a adecuarse voluntariamente. Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si uno quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para otros objetivos, si uno quiere tener otra empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza” (ver pagina 5). El Estado Después de que los abogados de Clarín respondieran todas las preguntas, fue el turno del Estado. La abogada Graciana Peñafort y Daniel Larrache, director de Gestión, Administración y Desarrollo de la Afsca, llevaron la voz cantante. Los acompañaron el economista Horacio Seillant y el constitucionalista Eduardo Bascesat. Todos se acomodaron en el estrado que estaba en el costado izquierdo de la sala de audiencias y comenzaron a responder. El tribunal comenzó con uno de los caballitos de batalla de Clarín: “¿Por qué dicen que la ley está suspendida cuando hay una decisión de la Corte Suprema que establece su plena vigencia?”. Larrache contestó que la ley “se aplica todo lo que puede ser aplicada”. Muchos interrogantes se formularon de distinto modo a cada parte. A Clarín, por ejemplo, le preguntaron por qué sostiene que la LdSCA, que busca desconcentrar la propiedad y aumentar la pluralidad de voces en beneficio del derecho a la información, afecta la libertad de expresión. Al Estado, en cambio: “¿Por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la ley 26.522, en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones?”. Peñafort contestó que “por la magnitud tiene posición dominante, marca precios, condiciones de competencia, tiene prácticas predatorias y excluyentes y compra competidores para cerrarlos”. Una de las preguntas apuntó a cuestionar por qué el Estado ratificó luego de la promulgación de la ley de medios la prórroga de las licencias de servicios de radiodifusión por diez años. “Era necesario para aplicar la ley. Nadie estaría interesado en adecuarse a la ley con una licencia que dure poco tiempo. La prórroga da certezas”, contestó Peñafort. Los ministros del tribunal también quisieron saber por qué la ley fijó un máximo de 24 licencias para un operador de TV por cable, por qué quienes explotan una licencia de cualquier servicio de radiodifusión no pueden ser titulares de más de una señal de contenido y si la cuota del 35 por ciento del mercado es adecuada para prestar el mejor servicio al menor precio. Sobre las 24 licencias, los representantes del Estado contestaron que se evaluó el punto de inicio y que, en ese sentido, los licenciatarios tenían, en promedio, 1,6 licencias. Dar 24 hacía que sólo dos grupos tuvieran que adecuarse. “Era más que igualitario, con 24 se puede alcanzar el 35 por ciento del mercado y no pueden decir que se vulnera su derecho porque tendrían una compañía quince veces más grande que el promedio de los licenciatarios.” Dijeron también que el titular de una licencia de radiodifusión no puede tener más de una señal de contenidos porque “el que produce puede privilegiar sus señales o puede decidir no incluir señales de la competencias, también tiene que ver con la pluralidad de contenidos”. La pregunta sobre el límite de abonados y el precio del abono la respondió Seillant: “Hay que tener cuidado de no partir de presupuestos falsos, como suponer que economías de escala se trasladan a los precios. ¿Qué garantiza que un costo inferior se traslade a los precios? La única garantía es la competencia. Y eso no ocurre”. El momento más confuso para el Estado fue cuando Lorenzetti preguntó si las licencias podían ser quitadas sin derecho alguno. “Las licencias se enmarcan en actividades de bien público, no es asimilable a una fábrica de galletitas”, respondió Peñafort. Luego aclaró que “no generaban derechos adquiridos, pero no se quitan discrecionalmente”. Al llegar al momento de la pregunta 12, el secretario de la Corte leyó: “Si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, concedidas por el decreto 527/05, ¿por qué no se utilizó la misma vía, es decir un decreto dejándolas sin efecto?”