Quevesitas aquí le dejamos la columna internacional del sábado pasado. Columna internacional Ley de medios: discurso de democracia Por Martin Diaz Los medios de comunicación son la cancha donde se está jugando la democracia en América Latina. Por eso es según quién relata ese “partido”, los resultados serán diferentes. Mientras que “EL relato del Poder” de los gobiernos de Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Uruguay han decidido asumir el control mediático; los gobiernos de México, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil y los países centroamericanos han decidido trabajar en alianza con los medios de comunicación más poderosos. El resultado de esta lucha es una democracia invertida, en la cual mientras los presidentes se convierten en periodistas, los medios de comunicación mutan en actores políticos. La libertad de expresión e información como garantía de la democracia fue un logro de la democracia del siglo XX. Tanto que el axioma de “a mayor libertad de información, mayor democracia” hizo verdad política. También se aceptó que la libertad de informar pertenecía a los medios de comunicación y por eso el Estado debía respetar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de empresa mediática como criterios para promover una diversidad de opiniones. Pero llegó el siglo XXI y todo cambió: gobernar se convirtió en comunicar y comunicar es luchar por el “relato del poder” y en esta lucha todo vale. Una de las formas de lucha por el “relato del poder” es la legislación. Y hay que hacer leyes nuevas porque el mundo de los medios es distinto y requiere reglas distintas. Y es que habitamos cuatro tendencias mundiales inéditas: • nuevos modos de comunicarse a través de internet, el celular, las redes sociales, lo digital (lo cual produce un nuevo ecosistema de medios); • una desconfianza respecto a la acción de los medios de comunicación (lo cual lleva a cuestionar su lugar de verdad y propiedad de la libertad de expresión); • la aparición del derecho a la comunicación (lo cual implica un Estado activo en la promoción de la expresión ciudadana); • el personismo como modo de hacer política y gobernar más allá de los partidos y las institucionalidades (lo cual pone de manifiesto que gobernar es comunicar). En este contexto de baja de la credibilidad y legitimidad de los medios por su déficit de representación, baja calidad informativa y demasiada cercanía con los poderes tradicionales, y en consonancia con el estallido de los modos de opinar y expresión de los ciudadanos digitales, los gobernantes siglo XXI (populistas de izquierda y derecha) son quienes comienzan a revocar el poder de los medios para informar y conformar opinión pública. Hay que reconocer eso sí que el debate es fuerte y ha bajado hasta al ciudadano de a pie en los países donde se ha “tocado” el poder de propiedad y legitimidad de discurso de los medios de comunicación (Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Uruguay) y todo es tragedia mediática; en los países donde los medios de comunicación son el poder que domina la escena política (México, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil y los países centroamericanos) el debate no ha aparecido ni está en la agenda ciudadana y todo es felicidad mediática. Las “nuevas izquierdas” y su pelea con los miedos/medios. La lucha por el poder de los medios como relatores del poder, comienza en el discurso y termina en las leyes: discurso para ganar el apoyo popular, leyes para tomar las medidas pragmáticas. En Ecuador, por ejemplo, el Presidente Rafael Correa ha tildado a los medios de “asesinos con tinta” y “prensa corrupta” mientras sigue centrando el debate de país sobre la Ley de medios que ordenó la Asamblea Constituyente y un referendo popular. Al mismo tiempo que el gobierno Correa judicializa toda opinión contraria al presidente, él hace jugadas mediáticas como aprobar el refugio para el fundador de Wikileads para demostrar que se respeta la libertad de información. En Argentina la ley del sistema de medios ya se aprobó hace tres años (Ley 26.522 de 2009) y se ha venido implementando efectivamente con el aumento de señales de televisión públicas y apoyo a los medios ciudadanos, pero los dos artículos anti-monopolio que reglamentan la desinversión de medios y obligaría al grupo Clarín (prensa, radio, televisión abierta y por suscripción, internet) a vender parte de sus propiedades no se han podido aplicar porque este Grupo ha presentado una demanda de constitucionalidad y esta no ha fallado aún. Mientras tanto la gobernabilidad argentina se juega en una lucha constante entre el gobierno de Cristina Fernández y el grupo Clarín por dominar la opinión pública y legitimar su versión del relato político. Martin Caparrós (2012), periodista argentino, expresa muy bien la situación a la que se ha llegado: “La perplejidad (aparece) cuando veo que el gobierno de la Nación Argentina ha tomado su batalla contra Clarín como la madre o abuela o chozna de todas las batallas”. En el caso de Bolivia, el control de los medios por parte del gobierno tiene como precedente una ley de medios que está ligada a otras leyes como la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación (2011), la Ley Electoral (2011) y la Ley de Telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación (2011) que repartió el espectro en tercios y permite escuchas telefónicas. Al estar en diversas leyes el control de contenidos y la judicialización de medios es posible desde diversos lugares. Esto ha llevado a una polarización que va más allá del enfrentamiento entre modelos económicos (entre los grupos económicos dueños de grandes medios y el gobierno), para incluir luchas entre clases sociales, “razas”, regiones y por supuesto ideologías. De esta manera se ha vuelto una pelea entre viejas y nuevas élites, que corresponden a las largas diferencias regionales, de raza y de clase presentes en Bolivia (Molina, 2010). Con el mismo tono que Rafael Correa, Evo Morales ha tildado a los medios de ser “su peor opositor”. En Uruguay poco a poco y de una manera más pragmática y debatida se han ido produciendo leyes sobre los medios comunitarios y está en debate la ley de televisión digital. Toda esta historia comenzó en Venezuela con el presidente Chávez, quien fue el primero que se atrevió a cuestionar e intervenir el poder y la verdad de los medios de comunicación. Desde el 2002 hay “guerra mediática” en Venezuela que se expresa en una retórica, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (2004), el sistema de medios públicos (TeleSur en el 2005), el confiscar medios (RCTV en el 2007) y una Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Digitales que responsabiliza a portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos sobre todo su contenido, incluso el colocado por sus usuarios (2010).
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 12:28:54 +0000