. A Peñafort se le desorbitaron los ojos, se plantó y le dijo a Lorenzetti que era una pregunta mal formulada. Planteada así, la Corte aparecía dando por sentado, como dice el reclamo de Clarín, que la ley de medios fue aprobada sólo para perjudicar a ese holding. Lorenzetti balbuceó alguna aclaración. La abogada insistió con que el objetivo de la ley es “desconcentrar” el mercado. La Corte también convocó al perito Néstor Alessandría que, con pocas palabras, favoreció en todo al multimedios. A pesar de que muchos de los presentes dieron por hecho que se trataba de un experto “de parte”, es decir, convocado por el Grupo Clarín, en realidad había sido introducido por la Cámara Civil y Comercial, que falló de acuerdo con los intereses de la empresa. En el cierre, los representantes de Clarín hablaron de la “conducta errática del Estado, por prorrogar las licencias y luego sancionar la LdSCA”, dijeron que “aplicando restricciones no se genera competencia” y que “no hace falta sacar licencias a Clarín para que haya otras voces”. Sabbatella centró su exposición en cuestionar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que “declaró constitucional todo lo que no afecta a Clarín e inconstitucional todo lo que lo afecta”. Y concluyó: “La Argentina tiene un problema en relación con la concentración mediática que nos está lesionando, necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que esta es la herramienta para hacerlo. Por nuestra democracia no queremos nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos si la democracia puede seguir avanzando o retrocedemos”. MARIA JOSE GUEMBE* “Las audiencias sirvieron” Considero que las dos audiencias fueron muy importantes y sirvieron para que la sociedad vea las posturas respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El proceso judicial estaba encerrado y de esta manera se abrió al público. Nosotros, desde la Defensoría, pudimos mostrar por primera vez, ya que el organismo se creó en noviembre de 2012, la mirada del público y sus necesidades comunicacionales. Los testimonios presentados por la Defensoría en las audiencias demostraron que existen conflictos con el acceso a la información, que es un derecho, y a la diversidad de voces. La concentración mediática atenta contra el debate público y contra la democracia, es por eso que debe ser regulada. La imposibilidad de elegir cómo informarse reduce la diversidad de opiniones. Considero que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos llevará al beneficio de un solo grupo económico, el que brindará sólo las señales que son de su propiedad. Si el tribunal no considera constitucionales los artículos en cuestión de la ley, en la Defensoría del Público, organismo único en Latinoamérica y el mundo, seguiremos trabajando para las demandas de los ciudadanos, de los consumidores y de los comunicadores, para que prevalezca el derecho a informarse por sobre todo interés comercial. Respecto de la posibilidad de enviar el caso a tribunales internacionales, que deslizó el abogado de Clarín ayer, luego de finalizar la audiencia, considero que no es necesario en tanto es una ley que se creó aquí y debe dirimirse toda diferencia dentro del marco de nuestra Constitución. De todos modos, todos los organismos internacionales apoyan la ley sancionada por el Congreso Nacional. Si Clarín decide apelar el hipotético fallo a favor de la constitucionalidad de la ley, sabemos que las leyes internacionales nos darán la razón, como lo hicieron hasta ahora. * Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. EL ROL DE LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACION. CFK habló de “las balas de tinta” La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a advertir sobre el rol de los grandes medios de comunicación en la política local y comparó “las balas de plomo que derrocaron a Perón” con “las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir gobiernos populares”. “El pasado económico que asoló la Argentina, que quebró industrias, que quebró industriales, que dejó a millones de personas sin trabajo, sin educación” no “pasó definitivamente”, sino que “siempre está a la vuelta de la esquina”, dijo la Presidenta. Durante el acto de inauguración de la Exposición Industrial de Berazategui (ver página 13), la mandataria advirtió que “la historia de los argentinos es la historia de esas idas y vueltas y fundamentalmente de esos sectores minúsculos pero poderosos en su poder de difusión”. CFK relacionó a esos sectores vinculados con los medios con los que vuelven “a pensar que es un buen negocio endeudar a la Argentina” y reflexionó: “En realidad, endeudar a la Argentina fue un buen negocio, no para todos, pero sí para algunos”, a los que “les conviene lo que la Argentina hizo durante décadas: la bicicleta financiera, pagar con nuevos títulos y cada vez deber más, cada vez más”. Luego de desplegar un abanico de números y argumentos acerca del crecimiento del país en la última década, la Presidenta concluyó: “Es importante este ejercicio de comprensión de cómo se mueve la actividad económica para que los cantos de sirena no nos hagan equivocar”. Clarín no acataría El abogado del Grupo Clarín Damián Cassino anunció que si la Corte Suprema no le da la razón al multimedios apelarán ante tribunales internacionales. Al término de la audiencia en la que defendió la postura sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue consultado acerca de la postura que asumirían ante un fallo adverso: “Existen instancias internacionales de apelación, inclusive”, señaló. ALEJANDRO KAUFMAN* “El poder de la fuerza” Estoy con mucha preocupación por cuál va a ser la resolución de la Corte luego de las dos audiencias públicas. Creo que ésta es una causa profundamente justa, democrática, que se enfrenta a un poder corporativo, que fue implicado en hechos en complicidad con una dictadura, en situaciones de crímenes de lesa humanidad, que tienen una continuidad histórica hoy en la discusión, la mentira, en la manipulación. Si la sociedad no consigue en esta instancia a través de canales legítimos e institucionales una salida, la lucha seguirá. Se han esgrimido los argumentos que cada parte tenía. En el caso de los amigos de Clarín habló el poder, que se dice inmune a los pueblos, a la democracia, a la pluralidad, que justifica a la desigualdad. En tal situación, la razón se justificó por el poder de la fuerza, y no por la fuerza de la razón. A diferencia de lo expuesto por el multimedios, los argumentos de la parte demandada fueron de democracia, de igualdad y de justicia. Una parte tiene la razón por la fuerza y la otra tiene la fuerza de la razón. Creo que esa frase es representativa de lo que ocurre. El hecho de que no nos deslumbre dicha diferencia de posturas indica cuánto hay que hacer todavía en la sociedad argentina. En cuanto al fallo de la Corte, ojalá resulte justo, aunque hay indicios que permiten dudar. Por ejemplo, hace pocos días Clarín puso a disposición de cualquier navegante de la web todas las tapas de la historia del diario. Perfectamente pueden ser chequeadas por un fiscal moral o legal, se puede acceder a ellas y utilizarlas como prueba. Esto es casi un mensaje mafioso, nos dicen seguimos aquí, seguiremos aquí y la balanza se va a inclinar para nuestro lado. Es un dato pequeño pero que yo lo veo como significativo. No me siento muy optimista, comparto lo que dijo el periodista Horacio Verbitsky sobre que la audiencia ya prejuzga desde que se convocó. La manera en que se configuró la audiencia sugiere un sesgo de la Corte. * Ex director de la carrera de comunicación de la UBA. EL TITULAR DE LA AFSCA, MARTIN SABBATELLA, DIO EL ALEGATO FINAL EN LA AUDIENCIA CONVOCADA POR LA CORTE. “La concentración lesiona la libertad” Sabbatella criticó el fallo de la Cámara Civil y Comercial y aseguró que los límites de mercado no afectan la sustentabilidad de los medios. Pero “si uno quiere tener una empresa para extorsionar a la democracia, obviamente no alcanza”, remató. “Vengo a enfrentar lo que entendemos como un escandaloso fallo de la Cámara Civil y Comercial, que consideramos hecho absolutamente a la medida del Grupo Clarín, protegiendo pura y exclusivamente sus derechos económicos”, arrancó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, al brindar el alegato final del gobierno nacional en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, en el marco de la causa por la constitucionalidad de la ley de medios. Después de casi tres horas en las que el tribunal realizó preguntas tanto a los representantes del Grupo Clarín como a los del Estado, Sabbatella dio un fuerte discurso en el que reivindicó la constitucionalidad y la importancia de la ley, criticó el fallo de segunda instancia y desmintió que los límites de mercado afecten la sustentabilidad de las empresas de comunicación, a menos que éstas busquen otros objetivos: “Si uno quiere tener una empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere definir el rumbo del país, si alguien quiere manipular la opinión pública, o poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza”, remató el titular de la Afsca. Antes de concluir, la Corte Suprema ofreció a las partes la posibilidad de dar un discurso de cierre de las dos jornadas de audiencia finalizadas ayer. Por el Grupo Clarín hablaron sus abogados, mientras que el Estado encomendó esa responsabilidad a Sabbatella. En defensa de la norma sancionada en 2009, Sabbatella señaló que se basa en dos grandes ejes, por un lado, el fomento a las nuevas herramientas comunicacionales, como nuevas señales, canales, productoras de contenido audiovisual; y la articulación entre sector público y el privado y las organizaciones, populares, comunitarias y sin fines de lucro, con el objetivo de tener un mercado que “garantice el derecho a la comunicación y el derecho a la información”. El otro eje, agregó Sa-bbatella, es la lucha contra las tendencias monopólicas porque para “democratizar la palabra se necesita enfrentar la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión”. Respecto de la sentencia de la Cámara, advirtió que no sólo declaró la inconstitucionalidad de los artículos que afectan al Grupo Clarín, sino que como consecuencia se profundizaría la desigualdad con sus competidores que sí serían afectados por la norma. “Si sostiene esta resolución y este fallo, no solamente se estaría manteniendo esta situación de gravedad en el mercado de la comunicación audiovisual, que implica tendencias monopólicas, posiciones dominantes con competencia y prácticas desleales, sino que se estaría agravando la situación, porque permitiría regular a los competidores, y no al Grupo Clarín”, insistió el titular de la Afsca, que hasta ahora, para evitar esto, postergó la aplicación de los planes de adecuación voluntaria presentados por el resto de los medios de comunicación. En respuesta a las acusaciones de los abogados del multimedios, que denunciaron una intención de “desguazar” al Grupo, Sabbatella señaló que la norma regula a todas las empresas de comunicación, que su artículo 45º, uno de los más importantes, “pone límites, condiciones y busca equilibrios para que no haya un gigante toma todo que lesiona el mercado”. En este sentido, explicó que se habla principalmente del Grupo Clarín porque es el más grande y “concentró su poder económico en relación con la dictadura militar y el terrorismo de Estado”, luego durante la década del ’90 “mientras el país se hundía” y, finalmente, “extorsionó” a otros cableoperadores en las provincias con el negocio de la transmisión del fútbol codificado. En contraposición a uno de los planteos centrales de Clarín, Sabbatella aseguró que “es falso de toda falsedad” que la ley vuelva económicamente inviable a la empresa. “Absolutamente todas las empresas de la Argentina, menos Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida no se entiende cómo el resto de las empresas sí están dispuestas a adecuarse voluntariamente y Clarín no.” Y agregó que si hubiese presentado su adecuación voluntaria, el Grupo podría haberse quedado con Canal 13, TN, FM 100, Radio Mitre y una compañía de cable con el 35 por ciento del mercado. En su tramo más fuerte, el titular del organismo cuestionó la presión del multimedio para “definir el rumbo del país” o para “poner y sacar presidentes”. “No es una empresa de comunicación audiovisual lo que hay que hacer para eso, es armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas”, planteó, en alusión a las palabras de la presidenta Cristina Fernández. Y para cerrar, Sabbatella hizo una apelación a los ministros de la Corte: “Por nuestra democracia no queremos nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática”. EL RELATOR DE LA ONU FRANK LA RUE REITERO SU APOYO A LA LEY DE MEDIOS. “Un enorme paso para la región” La Rue destacó que, con la ley sancionada en 2009, “Argentina sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales, especialmente el manejo de las frecuencias por parte del Estado”. El relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank William La Rue, afirmó ayer que la ley de medios “fue un enorme paso para América latina y para la democratización de los medios”. La ley sancionada en 2009 “sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales”, sostuvo La Rue, quien dijo desconocer “cómo se han aplicado e implementado las políticas” posteriores a la sanción de la ley y evitó opinar sobre el proceso de audiencias públicas que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos objetados por el Grupo Clarín. El activista guatemalteco dialogó con la prensa en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA luego de disertar ante alumnos de la Maestría en Servicios de Comunicación Audiovisual, actividad que compartió con la defensora del Público, la periodista Cynthia Ottaviano. “Mantengo mi posición sobre la ley: creo que la Argentina sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales, especialmente el manejo de las frecuencias por parte del Estado”, aseveró el relator de la ONU, y consignó que en su país, Guatemala, las radios comunitarias no están siquiera mencionadas en la ley. “No quiero pronunciarme sobre lo que está en discusión en la Corte porque, como relatores, no debemos interferir”, explicó. “La ley es excelente; claro que toda ley puede ser mejorada en el futuro”, agregó. “Lo que no sé es cómo se han aplicado e implementado las políticas”, afirmó, y dijo estar “fascinado por lo que se está discutiendo” en torno de la ley de medios. Luego de finalizar su disertación en el auditorio de la facultad ubicada en el barrio porteño de Constitución, el relator anticipó que en el informe que presentará en octubre a la Asamblea General de la ONU pondrá el acento en el derecho a la verdad. “El 25 de octubre presento un informe que es muy importante porque América latina marcó una tendencia –y, dentro de América latina, Argentina y Guatemala–, que es sobre el derecho a la verdad de las víctimas como un vínculo al derecho de acceso a la información, que es parte de la libertad de expresión”, planteó. “El derecho a la verdad lo venimos discutiendo hace años, pero siempre lo hemos visto como parte del acceso a la Justicia, de la lucha contra la impunidad. Pero hoy le quiero agregar un elemento adicional que es que el derecho a la verdad también es el derecho de pedir información pública de violaciones (a los derechos humanos) tanto del pasado como del presente, por víctimas o por cualquier persona dentro del territorio nacional”, postuló el relator especial de la ONU. En ese sentido, sostuvo que “saber por qué se violan los derechos humanos, quién lo ordenó, quién lo hizo y quién lo encubrió es una información fundamental para que una sociedad conozca su historia y pueda libremente definir su futuro”. La Rue se había expresado en términos similares durante la disertación, en la cual se refirió al contenido del informe que presentó en junio pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que puso el acento en “la vigilancia del Estado” a partir de la inquietud planteada por organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que se trataba de un tema “cada vez más difícil”. “La democracia se mide por el respeto a los derechos humanos”, resumió La Rue, al tiempo que señaló que si bien el Estado debe resguardar la “seguridad nacional”, no lo debe hacer “en base a la arbitrariedad, sino en base a legislación democrática”. “Esta es la discusión que se está generando en el mundo de hoy”, planteó el relator, quien indicó que “la libertad de expresión es un derecho que es facilitador de otros” y postuló que “afectar ese derecho implica entonces afectar también otros”. “El derecho a la privacidad y a la libertad de expresión son totalmente distintos pero deben entenderse vinculados. No podemos tener una libertad de expresión completa si no tenemos el derecho a la privacidad en las comunicaciones”, aseveró. En esa línea, señaló que si bien “la seguridad nacional es una obligación legítima del Estado, ésta debe ser ejercida en forma democrática y no basada en los excesos o las arbitrariedades”. “Así empezó el fascismo”, recordó La Rue cuando hizo referencia a la “vigilancia ilegal”. Agregó que “si se permite que se ejerza ese monitoreo a sectores de la población” se abren las puertas a una “diferenciación de los derechos humanos”, algo que consideró violatorio de los derechos humanos e inaceptable. Por ese motivo, destacó la necesidad de que los Estados avancen en la definición de “leyes que regulen la seguridad nacional dentro del balance de las leyes democráticas”. La Rue adelantó que tras su paso por Buenos Aires visitará Uruguay, invitado por el presidente José “Pepe” Mujica. Sentido e interés ciudadano. Por Washington Uranga Resulta difícil establecer con claridad cuál fue el propósito de los jueces de la Corte para agregar, antes del fallo final sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la instancia de audiencia pública que finalizó ayer. Se puede especular al respecto, pero no vale la pena hacerlo para no insistir en el escenario planteado por el Grupo Clarín con la evidente complicidad de la Justicia. Pero hay que señalar que con la convocatoria la Corte recreó el escenario más deseado por el Grupo Clarín: la visibilización de dos partes enfrentadas, parangonadas incluso en la disputa. El Estado nacional no es lo mismo y no puede ser equiparado a un grupo económico. No existe equidad entre quien tiene la responsabilidad de defender los derechos del conjunto de la sociedad y quien, aunque diga lo contrario, intenta perpetuarse en una situación privilegio y de poder, utilizando la tenencia concentrada de los medios como la pata más fuerte de su poder económico político. Pero aún más allá de lo anterior y de todo lo dicho y actuado hasta el momento, lo que no se puede perder de vista es el sentido profundo del debate que se está dando. En la actualidad, no solo en Argentina sino en todas partes del mundo, la democratización de las comunicaciones es parte fundamental de la vida política, hace a la gobernabilidad pero también a la vida misma en democracia. Sin medios de comunicación democráticos no hay democracia política y social. Puede decirse que estos argumentos valen tanto para el Estado como para los defensores de Clarín que se llenan la boca hablando de democracia aunque sus prácticas demuestren lo contrario. Es inadmisible también que los voceros del grupo mediático argumenten que la libertad de expresión depende del volumen y la capacidad económica de las empresas. Es una demostración más de cómo entienden el mundo al mirarlo solo desde el poder económico. Visto desde este lugar, ¿cuál es el margen que queda para todos aquellos que hacen comunicación desde la diversidad de actores de la sociedad aun careciendo de poderío económico? Poco falta para volver aquí y por otro camino al arcaísmo conservador del voto calificado. En esta línea de pensamiento resulta imprescindible rescatar –y esto más allá de la resolución que finalmente pueda adoptar la Corte– que lo que está en juego es el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación, de cuya vigencia son tan responsables el Estado como las empresas y todos los actores implicados en la vida ciudadana. Por eso hay que seguir hablando de un derecho ciudadano a la comunicación que se garantiza con diversidad de actores y pluralidad de voces en el escenario. Para ello no alcanza ni alcanzará nunca con las leyes, aunque éstas sean un pilar fundamental. Para no perder el sentido de lo que se defiende es preciso redoblar la tarea político ciudadana a favor del derecho a la comunicación. Por más voces y más diversidad. Sin posiciones dominantes en el mercado que terminan imponiendo agenda, presionando hasta la asfixia económica a quienes disienten, jaqueando gobiernos que no les sean genuflexos. Por políticas de comunicación que no confundan lo nacional, que también es diverso y es plural, con el gobierno de turno y que garanticen, por convicción y por sentido democrático, la polifonía de voces propias de una sociedad democrática. En todo esto no hay una disputa entre dos partes. No hay una lucha de intereses entre sectores. Hay interés ciudadano por encima de todo. Lo que se está decidiendo, a no perderlo de vista, es el sentido mismo de la democracia en un escenario vital: la comunicación. [fotos: Los ministros de la Corte Suprema escucharon durante más de tres horas a los abogados del grupo Clarín y del Estado; La Presidenta y Martín Insaurralde en la Exposición de Berazategui; El Grupo Clarín “concentró su poder económico en relación con la dictadura militar y el terrorismo de Estado”, dijo Sabbatella; “No quiero pronunciarme sobre lo que está en discusión en la Corte”, aclaró Frank La Rue. Imagenes: Télam; ]
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 19:47:05 +0000
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